Por Canuto  

Las negociaciones bipartidistas sobre la Ley de Claridad enfrentan un nuevo bloqueo después de que los demócratas rechazaran una propuesta ética respaldada por la Casa Blanca.

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  • Los demócratas cuestionan que el Departamento de Justicia tenga autoridad exclusiva para hacer cumplir las reglas éticas.
  • Ruben Gallego y Thom Tillis trabajan en una contrapropuesta para conseguir los 60 votos necesarios en el Senado.
  • El líder de la mayoría, John Thune, ya no espera una aprobación antes del receso de agosto.

 

El avance de la Ley de Claridad en el Senado de Estados Unidos enfrenta un nuevo obstáculo por las disposiciones éticas relacionadas con los activos digitales del presidente Donald Trump.

Según un reporte publicado por CryptoBriefing, que cita información de Politico, los demócratas rechazaron el lenguaje respaldado por la Casa Blanca y ahora varios senadores negocian una propuesta revisada.

La disputa ocurre mientras el Congreso intenta establecer un marco regulatorio para los mercados de activos digitales. El desacuerdo sobre las reglas éticas, sin embargo, ha desplazado el debate principal sobre la estructura de esa legislación.

El conflicto también pone bajo atención las posibles ganancias financieras de Trump a través de sus empresas de criptomonedas. Los legisladores todavía no alcanzan un acuerdo sobre la forma adecuada de prevenir conflictos de interés y garantizar una supervisión creíble.

La propuesta ética divide al Senado

Las disposiciones éticas publicadas el miércoles como parte de la versión actualizada de la Ley de Claridad prohibirían a los altos funcionarios federales emitir o patrocinar activos digitales mientras ocupen sus cargos.

La restricción incluiría al presidente de Estados Unidos y buscaría impedir que funcionarios en ejercicio impulsen proyectos o activos digitales con los que pudieran mantener vínculos financieros directos.

El texto también otorgaría al Departamento de Justicia, conocido como DOJ por sus siglas en inglés, la autoridad exclusiva para hacer cumplir las reglas éticas incluidas en la legislación.

Los demócratas consideran insuficiente esa estructura de aplicación. Su principal objeción consiste en que el texto no permitiría a los fiscales generales estatales intervenir frente a posibles incumplimientos.

El senador Ruben Gallego describió la propuesta como inadecuada después de meses de negociaciones bipartidistas. A su juicio, el lenguaje final no reflejó el trabajo conjunto que demócratas y republicanos habían desarrollado sobre el tema.

Gallego afirmó que las conversaciones con los senadores republicanos Cynthia Lummis y Bernie Moreno, además de funcionarios de la Casa Blanca, se rompieron precisamente por la autoridad de los fiscales generales estatales.

Negociaciones para una contrapropuesta

Tras el quiebre de las conversaciones, Gallego dijo que trabaja con el senador Thom Tillis y otros legisladores republicanos no mencionados para redactar una contrapropuesta.

El objetivo es presentar ese texto a los negociadores y encontrar una fórmula que permita resolver la disputa sobre la aplicación de las reglas. La iniciativa todavía depende de nuevas conversaciones entre ambos partidos.

Tillis sostuvo que la propuesta respaldada por la Casa Blanca constituye un buen punto de partida. No obstante, reconoció que probablemente serán necesarios cambios adicionales para atraer los 60 votos requeridos para la aprobación del Senado.

El umbral de 60 votos convierte la negociación en un proceso especialmente delicado. Los republicanos necesitan conservar el respaldo de su bancada y, al mismo tiempo, convencer a suficientes demócratas de que el mecanismo ético ofrece controles efectivos.

El senador también señaló que los legisladores aún deben reunirse con la Casa Blanca. En ese encuentro buscarán determinar si las revisiones aceptables para los demócratas también resultarían aceptables para el presidente Trump.

La posición de la Casa Blanca será decisiva para el futuro de cualquier acuerdo. Una contrapropuesta capaz de sumar apoyo bipartidista podría fracasar si el Ejecutivo rechaza cambios considerados esenciales por los senadores demócratas.

