Por Canuto  

Una propuesta de la administración Trump para excluir a ciertos no ciudadanos del censo de 2030 podría modificar la representación legislativa y afectar la distribución de fondos federales. Grupos de derechos civiles anticipan litigios mientras el público todavía puede presentar comentarios sobre la norma.
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  • La propuesta excluiría a algunas personas sin residencia permanente, entre ellas estudiantes con visa, refugiados y solicitantes de asilo.
  • El cambio podría alterar la distribución de escaños y afectar recursos federales destinados a salud, alimentación y educación.
  • Los opositores cuestionan la medida por su posible conflicto con la 14ª Enmienda y anticipan impugnaciones legales.

Trump propone excluir a no ciudadanos del censo de 2030 y enfrenta una batalla legal

Una propuesta de la administración del presidente Donald Trump para excluir a ciertos no ciudadanos del censo de Estados Unidos de 2030 amenaza con reabrir el debate sobre quién cuenta para definir la representación política y distribuir recursos federales. La norma podría dejar fuera a personas sin tarjeta de residencia permanente, modificar la asignación de escaños en la Cámara de Representantes y afectar fondos destinados a comunidades donde viven inmigrantes.

La iniciativa también propone combinar la información sobre raza y origen étnico en una sola pregunta, en vez de recopilarlos mediante preguntas separadas. Por tanto, el plan no plantea eliminar por completo esos datos. Sus críticos sostienen que los cambios podrían limitar herramientas para evaluar la discriminación y afectar la precisión del conteo que orienta decisiones públicas durante una década.

La propuesta se publicó el 10 de septiembre en el Registro Federal. El periodo para que el público presente observaciones termina el 2 de noviembre, un día antes del Día de las Elecciones. Mientras la administración defiende la revisión como parte de su política migratoria, legisladores demócratas y organizaciones de derechos civiles anticipan que la norma podría terminar ante los tribunales.

Meeta Anand, directora sénior de equidad censal y de datos de Leadership Conference on Civil and Human Rights, dijo que espera litigios y expresó dudas sobre la posibilidad de que la administración abandone el proyecto. CNBC informó que el Departamento de Comercio, responsable de supervisar el censo, no respondió a varias solicitudes de comentarios y que la Casa Blanca remitió las preguntas a esa dependencia.

Quiénes quedarían fuera y qué está en discusión

La propuesta se dirige a personas que viven en Estados Unidos, pero no tienen una tarjeta de residencia permanente, conocida como tarjeta verde. Entre quienes podrían quedar excluidos figuran personas con visas de estudiante, beneficiarios del estatus de protección temporal, refugiados y solicitantes de asilo, grupos cuya presencia puede influir en las cifras de población de los lugares donde residen.

El planteamiento contempla que la Oficina del Censo use registros administrativos para verificar el estatus legal de las personas que incluya en el recuento. También abre la posibilidad de agregar una pregunta sobre estatus migratorio al cuestionario corto, aunque la norma todavía no es definitiva y la administración debe resolver cómo aplicaría esos cambios antes del censo.

Anand advirtió que verificar el estatus mediante registros podría desalentar la participación y contribuir a un conteo inexacto. Una pregunta migratoria, por su parte, podría generar errores y excluir indebidamente a personas que sí tienen un estatus legal, según la evaluación de la especialista citada por CNBC.

En cuanto a los datos raciales y étnicos, la propuesta contempla reunir esa información en una sola pregunta, en lugar de formular preguntas separadas. Esos datos pueden ayudar a evaluar el cumplimiento de leyes federales que prohíben la discriminación racial y respaldar la aplicación de derechos civiles. Los críticos sostienen que cualquier cambio en su recopilación debe examinarse por sus posibles efectos en esas tareas.

La disputa por la representación y la Constitución

Los opositores afirman que excluir a residentes no ciudadanos chocaría con la 14ª Enmienda, que dispone que los representantes se distribuyan entre los estados según el número total de personas en cada uno. La práctica de contar a todos los residentes, señalan, se remonta a la fundación del país y no se limita a contar a quienes tienen derecho a votar.

