Por Canuto  

Banca d’Italia recordó a los proveedores de servicios de criptoactivos que deben revisar al originador y al beneficiario de cada transferencia frente a las listas de sanciones, sin importar el monto. La advertencia refuerza normas europeas vigentes y pide a los operadores revisar la configuración de sus sistemas.
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  • Los CASP italianos deben someter cada transferencia de criptomonedas a un cribado de sanciones, incluso si tiene un valor mínimo.
  • La obligación deriva de directrices de la Autoridad Bancaria Europea aplicables en Italia desde el 30 de diciembre de 2025.
  • Las excepciones previstas para ciertos pagos instantáneos no cubren las transferencias de criptomonedas procesadas por los CASP.

Banca d’Italia pidió a los proveedores italianos de servicios de criptoactivos, conocidos como CASP, que revisen la información del originador y del beneficiario antes de ejecutar cada transferencia. La instrucción alcanza a las operaciones individuales sin importar su valor, por lo que una transferencia de 1 € no debería quedar fuera de los controles automatizados por decisión del operador. El banco central también indicó que los sistemas no deben tener configurado un umbral mínimo que limite el cribado de sanciones.

La comunicación no crea una nueva categoría de sanciones ni anuncia un plazo adicional de cumplimiento, sino que recuerda obligaciones incluidas en las directrices europeas. Según crypto.news, la advertencia fue emitida el 7 de septiembre y se relaciona con requisitos de la Autoridad Bancaria Europea, o EBA, que Banca d’Italia incorporó mediante la Nota n.º 52 del 19 de mayo de 2025. Esas disposiciones se aplican en Italia desde el 30 de diciembre de 2025, una fecha distinta de la publicación del recordatorio supervisor.

El control debe cubrir todas las transferencias

El objetivo de la medida es impedir que una operación escape de las listas de sanciones únicamente porque su monto sea pequeño. Banca d’Italia no exige que un empleado apruebe manualmente cada micromovimiento, ya que los CASP pueden utilizar herramientas automatizadas para comparar datos de clientes y transacciones con las listas aplicables. Sin embargo, una coincidencia potencial debe activar una revisión adicional antes de ejecutar o rechazar la transferencia.

La eliminación de umbrales también responde al riesgo de fraccionamiento, una práctica en la que una transferencia grande se divide en varias operaciones menores para evitar una regla interna. Bajo ese esquema, una persona o entidad sancionada podría intentar distribuir los fondos entre movimientos diseñados para permanecer por debajo del límite de alerta. El cribado universal reduce ese atajo operativo, aunque no elimina la necesidad de evaluar la calidad de los datos y las alertas generadas por los sistemas.

Las directrices de la EBA alcanzan a bancos, empresas de inversión, instituciones de pago, entidades de dinero electrónico y proveedores autorizados de servicios de criptoactivos. Todas esas organizaciones deben mantener estructuras de gobierno y controles internos capaces de identificar a personas y entidades designadas por las medidas restrictivas de la Unión Europea o por normas nacionales. En el caso de los CASP, la revisión debe realizarse antes de que la transferencia individual de criptoactivos sea procesada para el cliente.

La obligación de revisar sanciones opera de manera independiente de la autorización bajo el Reglamento de Mercados de Criptoactivos, conocido como MiCA. Una licencia de MiCA establece requisitos de autorización, gobernanza y conducta, pero no sustituye los controles destinados a aplicar medidas restrictivas. La distinción adquiere importancia mientras los reguladores nacionales completan la transición europea y algunas empresas de criptomonedas todavía afrontan requisitos de autorización bajo MiCA.

Los pagos instantáneos no ofrecen una excepción

Las normas europeas permiten un enfoque distinto para ciertas transferencias de crédito instantáneas gestionadas por proveedores de servicios de pago. Debido a que la liquidación rápida dificulta el análisis operación por operación, los proveedores elegibles pueden revisar toda su base de clientes al menos una vez al día y repetir el proceso cuando entren en vigor nuevas medidas restrictivas. Banca d’Italia también contempla ese enfoque para algunas transferencias nacionales de bajo riesgo bajo responsabilidad del proveedor.

