Por Canuto  

Jamaica prepara una petición dirigida al rey Carlos III para que el Comité Judicial del Consejo Privado responda si la esclavización en la isla fue legal y si el Reino Unido debe reparar sus consecuencias. El reclamo, estimado en USD $10.000 millones, podría convertirse en un precedente para otras naciones caribeñas.
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  • Jamaica solicitará respuestas legales sobre la esclavización de africanos, el derecho internacional y la obligación británica de reparar el daño.
  • La ministra Olivia Grange encabeza una delegación que también discutirá con el Museo Británico la repatriación de artefactos tomados de Jamaica.
  • El Reino Unido ha rechazado pagar reparaciones o disculparse formalmente, aunque la petición podría impulsar reclamos similares dentro de la Mancomunidad.

Jamaica prepara una petición dirigida al rey Carlos III para solicitar orientación legal sobre las reparaciones por la esclavitud, en un procedimiento que la delegación del país considera inédito dentro de la Mancomunidad Británica. El gobierno jamaicano estima que el Reino Unido le debe aproximadamente USD $10.000 millones, mientras Londres ha rechazado de forma reiterada discutir pagos por la esclavitud histórica. La iniciativa busca trasladar el reclamo desde el terreno político hacia una revisión de sus fundamentos jurídicos.

La solicitud plantea que el Comité Judicial del Consejo Privado responda preguntas sobre la legalidad de la esclavización en Jamaica y las obligaciones derivadas de ese daño. Aunque Carlos III figura formalmente como jefe de Estado jamaicano, el monarca no decidiría el fondo del caso, pues la opinión correspondería al máximo tribunal de apelación de la isla, con sede en Londres. El proceso podría tener consecuencias políticas para la relación entre ambos países y para otros Estados caribeños.

Una relación marcada por el dominio colonial

Los vínculos entre Jamaica y el Reino Unido se remontan a 1655, cuando la isla se convirtió en una colonia inglesa. Durante más de 300 años de dominio británico, cientos de miles de africanos esclavizados trabajaron en Jamaica bajo condiciones brutales, una experiencia que permanece en el centro de los reclamos contemporáneos por justicia reparativa.

Jamaica alcanzó la independencia en agosto de 1962 y ese mismo año estableció relaciones diplomáticas con el Reino Unido, además de incorporarse a la Mancomunidad de Naciones. La organización reúne actualmente a 56 países, en su mayoría antiguas colonias británicas, y conserva vínculos políticos, históricos y económicos entre sus miembros.

La relación bilateral también incluye intercambios comerciales relevantes, aunque de dimensiones muy inferiores al valor que Jamaica atribuye al daño histórico. Las exportaciones británicas hacia Jamaica alcanzaron alrededor de USD $222 millones en 2025, mientras las importaciones desde la isla sumaron cerca de USD $76 millones, según los datos citados en la información de origen.

Pese a su independencia, Jamaica todavía reconoce al monarca británico como jefe de Estado, una situación que ha alimentado los llamados a establecer una república. En diciembre de 2024, el gobierno presentó ante el Parlamento un proyecto de reforma constitucional para sustituir al rey británico, después de años de presión de activistas, académicos y dirigentes políticos.

La petición que llegará al Consejo Privado

Jamaica presentó formalmente en junio del año pasado una petición dirigida al monarca británico para solicitar reparaciones por la esclavitud. Ahora, la ministra de Cultura, Género, Entretenimiento y Deporte, Olivia Grange, encabeza una delegación que viaja a Londres para impulsar el reclamo en nombre de los ancestros africanos sometidos durante siglos.

El Ministerio de Cultura jamaicano informó que la delegación pedirá al rey que remita tres cuestiones al Comité Judicial del Consejo Privado, utilizando una facultad contemplada en la Ley del Comité Judicial de 1833. Ese marco permite al monarca remitir asuntos legales al tribunal para obtener una opinión consultiva, aunque no convierte al rey en el responsable de resolver directamente la controversia.

Las preguntas abordan si la esclavización de africanos en Jamaica era legal conforme al derecho consuetudinario inglés, si vulneró el derecho internacional y si el Reino Unido tiene una obligación legal de ofrecer un remedio por los daños causados. Grange dijo que el país necesita esas respuestas antes de definir los siguientes pasos de su estrategia de reparaciones.

La historiadora Olivette Otele, profesora distinguida de investigación sobre Legados y Memoria de la Esclavitud en SOAS, Universidad de Londres, describió el papel del rey como simbólico. Según su análisis, la decisión dependerá del Comité Judicial y del gobierno británico, y es probable que Londres sostenga que la esclavización no era legal bajo la legislación inglesa.

Un reclamo que también incluye patrimonio cultural

La agenda jamaicana en Londres no se limita a la posible opinión consultiva sobre reparaciones financieras. La delegación tiene previsto reunirse con el Museo Británico para discutir la repatriación de artefactos culturales que, según el gobierno de la isla, fueron tomados de Jamaica durante el periodo colonial.

La restitución de objetos culturales amplía el alcance de la disputa, porque coloca en la misma conversación la compensación por daños históricos y el control sobre bienes vinculados con la identidad jamaicana. Para Kingston, ambos asuntos forman parte de una demanda más amplia de reconocimiento y reparación por los efectos de la esclavitud y la colonización.

