Por Canuto  

La Cámara de Representantes australiana aprobó un proyecto que busca prohibir que ciertos chatbots simulen intimidad emocional con menores. La iniciativa también crearía un deber legal de cuidado para servicios en línea, con multas de hasta USD $109.200.000; ahora la discusión pasa al Senado.
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  • El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Representantes el 28 de octubre de 2026 y ahora seguirá su trámite en el Senado.
  • La iniciativa plantea un deber legal de cuidado digital y contempla multas de hasta USD $109.200.000 para las corporaciones que lo incumplan.
  • Una encuesta de eSafety encontró que el 78% de los niños australianos de 10 a 17 años ha usado asistentes o compañeros de IA.

Australia busca poner límites legales a los chatbots que simulan intimidad emocional con menores, mientras prepara un deber de cuidado digital para las plataformas en línea.

Australia avanza para limitar la intimidad emocional de chatbots con menores

La Cámara de Representantes de Australia aprobó el 28 de octubre el proyecto Online Safety Amendment (Digital Duty of Care) Bill 2026, que propone prohibir que ciertos servicios de inteligencia artificial simulen intimidad emocional con niños. La iniciativa también establecería una obligación legal general para que las plataformas reduzcan los riesgos de sus servicios, con multas de hasta USD $109.200.000 para las corporaciones que la incumplan. Ahora el texto pasa al Senado, donde continuará el debate legislativo.

El gobierno federal impulsa la medida en medio de inquietudes sobre el lugar que los agentes conversacionales ocupan en la vida de los usuarios jóvenes. El primer ministro Anthony Albanese expresó preocupación por los niños que llegan a considerar a estos sistemas como su mejor amigo, una formulación que convirtió el vínculo emocional con la IA en uno de los focos del debate público. La propuesta no apunta únicamente a las respuestas de los chatbots, sino también a la responsabilidad de las empresas que los ofrecen.

De los códigos de la industria a una obligación legal

El gobierno presentó el proyecto el 15 de octubre de 2026 y la Cámara baja lo aprobó en menos de dos semanas, un trámite rápido según los estándares parlamentarios descritos por Crypto Briefing. La velocidad del avance subraya la prioridad que las autoridades asignan a la seguridad digital de los menores, aunque la aprobación de una cámara no convierte todavía la iniciativa en ley. El Senado debe examinarla y puede debatir sus alcances antes de que concluya el proceso.

En el centro del texto aparece un deber de cuidado digital que abarcaría ampliamente a los servicios en línea. En lugar de depender principalmente de códigos industriales que la propia industria ayudó a moldear, las plataformas tendrían una obligación legal integral de tomar medidas para que sus servicios sean más seguros, con atención especial a los niños. El cambio modificaría la base de la supervisión: ya no bastaría con seguir pautas sectoriales, pues las compañías deberían responder por el cuidado que ejercen.

El proyecto contempla multas de hasta aproximadamente USD $109.200.000 para las corporaciones que incumplan ese deber. La sanción potencial eleva el costo de ignorar los riesgos y puede empujar a las empresas a revisar cómo diseñan y operan sus productos, aunque la cantidad por sí sola no establece qué conductas concretas constituirían una infracción. Esa delimitación dependerá de las definiciones y mecanismos que establezca la ley, así como de las decisiones regulatorias posteriores.

La iniciativa también incluye disposiciones dirigidas a servicios que generan material mediante inteligencia artificial. Las enmiendas incorporadas durante el proceso legislativo se enfocan en chatbots que simulan intimidad emocional y clasifican ese comportamiento como una conducta prohibida en materia de seguridad de menores. El planteamiento responde al temor de que estas herramientas fomenten dependencia emocional o desplacen relaciones humanas en la percepción de usuarios jóvenes, en lugar de limitarse a prestar una función útil.

Uso extendido y preocupación por los vínculos con la IA

La preocupación oficial tiene un antecedente cuantitativo: una encuesta de eSafety, el regulador australiano de seguridad en línea, encontró que el 78% de los niños de entre 10 y 17 años había usado un asistente o compañero de IA. El dato sugiere que estas herramientas ya forman parte de la experiencia cotidiana de una mayoría amplia de menores encuestados. No implica, por sí solo, que todos los usuarios desarrollen una relación de dependencia, pero sí muestra la escala del contacto que motiva el debate.

