Por Canuto  

Los estados financieros consolidados del año fiscal 2025 del Departamento del Tesoro reavivaron el debate sobre la salud de las cuentas públicas de Estados Unidos. Las cifras muestran un fuerte deterioro patrimonial, mayores pasivos y un salto en obligaciones no financiadas ligadas al Seguro Social y Medicare, mientras resurgen propuestas legislativas para imponer disciplina fiscal.
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  • El Tesoro reportó USD $6,06 billones en activos y USD $47,78 billones en pasivos al 30 de septiembre de 2025.
  • La posición neta consolidada, excluyendo obligaciones del Estado de Seguro Social, cayó hasta cerca de USD $41,72 billones negativos.
  • Si se agregan obligaciones no financiadas a 75 años por USD $88,4 billones, los compromisos federales superarían USD $136,2 billones.

 


El gobierno de Estados Unidos atraviesa un nuevo episodio de presión fiscal tras la publicación de sus estados financieros consolidados correspondientes al año fiscal 2025. Las cifras difundidas por el Departamento del Tesoro muestran un marcado deterioro del balance federal y han dado pie a advertencias severas sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas del país.

De acuerdo con la información reseñada por Fortune, el Tesoro reportó al 30 de septiembre de 2025 un total de activos de USD $6,06 billones frente a pasivos de USD $47,78 billones. Esa diferencia deja una posición patrimonial fuertemente negativa y alimenta el argumento de quienes sostienen que, bajo criterios contables, el Estado federal opera en condición de insolvencia.

El tema importa más allá de Washington. Estados Unidos sigue siendo el emisor del principal activo de reserva global y su deuda soberana influye en bonos, acciones, divisas, materias primas y también en Bitcoin y el resto del mercado cripto. Un empeoramiento estructural de sus cuentas públicas puede alterar expectativas sobre inflación, tasas de interés, emisión monetaria y apetito por activos alternativos.

Según los datos citados, la posición del balance consolidado del gobierno, excluyendo el Estado de Seguro Social, se deterioró en casi USD $2,07 billones entre el año fiscal 2024 y el año fiscal 2025. El resultado final fue un saldo negativo de aproximadamente USD $41,72 billones, con pasivos totales equivalentes a casi ocho veces el valor de los activos reportados.

Qué muestran las cifras del Tesoro

Entre los principales factores detrás del deterioro aparece un aumento de cerca de USD $2 billones en deuda federal e intereses por pagar. Ese rubro alcanzó ahora USD $30,33 billones, consolidándose como el mayor componente del pasivo oficial del gobierno federal.

También creció con fuerza la cuenta de beneficios por pagar a empleados federales y veteranos. Ese compromiso subió en USD $438.800 millones y llegó a USD $15,47 billones, lo que amplió todavía más la presión sobre el balance consolidado.

Estas cifras se encuentran dentro de los pasivos reconocidos en el balance oficial. Sin embargo, el debate fiscal en Estados Unidos no se limita a lo que aparece en esa hoja contable, porque existen obligaciones de largo plazo que se revelan por separado y que no entran en el balance principal.

Ahí es donde surgen las advertencias más duras. Los estados publicados indican que los USD $47,78 billones en pasivos reportados no incluyen las obligaciones no financiadas de programas sociales como el Seguro Social y Medicare. Esos compromisos se presentan fuera de balance dentro del llamado Estado de Seguro Social, también conocido como SOSI.

El peso del pasivo fuera de balance

La parte más alarmante del cuadro fiscal aparece precisamente en esas obligaciones de largo plazo. La obligación no financiada del sistema de seguro social a 75 años subió en un solo año en USD $10,1 billones, al pasar de USD $78,3 billones en el año fiscal 2024 a USD $88,4 billones en el año fiscal 2025.

El salto estuvo impulsado sobre todo por un incremento de USD $6,9 billones en los déficits proyectados de Medicare Parte B. A eso se sumó un aumento adicional de USD $2,5 billones vinculado al Seguro Social, según la misma información financiera oficial.

El Estado de Proyecciones Fiscales a Largo Plazo del Tesoro también mostró un deterioro en la llamada brecha fiscal a 75 años. Ese indicador pasó de 4,3% del PIB en el año fiscal 2024 a 4,7% del PIB en el año fiscal 2025, reflejando una trayectoria más exigente para las cuentas públicas futuras.

