Facciones rivales de Libia pactan elecciones nacionales en un plazo de dos años

Las facciones rivales de Libia acordaron celebrar elecciones legislativas y presidenciales dentro de un máximo de 24 meses, pero la disputa por la autoridad que gobernará durante la transición amenaza con repetir los fracasos anteriores.
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• El pacto establece que las elecciones se realizarán bajo una única autoridad ejecutiva dentro de un plazo máximo de 24 meses.
• El acuerdo fue firmado en Trípoli por representantes vinculados a las administraciones del este y del oeste de Libia.
• El control del gobierno interino, los recursos nacionales y la seguridad siguen siendo los principales obstáculos para su aplicación.

Representantes de las administraciones rivales de Libia firmaron un acuerdo para celebrar elecciones nacionales dentro de un plazo máximo de dos años, en el intento más reciente por cerrar una división política que se prolonga desde 2014. El pacto contempla comicios legislativos y presidenciales bajo una única autoridad ejecutiva, una condición que busca evitar que el país llegue a las urnas con dos centros de poder enfrentados.

La ceremonia tuvo lugar el domingo en Trípoli, en instalaciones de la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia, conocida como UNSMIL. El entendimiento fija un periodo que no excederá los 24 meses, aunque todavía deja sin resolver quién ejercerá el poder durante esa etapa y cómo se aplicarán las decisiones en un entorno político y militar frágil.

Un pacto entre las instituciones rivales

Walid Ellafi, ministro de Estado de Asuntos Políticos y Comunicaciones del Gobierno de Unidad Nacional, confirmó que las elecciones presidenciales y legislativas deberán celebrarse bajo una sola autoridad ejecutiva. Ese gobierno, con sede en Trípoli y reconocido internacionalmente, comparte el escenario libio con una administración oriental respaldada por el comandante militar Jalifa Hafter, lo que ha impedido consolidar una estructura estatal unificada.

El documento firmado en Trípoli surgió después de que el comité denominado 4+4 suscribiera un borrador inicial en Túnez el 20 de agosto. Ese grupo reunió a cuatro representantes de la Cámara de Representantes, con sede en el este, y a cuatro miembros del Alto Consejo de Estado, institución vinculada al Gobierno de Unidad Nacional en el oeste, con la intención de crear un canal formal entre las dos autoridades.

La composición del comité refleja la naturaleza institucional del conflicto, que no se limita a una disputa entre líderes individuales. La Cámara de Representantes y el Alto Consejo de Estado han participado durante años en negociaciones sobre la legitimidad política, las reglas electorales y la formación de gobiernos transitorios, pero sus desacuerdos han retrasado repetidamente cualquier calendario nacional.

El acuerdo intenta convertir esas conversaciones en una hoja de ruta con un límite temporal concreto, algo que los procesos anteriores no lograron sostener. Sin embargo, la existencia de un plazo de 24 meses no garantiza por sí misma que las facciones acepten una autoridad común, controlen a sus fuerzas sobre el terreno o renuncien a sus posiciones cuando el nuevo arreglo afecte sus intereses.

La aplicación será el principal desafío

Shibani AbuHamoud, jefe de la delegación general de las fuerzas de Hafter, declaró que su grupo trabajará con la UNSMIL en un marco de seguimiento durante el mes posterior a la firma. Ese mecanismo deberá abordar todos los asuntos relacionados con la implementación, una tarea que incluye traducir el texto político en decisiones operativas aceptables para las instituciones del este y del oeste.

El pacto incorpora además una salida para el caso de que la Cámara de Representantes y el Alto Consejo de Estado no lo aprueben dentro de un mes. Si ambas instituciones no ratifican el documento en ese periodo, las partes se comprometen a adoptarlo a nivel nacional como un documento constitucional, mientras el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas le proporcionaría respaldo internacional.

La cláusula busca impedir que una objeción institucional bloquee por completo el proceso, pero también podría convertirse en una nueva fuente de conflicto sobre la legitimidad del acuerdo. En Libia, las disputas sobre quién tiene autoridad para legislar, nombrar funcionarios o administrar los recursos nacionales han sido tan determinantes como las diferencias sobre la fecha y las condiciones de una elección.

Los analistas citados en el reporte expresaron escepticismo porque el problema central continúa sin resolverse: determinar quién gobernará durante el periodo interino. Esa autoridad tendría acceso a los recursos del país y debería gestionar un contexto de seguridad delicado, por lo que ambas facciones podrían intentar influir en su composición, sus competencias y su capacidad para organizar los comicios.

Un historial de elecciones aplazadas

Libia permanece dividida desde 2014 entre dos administraciones opuestas, una con sede en Trípoli y otra asentada en el este, que cuenta con el respaldo político y militar de Jalifa Hafter. La fragmentación institucional ha dificultado la creación de un gobierno capaz de ejercer autoridad efectiva en todo el territorio, además de mantener abiertas las disputas sobre las fuerzas de seguridad y la distribución del poder.

La Organización de las Naciones Unidas y otros mediadores han intentado reunificar el país desde 2011, cuando una rebelión derrocó y causó la muerte del líder Muamar Gadafi. Desde entonces, las iniciativas diplomáticas han buscado establecer instituciones comunes y organizar elecciones, pero la implementación de los acuerdos ha resultado más difícil que la negociación de sus principios generales.

Una elección presidencial prevista anteriormente fue aplazada debido a disputas políticas y sobre las reglas electorales, y ese antecedente pesa sobre el nuevo calendario. El desafío no consiste únicamente en fijar una fecha, sino en acordar reglas que las partes consideren legítimas, asegurar que los candidatos puedan competir y garantizar que el resultado sea reconocido por las autoridades rivales.

Por esa razón, el plazo máximo de 24 meses funciona al mismo tiempo como una promesa política y como una prueba de credibilidad. Si las instituciones aceptan el documento, establecen la autoridad ejecutiva única y coordinan su aplicación con la UNSMIL, el pacto podría abrir una ruta hacia la reunificación; si vuelven a imponerse las disputas sobre el poder interino, el acuerdo corre el riesgo de sumarse a la lista de iniciativas inconclusas.

El poder interino concentra los incentivos

La autoridad que gobierne durante la transición tendrá una posición decisiva porque administrará recursos públicos y deberá operar en un país donde las lealtades políticas y militares siguen divididas. Esa combinación explica por qué la designación del Ejecutivo interino puede ser más conflictiva que la propia declaración de voluntad de celebrar elecciones, especialmente si cada bloque teme perder influencia antes de acudir a las urnas.

El entendimiento no elimina de inmediato las estructuras paralelas que han sostenido la división libia, ni describe en la información disponible todos los detalles sobre la composición del futuro Ejecutivo. El seguimiento anunciado con la UNSMIL deberá aclarar esas cuestiones y establecer cómo se resolverán los desacuerdos que aparezcan durante el periodo de preparación electoral.

El respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU también pretende elevar el costo político de incumplir el pacto, aunque el éxito dependerá de que las partes libias acepten sus compromisos en la práctica. La experiencia de los esfuerzos anteriores muestra que una declaración internacional puede facilitar la coordinación, pero no sustituye la voluntad de las instituciones y de los actores armados con capacidad de bloquear el proceso.

El acuerdo ofrece así una ventana de oportunidad, pero no una garantía de estabilidad. La celebración de elecciones nacionales exigirá que Trípoli y el este acepten una autoridad común, mantengan el calendario y gestionen la seguridad sin convertir la transición en otra disputa por el control de Libia.

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