Por Canuto  

Marco Rubio afirmó que las primeras conversaciones oficiales para una transición democrática en Venezuela comenzarán durante la primera semana de agosto, en un proceso que reúne al gobierno interino de Delcy Rodríguez con representantes de la Asamblea Nacional de 2015.
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  • El secretario de Estado de Estados Unidos dijo que Washington respalda un foro de reconciliación y transición política entre ambas partes.
  • Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional elegida en 2015, regresó a Caracas y participa como interlocutora opositora.
  • El anuncio ocurre mientras Venezuela enfrenta la reconstrucción tras terremotos que dejaron más de 5.200 muertos y graves daños en Caracas y La Guaira.

Marco Rubio anuncia transición democrática en Venezuela para principios de agosto

Washington fija el inicio del proceso político

Estados Unidos está acelerando su estrategia para Venezuela. El secretario de Estado Marco Rubio afirmó el lunes que las primeras conversaciones oficiales para una transición democrática comenzarán durante la primera semana de agosto.

El anuncio se produjo antes del viaje de Rubio a Filipinas, donde participará en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. El funcionario habló con periodistas en la Base Conjunta Andrews, en Maryland.

Según explicó Rubio, un grupo que representa a la Asamblea Nacional de 2015 se reunió con el gobierno interino venezolano. Ambas partes habrían acordado crear un formato y un foro para conversaciones de reconciliación y para iniciar la transición que, a juicio de Washington, necesita el pueblo venezolano.

Estados Unidos reconoce a la Asamblea Nacional elegida en 2015 como la última institución legislativa democráticamente seleccionada en Venezuela. Dinorah Figuera, legisladora opositora en el exilio y presidenta de ese órgano, es considerada su principal representante.

El proceso se desarrolla bajo una relación excepcional entre Washington y Caracas. Desde el 3 de enero, Estados Unidos mantiene un control especial sobre Venezuela, luego de lanzar una operación militar para capturar a Nicolás Maduro en Caracas e instalar a Delcy Rodríguez como presidenta interina.

El escenario también incluye a María Corina Machado, quien vive en el exilio y cuyos partidarios reclaman su regreso. Sus seguidores sostienen que Machado ganó las elecciones venezolanas de 2024 y, por ello, debería asumir el poder.

Rubio quedó encargado de gestionar las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Además, el funcionario supervisa las conversaciones con el gobierno venezolano y dirige la política de Washington hacia Caracas.

El secretario de Estado describió el acuerdo como una oferta poderosa. También señaló que las primeras conversaciones formales podrían comenzar el 1 de agosto y que Estados Unidos mantendrá un compromiso directo con el desarrollo del proceso.

Una alianza política con tensiones internas

La estrategia respaldada por Rubio cuenta con el apoyo del presidente Donald Trump y de Delcy Rodríguez. Su objetivo político consiste en organizar una ruta de transición que reduzca la influencia de Machado y evite una ruptura entre los distintos sectores opositores.

Las tensiones entre los partidarios de Rodríguez y Machado aumentaron durante la semana previa al anuncio. Washington busca acelerar las negociaciones para impedir que esa división se profundice y complique la estabilidad del país.

La Asamblea Nacional venezolana está encabezada por Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez. El presidente del parlamento anunció la apertura de un diálogo político con representantes de los legisladores opositores que integraron la Asamblea Nacional entre 2015 y 2020.

El chavismo, movimiento socialista fundado por el fallecido Hugo Chávez y en el poder durante años, ignoró y debilitó la Asamblea Nacional elegida en 2015. El nuevo contacto entre ambos sectores representa, por tanto, un acercamiento entre actores que han mantenido una fuerte confrontación política.

Jorge Rodríguez también anunció la creación de un comité técnico y político conjunto. El grupo pretende organizar el diálogo, definir los asuntos de discusión y establecer una hoja de ruta para el proceso nacional.

En un comunicado emitido un mes atrás, la Asamblea Nacional indicó que el proceso incluiría hitos y cronogramas específicos. El objetivo declarado es fortalecer la democracia, consolidar la paz y buscar un futuro de bienestar y prosperidad.