La Nota n.º 52 aclara, no obstante, que esa excepción no cubre las transferencias de criptomonedas procesadas por los CASP. La velocidad con la que una operación se confirma en una red blockchain no permite aplicar automáticamente la configuración destinada a ciertos pagos instantáneos. Por ello, los proveedores de criptoactivos deben seguir las disposiciones específicas de la EBA para transferencias individuales y verificar la información requerida antes de ejecutarlas.

Los operadores también deben observar la orientación separada de la EBA sobre la Travel Rule, que regula la información del originador y del beneficiario que acompaña a las transferencias de fondos y de criptoactivos. Cuando esos datos faltan o llegan incompletos, el proveedor debe contar con procedimientos para investigar la deficiencia y decidir si retiene, rechaza o procesa la operación. El cribado de sanciones y la Travel Rule son controles relacionados, pero cumplen funciones distintas dentro del marco de cumplimiento.

Para los CASP italianos, la advertencia exige una revisión documentada de la configuración técnica y de los procedimientos internos. Las empresas deben confirmar que el valor de una operación no determina si se activa el cribado, comprobar la frecuencia con que reciben actualizaciones de las listas y evaluar la coincidencia de alias, nombres transliterados, alertas y decisiones escaladas a revisión. También deben conservar registros que permitan demostrar ante el supervisor cómo resolvieron las coincidencias potenciales.

El análisis de blockchain suma una capa de vigilancia

El control basado únicamente en nombres puede no detectar la exposición a una dirección de blockchain vinculada con una entidad designada, un intermediario o un servicio sancionado. Por esa razón, los operadores pueden combinar la revisión de clientes con herramientas de análisis de cadenas, capaces de identificar vínculos directos o indirectos con direcciones de riesgo. Esa capa adicional requiere prudencia, porque la atribución de una dirección puede cambiar y una alerta no demuestra por sí sola que una parte designada participe en la operación.

Las empresas tendrán que calibrar sus herramientas para distinguir entre una coincidencia real y una señal que requiere contexto adicional. Un nombre transliterado, un alias compartido o una conexión indirecta pueden generar falsos positivos, mientras que una base de datos desactualizada puede dejar fuera información relevante. La trazabilidad de la decisión resulta especialmente importante cuando el operador decide permitir una transferencia después de investigar una alerta.

Banca d’Italia no identificó CASP específicos bajo investigación ni anunció sanciones en su comunicación. Tampoco estableció un nuevo plazo de cumplimiento, porque las obligaciones derivadas de las directrices de la EBA ya se consideran aplicables. Cualquier medida de ejecución futura requeriría una decisión regulatoria separada, basada en los controles y la conducta concreta de un proveedor.

El recordatorio llega mientras la Unión Europea amplía sus medidas restrictivas contra entidades acusadas de apoyar la evasión de sanciones. En una acción relacionada, las sanciones europeas alcanzaron a 14 plataformas de criptomonedas, aumentando el número de contrapartes que los sistemas de cumplimiento deben identificar. Para los operadores italianos, el siguiente paso consiste en probar de manera documentada la cobertura de sus listas, la ausencia de umbrales, los procedimientos de escalamiento y la capacidad de revisar cada transferencia.

La exigencia deja un mensaje operativo claro: una autorización bajo MiCA no demuestra por sí sola que un CASP pueda aplicar correctamente las medidas restrictivas en cada movimiento. Las empresas deberán demostrar que sus controles funcionan tanto para operaciones de gran valor como para transferencias pequeñas, rápidas o vinculadas indirectamente con direcciones de riesgo. La supervisión italiana busca que la velocidad y la fragmentación no se conviertan en vías para eludir el régimen europeo de sanciones.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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