Por Canuto  

Meta acordó pagar hasta USD $17.100 millones para resolver demandas relacionadas con el impacto de Facebook e Instagram en menores, pero el pacto vuelve a poner bajo la lupa el poder de voto de Mark Zuckerberg y las salvaguardas ofrecidas.
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  • El acuerdo contempla hasta USD $17.100 millones y podría reducirse a unos USD $12.000 millones si YouTube y TikTok no se suman.
  • Zuckerberg controla cerca del 61% del poder de voto de Meta, aunque posee aproximadamente el 13% de la empresa.
  • Miles de demandas, fallos recientes y dudas sobre la verificación de edad mantienen abierta la exposición legal de la compañía.

Un acuerdo millonario con condiciones

Meta acordó pagar hasta USD $17.100 millones para resolver demandas presentadas por 47 estados y miles de familias, que sostienen que Facebook e Instagram fueron diseñados para enganchar a los niños. La cifra representa una carga potencial para los accionistas, aunque el pacto no cerraría necesariamente todos los frentes judiciales que enfrenta la compañía ni implica que Meta admita haber cometido un ilícito.

Según el análisis de Andrew Behar publicado por Fortune, los modelos de los demandantes calculan daños por billones de dólares, por lo que el acuerdo equivaldría aproximadamente al 2% de esa estimación. Además, el desembolso se distribuiría durante 10 años y quedaría sujeto a condiciones que podrían modificar tanto el monto final como la aplicación de las medidas de protección para adolescentes.

Una de las condiciones centrales depende de que YouTube y TikTok se incorporen al acuerdo. Si esas plataformas deciden no participar, la obligación de Meta podría caer a unos USD $12.000 millones, mientras que las salvaguardas para adolescentes previstas en el pacto podrían no entrar en vigor. La estructura descrita en el acuerdo haría que el monto máximo dependiera de la participación de esos servicios.

El equipo legal de Meta, de acuerdo con el texto de Fortune, reconoció que los términos fueron diseñados para establecer un estándar de la industria y evitar que la compañía quedara señalada de manera aislada. Ese enfoque recuerda al Acuerdo Maestro del tabaco de 1998, que permitió a los principales actores del sector participar en la definición de las reglas que debían cumplir.

El poder concentrado de Zuckerberg

La discusión sobre el acuerdo no se limita al monto económico, porque también expone la estructura corporativa que permite a Mark Zuckerberg mantener el control de Meta. El fundador recibe 10 votos por cada acción, mediante un sistema de acciones de doble clase que le otorga alrededor del 61% del poder de voto total, aunque posee aproximadamente el 13% de la empresa.

Esa diferencia separa el riesgo financiero de la capacidad para decidir sobre la administración de la compañía. Los accionistas comunes pueden asumir las pérdidas derivadas de litigios, deterioro de marca o cambios regulatorios, pero sus votos tienen una influencia mucho menor frente al bloque controlado por Zuckerberg.

As You Sow, la organización de Behar, presentó en 2019 una resolución que documentaba más de 45 millones de imágenes de abuso sexual infantil y torturas vinculadas a la trata de personas en Facebook. Durante cinco años consecutivos, la organización presentó propuestas para exigir protección a usuarios, empleados y accionistas, además de mejoras en la integridad de la plataforma y medidas para evitar la destrucción de valor.

En 2020, inversores confesionales llevaron a una reunión anual de Meta a una sobreviviente de trata con fines de explotación sexual, quien afirmó haber sido captada mediante grooming en Facebook entre los 15 y los 18 años. Ese mismo año, la propuesta Reiniciar Facebook pidió verificar cuentas, eliminar imágenes de abuso y detener la publicación de anuncios políticos que contuvieran mentiras conocidas.

Votaciones, fallos y riesgos pendientes

Una resolución sobre gobernanza de contenidos obtuvo en 2021 el respaldo del 63,1% de los accionistas independientes, según el análisis citado, pero el resultado informado cayó al 19% después de incluir los votos desproporcionados de Zuckerberg. La diferencia ilustra cómo una mayoría de los propietarios expuestos financieramente puede quedar subordinada a la estructura de acciones de doble clase.

El acuerdo tampoco resolvería todos los riesgos asociados con el funcionamiento de las plataformas. La verificación de edad quedaría planteada bajo un estándar de mejor esfuerzo, lo que permitiría a Meta argumentar que actuó razonablemente cuando un menor de 12 años introduce una fecha de nacimiento adulta o abre una cuenta nueva.

El pacto, además, dejaría fuera el discurso de odio relacionado con turbas linchadoras en el extranjero y el papel que la plataforma habría desempeñado en la trata de personas. Para los críticos, esa exclusión reduce el alcance de las correcciones mientras conserva la exposición de la empresa a nuevas demandas, daños de marca y cuestionamientos sobre el diseño de sus productos.

Meta ya perdió dos casos en Nuevo México durante 2026, con indemnizaciones de USD $375 millones en marzo y USD $567 millones en agosto, bajo la teoría de que sus plataformas crearon una molestia pública. En otro proceso, un jurado de Los Ángeles declaró negligentes a Meta y Alphabet por el diseño de sus plataformas, mientras miles de demandas permanecen pendientes y algunos juicios se reanudarían en octubre.

La propuesta de una acción, un voto

El análisis de Fortune sostiene que el acuerdo puede ser favorable para la dirección de Meta porque limita parte de los daños monetarios, evita admitir responsabilidad y consolida la posición de la compañía como actor dominante. Para los accionistas, sin embargo, el pacto dejaría intacta la exposición a litigios, deterioro de marca y problemas asociados con un producto que los tribunales y críticos consideran defectuoso.

La comparación con el sector tabacalero plantea una advertencia adicional: cuando las empresas más grandes participan en la creación de los estándares regulatorios, pueden obtener reglas comunes sin perder necesariamente su ventaja competitiva. En el caso de Meta, la preocupación consiste en que las nuevas salvaguardas terminen funcionando como un mínimo operativo, sin modificar de manera sustancial los incentivos del modelo de negocio.

Behar plantea que la respuesta de fondo sería aplicar el principio de una acción, un voto, con el objetivo de alinear el poder corporativo con el capital que arriesgan los accionistas. Desde esa perspectiva, eliminar las estructuras de doble clase impediría que una sola persona impusiera su criterio sobre decisiones capaces de afectar a la empresa, a sus inversores y a una generación de niños.

El análisis también cuestiona el papel de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, a la que atribuye un procedimiento reciente para evaluar la derogación de la Regla 14a-8, normativa que permite a los accionistas presentar propuestas. La eventual reforma aún no equivale a una derogación definitiva. La advertencia final es que restringir ese mecanismo silenciaría a la mayoría de los propietarios justo cuando la supervisión independiente busca corregir los incentivos que dieron lugar a la crisis.

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