Más de la mitad de los niños encuestados habría recurrido a esos sistemas por razones personales, de acuerdo con los resultados citados en el reporte. Esa cifra distingue el uso conversacional de tareas instrumentales, como pedir explicaciones o resolver una duda académica, y apunta a que algunos menores conversan con la IA sobre aspectos de su vida. El dato no prueba que los chatbots sustituyan vínculos humanos, pero ayuda a explicar por qué los legisladores examinan respuestas que buscan cercanía y confianza.

La dificultad regulatoria está en separar un tono cordial de una estrategia de apego emocional. Muchos productos conversacionales procuran sonar cálidos, pacientes y comprensivos, características que pueden facilitar el uso sin que necesariamente impliquen una relación íntima. La pregunta para el Senado y los reguladores será cómo definir la conducta prohibida con suficiente precisión para proteger a los menores, sin convertir cualquier respuesta amable o empática en una infracción.

Para los desarrolladores que atienden a usuarios australianos, las definiciones podrían tener efectos prácticos en el diseño de los productos. Las compañías quizá deban revisar el tono con que responden a niños, las funciones de memoria que conservan información personal y la forma en que manejan confidencias, según las implicaciones planteadas en la cobertura. Esas áreas aparecen como cuestiones por resolver, no como cambios técnicos ya exigidos por una ley vigente.

Aplicación, quejas y próximas decisiones del Senado

La aprobación en la Cámara baja no cerró la discusión sobre cómo hacer cumplir las nuevas obligaciones. Según el reporte, el Partido Laborista enfrenta presión para ampliar la aplicación de las normas y algunos críticos piden que el defensor del pueblo de telecomunicaciones pueda fiscalizar también redes sociales y servicios de inteligencia artificial. La propuesta ofrecería a los australianos una vía externa para presentar quejas cuando consideren que una plataforma no cumple sus responsabilidades.

Quienes promueven ese mecanismo también quieren facultades para exponer públicamente a las grandes compañías tecnológicas y someterlas a presión reputacional. Por ahora, esa demanda no forma parte de un plan gubernamental confirmado, y el debate legislativo determinará si aparece como una enmienda o permanece fuera del proyecto. La diferencia importa porque un canal de reclamaciones daría a las familias una alternativa al sistema de soporte de cada empresa, mientras que la exposición pública añadiría una herramienta distinta de rendición de cuentas.

El proyecto seguirá hacia el Senado después de una investigación de comité, y su examen deberá abordar tanto el principio del deber de cuidado como la manera de aplicarlo. Entre las preguntas abiertas figuran cómo verificarán las plataformas si una persona usuaria es menor, qué alcance tendrá la aplicación de la ley frente a servicios de IA con sede en el extranjero y qué autoridad atenderá las reclamaciones. La fuente no presenta esas respuestas como resueltas, sino como asuntos que siguen pendientes.

También quedará por determinar cómo distinguir una aplicación de compañía construida alrededor del apego de un asistente general que, ocasionalmente, recibe preguntas personales. Una norma demasiado amplia podría abarcar interacciones que no buscan generar intimidad, mientras que una demasiado estrecha podría dejar fuera productos cuyo diseño promueve una conexión emocional persistente. Ese equilibrio será clave para que la protección infantil no dependa únicamente de declaraciones de intención de las empresas.

La propuesta australiana combina así dos cambios: una categoría de conducta prohibida para ciertos chatbots y una responsabilidad legal más amplia para los servicios en línea. Si el Senado la aprueba con ese alcance, las empresas tendrán que demostrar que adoptan medidas razonables para mantener seguros a sus usuarios, bajo la amenaza de sanciones considerables. El debate no se limita a la tecnología conversacional: también plantea quién fija los límites, cómo se verifican y qué recursos tendrán las familias cuando una plataforma no responda.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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