El papel de Trump y sus empresas de criptomonedas

El debate ético está vinculado con las posibles ganancias financieras de Trump a través de sus empresas de criptomonedas. Por ese motivo, las disposiciones buscan establecer límites específicos para el presidente y otros altos funcionarios federales.

La preocupación de los demócratas no se limita a la prohibición de emitir o patrocinar activos digitales. También abarca la independencia de la autoridad encargada de investigar y hacer cumplir las normas.

Si solo el Departamento de Justicia puede aplicar las reglas, los críticos temen que los estados carezcan de herramientas para responder ante posibles conflictos. Esa diferencia explica por qué la participación de los fiscales generales estatales se convirtió en un punto central de las negociaciones.

Lummis defendió el texto elaborado mediante conversaciones entre la Casa Blanca y los senadores republicanos. La legisladora afirmó que Trump está adoptando voluntariamente estándares éticos superiores a los requisitos legales existentes.

De acuerdo con Lummis, esos estándares representarían las normas más estrictas aplicadas hasta ahora a la presidencia. Su argumento contrasta con la postura demócrata, que exige un mecanismo de aplicación más amplio y menos concentrado.

La diferencia entre ambas posiciones refleja dos enfoques sobre la regulación. Los republicanos destacan los compromisos éticos voluntarios del presidente, mientras los demócratas priorizan reglas exigibles mediante autoridades federales y estatales.

La Ley de Claridad pierde impulso legislativo

El desacuerdo sobre la ética ha oscurecido el panorama para la legislación sobre criptomonedas. La Ley de Claridad debía avanzar como una pieza relevante del debate regulatorio en Estados Unidos, pero ahora enfrenta una agenda más incierta.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, dijo que ya no espera que la cámara apruebe el proyecto antes del receso de agosto. La declaración reduce las expectativas sobre una resolución rápida del conflicto.

Thune todavía espera que el Senado pueda comenzar el debate sobre la medida antes de que los legisladores se retiren. Sin embargo, iniciar la discusión no garantiza que exista tiempo suficiente para completar las negociaciones y someter el texto a votación.

El calendario legislativo añade presión a los negociadores. Cada modificación debe equilibrar los reclamos demócratas, las condiciones republicanas y la disposición de la Casa Blanca a aceptar cambios en el lenguaje ético.

La incertidumbre también afecta la percepción sobre el ritmo de la regulación cripto en Estados Unidos. Los participantes del mercado observan si el Congreso puede construir reglas claras sin dejar sin respuesta las preocupaciones sobre conflictos de interés.

Por ahora, los senadores se concentran en encontrar una contrapropuesta que pueda superar el bloqueo. El resultado dependerá de si logran acordar quién tendrá autoridad para aplicar las normas y si el presidente respalda el texto revisado.

Una disputa con impacto institucional

La controversia plantea una pregunta institucional más amplia sobre la supervisión de los activos digitales vinculados con funcionarios públicos. Una prohibición puede definir conductas, pero su eficacia depende de la autoridad que investigue las posibles infracciones.

El Departamento de Justicia tendría el control exclusivo bajo la propuesta publicada el miércoles. Los demócratas buscan modificar ese esquema para permitir una participación estatal que amplíe las opciones de aplicación.

La discusión no significa que el Senado haya abandonado la Ley de Claridad. Sí indica que el componente ético se convirtió en una condición necesaria para conseguir el respaldo político suficiente.

Las negociaciones también muestran la dificultad de legislar sobre criptomonedas cuando existen vínculos directos entre activos digitales, funcionarios y empresas privadas. En ese contexto, las reglas deben atender tanto la innovación como la confianza pública.

Gallego y Tillis intentan ahora construir un puente entre las posiciones enfrentadas. Su contrapropuesta deberá responder a la preocupación demócrata sobre la aplicación estatal sin perder el apoyo de la Casa Blanca y de los republicanos que impulsaron el texto inicial.

Mientras no exista un acuerdo, la aprobación de la Ley de Claridad seguirá pendiente. El Senado podría iniciar el debate antes del receso de agosto, pero el calendario y la exigencia de 60 votos mantienen abierta la posibilidad de nuevas demoras.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA.

 


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