Por Canuto  

Un juez federal impidió que la Casa Blanca aplique el veto de Donald Trump contra MS NOW, CNN y Politico mientras avanza la demanda de los medios. La orden considera probable que prosperen sus reclamos por represalia, discriminación por punto de vista y falta de debido proceso, aunque no decide el fondo del caso ni restablece todos sus accesos.
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  • El juez Timothy Kelly emitió una orden cautelar preliminar que mantiene bloqueada la prohibición contra MS NOW, CNN y Politico mientras continúa el litigio.
  • Kelly consideró que los medios probablemente prevalecerán en sus reclamos bajo la Primera Enmienda y en su argumento de que no tuvieron oportunidad de impugnar la revocación de sus pases.
  • La decisión no es definitiva ni obliga a devolver el acceso al Despacho Oval o al Air Force One; el juez también cuestionó que la seguridad nacional justificara el veto.

Juez frena el veto de Trump a CNN, MS NOW y Politico mientras avanza la demanda

Un juez federal de Washington bloqueó a la Casa Blanca para que no aplique la prohibición que Donald Trump anunció contra MS NOW, CNN y Politico, mientras sigue el proceso judicial iniciado por esos medios. La orden cautelar preliminar, emitida este miércoles 14 de octubre por el juez Timothy Kelly, reemplaza una medida temporal previa y no tiene una fecha de vencimiento establecida.

Kelly concluyó que los medios probablemente tendrán éxito en sus reclamos de represalia y discriminación por punto de vista bajo la Primera Enmienda, además de una alegación separada por violación del debido proceso. El fallo mantiene el statu quo durante el litigio, pero no constituye una decisión definitiva sobre el fondo de la demanda ni ordena restablecer todos los accesos periodísticos que los medios tenían antes del conflicto.

El juez ve posibles violaciones constitucionales

En su opinión escrita, Kelly sostuvo que las declaraciones públicas de Trump apuntan a que retirar los pases buscaba influir en la cobertura que los medios hacían del presidente. El juez escribió que los propios comentarios de Trump sugerían que quería que la revocación de las credenciales alterara la forma en que los demandantes informaban sobre él, un elemento que consideró relevante para evaluar los reclamos constitucionales.

La demanda sostiene que la Casa Blanca actuó en represalia y discriminó a los medios por su punto de vista, después de que Trump los excluyera por la manera en que cubrían su gestión. Kelly afirmó que, por primera vez en este caso, veía probable que prosperaran esas dos reclamaciones bajo la Primera Enmienda; se trata de una evaluación preliminar y no de una determinación final de responsabilidad.

El juez también consideró probable que los tres medios prevalezcan en su reclamo de debido proceso, porque Trump los excluyó de forma sumaria y sin ofrecerles una oportunidad para objetar la decisión. Para fundamentar esa conclusión, citó dos opiniones previas del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia, que reconocen garantías procesales para periodistas cuyos pases de acceso a la Casa Blanca están sujetos a revocación.

Esos precedentes de apelación son vinculantes para los jueces federales de distrito en Washington, según explicó Kelly, por lo que guiaron su análisis de la reclamación procesal. El magistrado, nominado por Trump para su cargo en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Washington, dijo además que, sin la medida cautelar, los medios probablemente sufrirían un daño irreparable mientras la causa sigue su curso.

La justificación de seguridad nacional, bajo escrutinio

El Departamento de Justicia defendió la prohibición y argumentó, entre otros puntos, que la decisión también respondía a razones de seguridad nacional. Kelly rechazó esa explicación con base en el expediente presentado ante el tribunal: señaló que no encontró pruebas de que Trump hubiera tomado la decisión de revocar los pases por ese motivo, ni una declaración directa del presidente que identificara la seguridad nacional como fundamento.

El juez describió la justificación como una posible explicación elaborada después de que los medios presentaran la demanda. En su opinión, ese argumento parecía una racionalización posterior a la decisión, en lugar de una razón demostrada desde el comienzo; la observación cuestiona la defensa ofrecida por el Gobierno, pero no significa que el tribunal haya descartado toda preocupación legítima de seguridad en otros escenarios.

Kelly aclaró que su decisión no debe interpretarse como un respaldo a cualquier cobertura periodística ni como una conclusión de que las críticas de Trump sobre exactitud e imparcialidad carezcan de fundamento. También escribió que el Gobierno puede actuar cuando su objetivo real sea proteger la seguridad nacional frente a la divulgación ilegal de información clasificada, aunque sostuvo que el expediente de este caso no acreditaba esa circunstancia.

La orden tampoco obliga a la Casa Blanca a devolver a los medios el acceso al Despacho Oval ni a los vuelos a bordo del Air Force One. Su alcance consiste en impedir que el Gobierno aplique la prohibición mientras avanza el litigio, una medida que, según Kelly, preserva las condiciones existentes y evita que los demandantes sufran un perjuicio difícil de reparar antes de una resolución definitiva.

Del anuncio presidencial a la orden cautelar

Trump anunció el 18 de septiembre que excluiría a MS NOW, CNN y Politico por la forma en que informaban sobre él. En una publicación en Truth Social ese día, sostuvo que esos medios no debían poder publicar lo que calificó como ficción y mentiras al cubrir al presidente, a su administración o a Estados Unidos; más tarde agregó que estaba harto de sus historias acumulativas.

La prohibición comenzó a aplicarse el 19 de septiembre, cuando se negó la entrada a periodistas de esos medios en los terrenos de la Casa Blanca y agentes del Servicio Secreto les retiraron sus pases permanentes. Según la información presentada en el caso, la medida afectó las credenciales de 78 periodistas antes de que Kelly ordenara restablecerlas mediante una primera intervención judicial.

Los medios presentaron una demanda civil contra Trump el 21 de septiembre y argumentaron que la exclusión constituía un ataque directo a la Primera Enmienda y una violación de principios constitucionales. Dos días después, Kelly emitió una orden temporal que revirtió la prohibición por al menos 14 días; los periodistas pudieron regresar a la Casa Blanca el 24 de septiembre, y el juez luego extendió esa medida mientras evaluaba si correspondía emitir una orden preliminar.

La audiencia más reciente tuvo lugar el jueves anterior al fallo, cuando el Departamento de Justicia defendió la prohibición ante el tribunal. Trump había dicho el mes pasado que apelaría cualquier decisión de Kelly que bloqueara su medida, mientras que CNBC informó que solicitó comentarios a la Casa Blanca y al Departamento de Justicia; la noticia no consigna una respuesta de esas instituciones.

Theodore Boutrous Jr., abogado de los medios, dijo que sus clientes agradecían la decisión y sostuvo que Trump había vulnerado de forma explícita el debido proceso y la Primera Enmienda. Boutrous afirmó que el presidente había reconocido repetidamente que los excluyó para castigar una cobertura que no le gustaba e intentar forzar a los periodistas a informar de la manera que él prefería; esas declaraciones representan la posición de la parte demandante, no una conclusión definitiva del tribunal.


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