La embajada de Estados Unidos en Caracas expresó la semana pasada su respaldo a la agenda conjunta. El comunicado señaló que la Asamblea Nacional encabezada por Figuera y el gobierno interino comenzarían el 1 de agosto los trabajos orientados a la estabilidad, la democracia y la recuperación nacional.

La participación de Figuera agrega una dimensión institucional a la negociación. La legisladora fue elegida en diciembre de 2015, cuando la oposición consiguió su primera victoria electoral frente al chavismo y obtuvo una supermayoría parlamentaria.

Figuera regresó a Caracas hace un mes, después de permanecer ocho años en el extranjero. Washington apoyó su retorno como parte de un esfuerzo para promover la renovación del Consejo Nacional Electoral.

La dirigente también se reunió con John Barrett, encargado de negocios de Estados Unidos. Su regreso la convierte en una de las pocas figuras políticas todavía activas que estuvieron asociadas con el gobierno interino de Juan Guaidó.

En 2019, Guaidó estableció una estructura de gobierno paralela basada en la autoridad de la Asamblea Nacional. La legitimidad de esa estructura fue respaldada por Estados Unidos durante una etapa de fuerte confrontación con el chavismo.

Reconstrucción tras los terremotos

Las negociaciones políticas avanzan mientras Venezuela intenta recuperarse de dos terremotos que golpearon el norte del país a finales de junio. Los movimientos telúricos dejaron más de 5.200 muertos, decenas de miles de heridos y amplias zonas devastadas.

La Guaira y Caracas se encuentran entre las áreas más afectadas. Cientos de edificios colapsaron y varias instalaciones públicas, incluidos hospitales y escuelas, quedaron destruidas.

El desastre elevó la presión sobre las autoridades venezolanas. La magnitud de los daños exige coordinar recursos, reconstruir infraestructura y garantizar servicios básicos en medio de una transición política todavía incipiente.

La emergencia también reforzó la necesidad de un gobierno de unidad. Un ejecutivo con respaldo suficiente podría administrar los fondos de reconstrucción y supervisar la recuperación económica del país.

Rubio afirmó que Estados Unidos ya entregó USD $180 millones de los USD $300 millones prometidos como ayuda para Venezuela. El funcionario aseguró que Washington proporcionará más recursos.

El secretario de Estado añadió que los venezolanos también deberán contribuir a la respuesta. Según explicó, Estados Unidos intenta facilitar el acceso del país a financiamiento y crédito global para apoyar las labores de reconstrucción.

El costo total de la recuperación todavía está bajo evaluación. Rubio advirtió que será sustancial, tanto por la remoción de escombros como por la construcción de nuevas instalaciones.

La reconstrucción introduce una urgencia adicional en la agenda política. Las autoridades deberán administrar una crisis humanitaria mientras definen mecanismos electorales, institucionales y de reconciliación.

La renovación del Consejo Nacional Electoral aparece vinculada al regreso de Figuera. Sin embargo, la noticia no detalla cuáles serán los cambios concretos ni qué calendario electoral acompañará las conversaciones de transición.

El anuncio de agosto tampoco establece el resultado final del proceso. Rubio indicó que Washington observará hasta dónde puede avanzar el acuerdo y mantendrá una participación activa durante las próximas etapas.

Para Venezuela, el desafío combina dos necesidades inmediatas. El país debe reconstruir zonas destruidas por los terremotos y, al mismo tiempo, encontrar una fórmula política capaz de reducir la confrontación entre Rodríguez, Machado, Figuera y los demás actores opositores.

La ruta anunciada dependerá de la capacidad de las partes para sostener el diálogo. También deberá enfrentar las disputas sobre legitimidad, representación y autoridad que han marcado la crisis venezolana durante los últimos años.

Por ahora, la fecha de referencia es el 1 de agosto. Ese día debería comenzar una agenda conjunta para avanzar en estabilidad, democracia y recuperación nacional, con Estados Unidos como principal impulsor externo.

El proceso reúne a un gobierno interino respaldado por Washington y a representantes de la Asamblea Nacional elegida en 2015. Su evolución definirá si el acuerdo se convierte en una transición política efectiva o queda limitado a un nuevo intento de diálogo.

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