Si los USD $88,4 billones en obligaciones fuera de balance se agregaran a los USD $47,8 billones en pasivos oficiales, las obligaciones federales totales superarían USD $136,2 billones. La comparación usada en el reporte es contundente: se trataría de un monto cercano a cinco veces el PIB anual de Estados Unidos.

Una auditoría sin opinión y una metáfora doméstica

El diagnóstico se vuelve más delicado por las observaciones de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno, conocida como GAO. Esa entidad emitió una abstención de opinión sobre los estados financieros del gobierno estadounidense correspondientes al año fiscal 2025.

Se trata del vigésimo noveno año consecutivo en que la GAO no ha podido determinar si los estados están presentados de manera razonable. Las razones principales, según lo reportado, son problemas graves y persistentes de gestión financiera en el Departamento de Defensa y debilidades en la contabilidad de transacciones entre organismos.

Más allá de la jerga contable, el artículo original intenta traducir la magnitud del desequilibrio a una escala más comprensible. Para ello propone dividir cada cifra federal entre 100 millones, como si se tratara del presupuesto de un hogar promedio.

Bajo esa analogía, ese hogar ganaría USD $52.446 y gastaría USD $73.378 al año, acumulando un déficit anual de USD $20.932. Además, tendría pasivos totales y promesas no financiadas por USD $1.361.788 frente a apenas USD $60.554 en activos, lo que dejaría un agujero patrimonial de cerca de USD $1,3 millones.

La conclusión presentada en esa comparación es tajante: el Tío Sam sería insolvente bajo cualquier estándar contable. El texto sostiene además que el Congreso perdió el control de las finanzas nacionales y que el país enfrenta una catástrofe fiscal cuyo ajuste se ha vuelto cada vez más difícil de postergar.

Las propuestas legislativas que entran en escena

Frente a este panorama, el artículo menciona dos posibles respuestas legislativas. La primera es la H.R. 3289, denominada Ley de Comisión Fiscal, una propuesta bipartidista impulsada por el representante Bill Huizenga, republicano por Michigan, y el representante Scott Peters, demócrata por California, junto con otros 41 copatrocinadores.

La idea de esa comisión sería forzar un examen público de los datos, los costos y las compensaciones políticas necesarias para recuperar la salud fiscal. En términos prácticos, se plantea como un mecanismo para obligar al Congreso a debatir ajustes que históricamente ha evitado.

La segunda propuesta es la H.Con.Res. 15, patrocinada por el representante Jodey Arrington, republicano por Texas. Esta iniciativa busca convocar una Convención del Artículo V limitada a proponer una enmienda constitucional de responsabilidad fiscal.

Según la explicación ofrecida, dicha enmienda estaría inspirada en el llamado “freno de la deuda” de Suiza. Su objetivo sería exigir un presupuesto equilibrado a lo largo del ciclo económico y prohibir que el gasto federal crezca por encima del ritmo de la economía de Estados Unidos.

Ambos proyectos son presentados como la ruta más creíble para encarar el problema, siempre que exista voluntad política. Aun así, el debate está lejos de resolverse, ya que cualquier intento de ajuste profundo toca programas sociales, defensa, impuestos y el rol del Estado en la economía.

Por qué este debate importa a los mercados

Para inversionistas y observadores del ecosistema digital, estas cifras no son un asunto menor. La percepción de deterioro fiscal en Estados Unidos puede reforzar narrativas favorables a activos escasos o no soberanos, como Bitcoin, especialmente entre quienes ven la expansión del pasivo público como un riesgo de largo plazo para el dólar.

Al mismo tiempo, una crisis fiscal no necesariamente favorece de inmediato a los criptoactivos. También puede elevar la volatilidad, endurecer condiciones financieras y provocar episodios de búsqueda de liquidez en dólares y bonos del Tesoro a corto plazo, al menos en fases iniciales de tensión.

Por eso, el informe del Tesoro debe leerse con matices. Los números reflejan un deterioro contable severo y crecientes compromisos futuros, pero la interpretación económica y política del problema sigue abierta. En un país con capacidad de emisión monetaria, recaudación impositiva y refinanciamiento continuo, el concepto de insolvencia estatal no opera igual que en una empresa o un hogar.

Lo que sí queda claro es que el tamaño del desequilibrio volvió a escalar en 2025. Y con deuda, intereses, Medicare y Seguro Social presionando al mismo tiempo, la discusión sobre disciplina fiscal ya no se limita a expertos en presupuesto. Ahora toca de lleno a los mercados globales, a los votantes y a cualquier actor que siga de cerca la estabilidad del sistema financiero estadounidense.


Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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