El senador Andy Kim, demócrata por Nueva Jersey, calificó la propuesta como un ataque a la democracia y sostuvo que un recuento preciso es esencial para una representación equitativa y para dirigir fondos federales hacia donde más se necesitan. La afirmación expresa la posición de un legislador contrario a la iniciativa; la norma sigue en etapa de propuesta y su validez podría definirse en una disputa judicial.

Entre quienes respaldan excluir a los no ciudadanos hay republicanos que argumentan que contarlos aumenta la influencia política de estados con más inmigrantes y puede incentivar la inmigración irregular. El representante Andrew Clyde, republicano por Georgia, presentó una iniciativa para redistribuir los escaños antes de las elecciones de 2028, excluir a los no ciudadanos y añadir una pregunta de ciudadanía al censo de 2030; la propuesta legislativa suma 42 copatrocinadores republicanos.

El senador Bill Hagerty, republicano por Tennessee, presentó el año anterior un proyecto que exigiría incluir una pregunta sobre ciudadanía en futuros censos. Hagerty sostiene que los no ciudadanos distorsionan la representación y acusó a los demócratas de utilizar la inmigración para conservar escaños y votos electorales, una alegación política que no constituye un hecho establecido por la propuesta censal.

Posibles efectos en escaños y recursos federales

Un análisis de The New York Times sobre la propuesta calculó que varios estados podrían perder o ganar escaños en la Cámara de Representantes. Florida, Rhode Island y Texas perderían uno cada uno, mientras Minnesota, Ohio y Oregón podrían sumar un representante a sus delegaciones, de acuerdo con ese análisis.

La redistribución de escaños se realiza normalmente cada diez años a partir de los datos del censo. Si cambia quién entra en el recuento, los estados con una mayor concentración de personas excluidas podrían ver reducida su representación, mientras otros ganarían peso relativo; el resultado definitivo dependería de las cifras que produzca el conteo de 2030.

Las consecuencias potenciales no se limitan al Congreso, porque la población censada también interviene en la distribución de recursos federales. Julie Morita, presidenta y directora ejecutiva de Joyce Foundation, advirtió que un recuento menor podría afectar programas dirigidos a personas de bajos ingresos, incluidos Medicaid, el Programa de Seguro Médico Infantil, la asistencia nutricional SNAP y Head Start.

Morita describió esos programas como iniciativas que representan billones de dólares y alertó sobre el impacto de asignar recursos con cifras incompletas. La representante Grace Meng, demócrata por Nueva York, también sostuvo que los datos censales guían la representación, los distritos electorales y la asignación de fondos para salud, educación, infraestructura y otros servicios esenciales.

El calendario político y los próximos pasos

Trump ya intentó excluir a inmigrantes indocumentados de la distribución de escaños durante los últimos días de su primer mandato, pero esa modificación no llegó a implementarse. En agosto de 2025, anunció que había instruido al Departamento de Comercio para comenzar a trabajar en un nuevo censo y afirmó que las personas que estuvieran ilegalmente en el país no serían contadas.

La propuesta actual todavía debe avanzar por el proceso regulatorio, y la administración enfrenta plazos legales para informar al Congreso sobre los cambios que pretende aplicar. El Departamento de Comercio debe notificar al Congreso, al menos tres años antes del próximo Día del Censo, cualquier modificación en los temas y tipos de información que recopilará; el plazo indicado para ese aviso es el 1 de abril de 2027.

La dependencia también debe informar al Congreso sobre las preguntas que incluirá en el censo al menos dos años antes del Día del Censo. El Congreso puede anular cambios mediante legislación, pero la fuente señala que esa opción sería poco probable si los demócratas no logran una mayoría en el Senado capaz de superar el filibusterismo.

Un presidente demócrata que gane las elecciones de 2028 podría intentar contrarrestar la exclusión con una nueva norma, aunque el proceso regulatorio es lento y complejo. Anand subrayó que planificar el censo requiere investigación, ajustes operativos, programación informática y desarrollo de código, tareas que dejan poco margen para revertir cambios cuando el conteo de 2030 se acerque.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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