Por Canuto  

Irlanda presenta su primera estrategia AML con controles reforzados para carteras privadas de criptomonedas, alineada con las reglas de la UE y el GAFI. Conoce las implicaciones para exchanges, juegos y DeFi.
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  • Irlanda publica estrategia AML con controles reforzados para carteras cripto privadas.
  • Implementa la regla de viaje del GAFI y establece un período transitorio más corto que el de otros países de la UE.
  • La UE prohibirá cuentas anónimas de criptoactivos a partir de 2027, aunque las carteras autoalojadas quedan exentas.

El gobierno de Irlanda publicó este jueves su primera estrategia nacional contra el lavado de dinero, un documento que introduce controles reforzados sobre las carteras de criptomonedas privadas y que forma parte de un esfuerzo coordinado con la Unión Europea para cerrar los resquicios regulatorios en el ecosistema digital. La presentación se realizó a través del Departamento de Finanzas y coincide con la plena implementación de MiCA, el marco de mercados de criptoactivos del bloque, según detalló Decrypt.

El plan, que estará vigente hasta 2030, busca impedir que las organizaciones criminales utilicen las nuevas tecnologías para ocultar sus ganancias, según explicó el Tánaiste y Ministro de Finanzas, Simon Harris. Durante la presentación, Harris afirmó que “Irlanda no será un lugar seguro para lavar las ganancias del crimen”, y destacó que la estrategia envía un mensaje claro a los delincuentes financieros.

La mayor parte del Reglamento de la UE sobre transferencias de fondos ya se ha implementado en el país, pero los elementos restantes introducen obligaciones adicionales para los proveedores de servicios de criptoactivos (CASPs). Estas incluyen “controles reforzados” en las transferencias que involucran carteras de criptomonedas privadas, es decir, aquellas mantenidas fuera de entidades reguladas, así como una mayor diligencia debida al tratar con empresas de criptomonedas en el extranjero.

Un marco europeo que se endurece

La estrategia se apoya en la implementación casi completa del Reglamento de Transferencias de Fondos de la Unión Europea, cuyas disposiciones residuales ahora se activan. Esas disposiciones incorporan la regla de viaje del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que exige que cada transferencia de criptoactivos incluya información sobre el ordenante y el beneficiario, tal como ocurre en las transferencias bancarias tradicionales.

El documento llega en un momento en que el reglamento europeo de mercados de criptoactivos (MiCA) ya creó a los proveedores de servicios de criptoactivos como una categoría de entidad regulada en todo el bloque. Irlanda, sin embargo, otorgó a las empresas de criptomonedas un período transitorio de doce meses, frente a los dieciocho que permite el reglamento, según la lista publicada por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA). Ese período terminó a finales de diciembre de 2025, por lo que las nuevas obligaciones recaen ahora sobre empresas que ya cuentan con plena autorización.

Entre las medidas concretas, el Departamento de Finanzas irlandés advierte que las transferencias hacia o desde carteras de criptomonedas no alojadas en entidades reguladas requerirán “controles reforzados”. Además, se incrementará la diligencia debida cuando se trate con empresas de criptomonedas establecidas en el extranjero, una disposición que busca mitigar los riesgos de blanqueo a través de jurisdicciones con regulaciones más laxas.

Simon Harris, viceprimer ministro y ministro de Finanzas, subrayó que las organizaciones criminales están explotando nuevas tecnologías, criptoactivos y redes financieras internacionales complejas para ocultar sus ganancias. “El lanzamiento de esta estrategia envía un mensaje claro: Irlanda no será un lugar seguro para lavar las ganancias del crimen”, afirmó Harris durante la presentación del documento, que estará en vigor hasta 2030.

El estándar para el juego y las finanzas digitales

Una de las disposiciones más concretas en el ámbito cripto se definió en el plan de acción de 30 puntos que el gobierno publicó en junio junto con su Evaluación Nacional de Riesgos. En ese plan, la Autoridad Reguladora del Juego de Irlanda recibió el encargo de establecer un estándar industrial para aceptar actividades relacionadas con criptomonedas como fuente de fondos, con la diligencia debida necesaria para verificar la legitimidad del dinero. La medida está prevista para el segundo trimestre de 2027.

El plan de junio ya había prometido “salvaguardas reforzadas en torno a los criptoactivos y las finanzas digitales”, y la estrategia del jueves consolida ese compromiso. La inclusión del sector del juego es relevante porque ese mercado ha sido señalado como un canal potencial para el lavado de dinero a través de criptoactivos, especialmente en jurisdicciones donde los pagos digitales se integran con plataformas de apuestas.

La Autoridad Reguladora del Juego, creada recientemente, tendrá que definir no solo los criterios de aceptación, sino también los mecanismos de verificación y monitoreo de fondos provenientes de exchanges o carteras digitales. El objetivo es garantizar que los fondos utilizados en apuestas y juegos de azar no provengan de actividades ilícitas, un desafío que se ha intensificado con la expansión de las monedas digitales.

Esta iniciativa se enmarca en un contexto donde los reguladores europeos han puesto el foco en los métodos de pago no tradicionales. La estrategia irlandesa, según el texto oficial, busca equilibrar la innovación financiera con la protección del sistema, sin frenar el desarrollo del ecosistema cripto, pero sí imponiendo estándares claros.

Una ofensiva que va más allá de Irlanda

Las medidas irlandesas se inscriben en un calendario europeo que se ha ido endureciendo de forma progresiva. El Reglamento contra el lavado de dinero del bloque prohíbe a los proveedores de servicios de criptoactivos ofrecer o mantener cuentas de criptoactivos anónimas, o cuentas que permitan anonimizar u ocultar transacciones, incluso mediante monedas centradas en el anonimato. Esa prohibición, sin embargo, no alcanza a las carteras autoalojadas, quedando exentos los proveedores de hardware, software y carteras autoalojadas que no tengan acceso ni control sobre ellas.

Estas reglas se aplicarán a partir de julio de 2027, bajo la supervisión de la Autoridad contra el Lavado de Dinero con sede en Frankfurt. La UE ha diseñado así un sistema de doble capa: por un lado, se regula a los intermediarios, y por otro, se respeta la naturaleza descentralizada de las carteras sin custodia, aunque los controles sobre las transferencias se reforzarán a través de la regla de viaje.

Fuera del bloque, el Reino Unido también ha estado modificando su régimen para empresas de criptomonedas. El Tesoro de Su Majestad publicó en septiembre de 2025 reformas preliminares que reducirían el umbral de notificación de cambios de control en esas empresas del 25% al 10%, un movimiento hacia una mayor supervisión de la propiedad y el control corporativo.

En el plano internacional, el GAFI continúa presionando a los países para que apliquen sus recomendaciones. Un informe de julio señaló que las plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi) con controladores identificables ya entran en sus reglas y deberían ser supervisadas como cualquier otra empresa financiera. El mismo informe reveló que casi el 93% de las jurisdicciones encuestadas aún no habían aplicado los estándares a ningún acuerdo elegible, lo que evidencia la brecha entre la normativa y la práctica.

La estrategia irlandesa es, en definitiva, un paso más en un movimiento global hacia una regulación más estricta de los criptoactivos, con implicaciones directas para exchanges, carteras privadas y plataformas DeFi. Los próximos años serán claves para ver cómo se traduce esta normativa en la práctica, mientras Bruselas ya prepara la revisión de MiCA para 2027, que incluirá a los emisores de stablecoins no pertenecientes a la UE.


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