Los argumentos jamaicanos se apoyan también en la escala del tráfico de personas que afectó a la isla. Durante el dominio colonial, comerciantes británicos esclavizaron y transportaron por la fuerza entre 600.000 y 1 millón de africanos hacia Jamaica entre el siglo XVII y comienzos del siglo XIX, de acuerdo con la información citada en el reporte.

La disputa ocurre además en un momento de creciente revisión pública del legado imperial británico. En marzo de 2022, un grupo de 100 líderes jamaicanos rechazó una visita del entonces duque y la duquesa de Cambridge, exigió disculpas y reparaciones, y sostuvo que no existía razón para celebrar el vínculo monárquico sin una respuesta al sufrimiento de los antepasados.

La resistencia británica a pagar reparaciones

El Reino Unido ya ha enfrentado llamados de varias naciones de la Mancomunidad para reparar su participación en la trata transatlántica de esclavos. En una reunión celebrada en Samoa en octubre de 2024, los líderes de la organización acordaron avanzar en planes para examinar la justicia reparativa, aunque el encuentro no estableció un mecanismo de compensación ni una cifra común.

El primer ministro de Bahamas, Philip Davis, sostuvo entonces que la Mancomunidad debía buscar justicia por el impacto de la esclavitud en la diáspora africana. La participación británica en la trata comenzó en 1562 y, para la década de 1730, el Reino Unido se había convertido en la mayor nación comerciante de esclavos del mundo, según la información histórica citada en el reporte.

Un informe de Brattle Group publicado en junio de 2023 calculó que el Reino Unido debía reparaciones a 14 países caribeños. La lista incluye Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Islas Vírgenes Británicas, Cuba, Dominica, República Dominicana, Granada, Haití, Jamaica, Puerto Rico, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Trinidad y Tobago.

El antecedente financiero más controvertido ocurrió en 1833, cuando el gobierno británico aprobó una compensación de 20 millones de libras para los dueños de esclavos por la pérdida de su propiedad tras la abolición. Esa suma equivaldría actualmente a unos 2.000 millones de libras, o aproximadamente USD $2.600 millones, mientras las personas esclavizadas no recibieron una compensación equivalente.

Qué puede ocurrir después de la solicitud

En marzo de 2024, instituciones británicas como la Iglesia de Inglaterra también se comprometieron a crear un fondo de 1.000 millones de libras, unos USD $1.350 millones, para abordar su papel en la esclavitud. Sin embargo, esos compromisos institucionales no representan una aceptación del reclamo jamaicano ni sustituyen una decisión del gobierno británico sobre reparaciones entre Estados.

La posición oficial de Londres continúa siendo contraria a pagar reparaciones o presentar una disculpa formal por la esclavitud. En octubre de 2024, la oficina del entonces primer ministro Keir Starmer afirmó que el gobierno no pagaría por la esclavitud y tampoco se disculparía por ella, mientras la Corona tampoco ha emitido una disculpa formal por su papel en la trata transatlántica.

El Palacio de Buckingham respondió que entendía que el gobierno jamaicano buscaba que una petición fuera escuchada ante el Comité Judicial del Consejo Privado. La declaración no confirmó que el monarca aceptaría remitir las preguntas, por lo que todavía deben definirse tanto la admisibilidad de la solicitud como la postura que adoptarán las instituciones británicas.

Olivette Otele dijo que le sorprendería que el nuevo gobierno laborista británico respondiera favorablemente a las solicitudes de Jamaica, aunque consideró significativa la vía elegida. A su juicio, la petición desplaza la discusión desde la compensación financiera hacia la revisión de la ley británica sobre la esclavitud y podría alentar a otras naciones de la Mancomunidad a presentar iniciativas similares.

Un precedente con alcance regional

La importancia del reclamo jamaicano no depende únicamente de que el Reino Unido acepte pagar USD $10.000 millones. Una opinión sobre la legalidad de la esclavización y las obligaciones de reparación podría aportar argumentos para futuras demandas políticas, judiciales o diplomáticas de otros países caribeños que comparten una historia de explotación colonial.

La discusión también revela una diferencia entre el reconocimiento institucional y la reparación material. En 2022, Países Bajos se convirtió en el único país europeo mencionado en el reporte que se disculpó por su papel en la trata transatlántica, pero descartó pagar reparaciones y creó un fondo de aproximadamente 200 millones de euros para iniciativas sociales en Países Bajos, el Caribe neerlandés y Surinam.

En marzo, la Asamblea General de las Naciones Unidas votó para reconocer la trata transatlántica de esclavos como el crimen más grave contra la humanidad, aunque varias naciones europeas, incluido el Reino Unido, se abstuvieron. Ese contraste muestra por qué Jamaica busca ahora una respuesta legal específica, en lugar de depender únicamente de declaraciones políticas o actos simbólicos.

Para Jamaica, la petición combina memoria histórica, reforma constitucional, restitución cultural y una exigencia económica concreta. Para el Reino Unido, la respuesta podría definir si el asunto continúa limitado a una disputa política o si entra en una etapa jurídica capaz de reabrir responsabilidades vinculadas con uno de los capítulos más dolorosos del imperio británico.

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