Por Canuto  

Un exdiputado del sheriff del condado de Los Ángeles fue condenado a 18 meses de prisión por mentir al FBI sobre una extorsión de USD $25.000 vinculada al empresario cripto Adam Iza. El caso expone una red de oficiales que trabajaban como seguridad privada para el llamado “Padrino” de las criptomonedas.

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  • Scott Allen Simpkins recibió 18 meses de prisión y una multa de USD $10.000 por obstrucción de la justicia.
  • El exagente presenció cómo Adam Iza presionó a un planificador de fiestas para transferir USD $25.000.
  • La condena se suma a un caso de corrupción que involucra a varios oficiales y a una empresa de seguridad vinculada con Iza.

 


Un juez federal condenó a Scott Allen Simpkins, exdiputado del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, a 18 meses de prisión. El fallo responde a sus declaraciones falsas ante agentes del FBI sobre una extorsión que presenció en la mansión de Adam Iza.

Simpkins, de 34 años y residente de Brea, también deberá pagar una multa de USD $10.000. El juez de distrito de Estados Unidos Percy Anderson emitió la sentencia, según informó la oficina del fiscal federal del Distrito Central de California.

El exagente se declaró culpable de un cargo de obstrucción de la justicia el 17 de marzo. Después de admitir el delito, se retiró de la Oficina de Aplicación de la Ley Especial del Departamento del Sheriff.

La condena representa el episodio más reciente de una investigación por corrupción. El caso ya llevó a prisión a otros oficiales acusados de trabajar como ejecutores para Iza, quien se describía a sí mismo como “El Padrino”.

La investigación muestra cómo algunos agentes activos combinaron sus funciones públicas con trabajos privados de seguridad. Esa relación creó un entorno donde los oficiales tuvieron acceso a eventos, propiedades y operaciones vinculadas con el empresario de criptomonedas.

La extorsión ocurrida en una mansión de Bel Air

Los hechos centrales ocurrieron en agosto de 2021, durante una fiesta en la mansión de Iza en Bel Air. El empresario había contratado a Simpkins, al entonces viceagente Christopher Michael Cadman y a otros oficiales para proteger el evento.

Los fiscales señalaron que Simpkins y Cadman recibieron aproximadamente USD $1.400 por el trabajo realizado durante ese fin de semana. Ambos agentes habían sido asignados a tareas de seguridad mientras Iza organizaba la celebración en su residencia.

Un planificador de fiestas identificado en los documentos judiciales como “R.C.” fue expulsado del evento antes del amanecer. Según el acuerdo de culpabilidad, los organizadores consideraron que se comportaba de manera errática.

Al día siguiente, Simpkins y Cadman llevaron a R.C. a la oficina de Iza. Los dos agentes cerraron la puerta mientras el empresario colocaba cuatro o cinco balas de 9 mm sobre su escritorio y giraba una de ellas entre sus dedos.

Luego, Iza tomó el teléfono de R.C. y lo presionó para transferir USD $25.000 a una cuenta que controlaba. Después de que el dinero salió del banco de R.C., los agentes lo llevaron nuevamente al exterior.

Las declaraciones falsas ante el FBI

Los investigadores interrogaron a Simpkins en noviembre de 2024, aproximadamente tres años después de la extorsión. Antes de la entrevista, los agentes le advirtieron que mentir constituía un delito.

A pesar de la advertencia, Simpkins afirmó que no había visto munición ni casquillos de bala durante el encuentro. También negó que se hubiera intercambiado dinero en la oficina de Iza.

Más adelante, el exdiputado reconoció que esas respuestas eran falsas. También admitió que sabía que sus declaraciones buscaban obstaculizar la investigación federal sobre las actividades de Iza.

La conducta de Simpkins no estuvo relacionada con una acusación de haber organizado la transferencia. Sin embargo, su negativa a describir lo ocurrido impidió que los investigadores recibieran información directa sobre una operación presuntamente coercitiva.

El caso ilustra la importancia de las declaraciones de agentes públicos en investigaciones de delitos financieros. Cuando un oficial oculta evidencia o altera su testimonio, la obstrucción puede convertirse en un delito separado de la conducta investigada originalmente.

La red de seguridad alrededor de Adam Iza

Adam Iza, de 25 años, se presentó como empresario de criptomonedas y dirigió una firma de trading llamada Zort desde Bel Air. Los documentos judiciales indican que gastaba cerca de USD $100.000 mensuales en personal de seguridad.

Una parte importante de ese dinero llegó a una empresa de seguridad dirigida por Eric Chase Saavedra, quien entonces era diputado del sheriff. La compañía utilizaba a oficiales activos del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles.

Los fiscales sostienen que Simpkins y Cadman recibieron aproximadamente el 10% de las ganancias del primer mes de la empresa. El pago habría funcionado como recompensa por ayudar a asegurar un contrato de largo plazo con Iza.

El exdiputado Michael David Coberg cumple una condena de 63 meses y recibió la orden de reembolsar USD $127.000. Los fiscales lo acusaron de ayudar a Iza a extorsionar a un rival y de coordinar un falso arresto por drogas.

Saavedra y Cadman se declararon culpables y esperan sus respectivas sentencias. La situación de ambos se suma a la de Simpkins y Coberg dentro de una investigación que conecta funciones policiales, contratos privados y delitos atribuidos al empresario cripto.

Los procesos penales de Adam Iza

Iza permanece bajo custodia federal desde septiembre de 2024. Sus problemas legales se desarrollan en dos jurisdicciones y abarcan fraude financiero, evasión de impuestos, conspiración contra derechos y una acusación relacionada con un robo violento.

En enero de 2025, Iza admitió su responsabilidad por fraude electrónico, evasión de impuestos y conspiración contra derechos en Los Ángeles. Los fiscales describieron un fraude aproximado de USD $37 millones basado en cuentas publicitarias de Meta presuntamente secuestradas.

El empresario también se declaró culpable en Connecticut de una conspiración de robo bajo la Ley Hobbs. Ese caso se relaciona con el secuestro violento de una pareja ocurrido en agosto de 2024 cerca de Danbury.

Según la acusación, el secuestro formó parte de un plan para apoderarse de Bitcoin robado. Iza espera sentencia en ambos distritos, de acuerdo con la información publicada por Cryptopolitan.

La fuente también señaló que la condena de Simpkins es la más reciente dentro del caso de corrupción. El proceso continúa mostrando cómo una red privada de seguridad vinculada con una figura del sector cripto terminó involucrando a varios funcionarios policiales.

Implicaciones para la seguridad y el ecosistema cripto

El expediente no acusa a las criptomonedas como causa directa de la conducta de los oficiales. La investigación se centra en presuntos delitos de extorsión, fraude, obstrucción, secuestro y corrupción relacionados con individuos concretos.

Sin embargo, el caso revela los riesgos que surgen cuando la riqueza asociada con activos digitales se combina con estructuras informales de seguridad. El acceso a grandes recursos puede facilitar la contratación de personal con experiencia policial y crear relaciones difíciles de supervisar.

La participación de oficiales activos también plantea dudas sobre los controles aplicados a los trabajos externos. Una empresa privada que emplea agentes en servicio puede generar conflictos entre sus obligaciones públicas y los intereses de sus clientes.

La condena de Simpkins agrega una dimensión institucional al proceso. No solo se investiga la conducta del empresario, sino también la disposición de algunos funcionarios a protegerlo, recibir pagos y ocultar información a los investigadores.

Para el sector de las criptomonedas, el caso representa otro recordatorio sobre la necesidad de separar la innovación financiera de las prácticas delictivas. La actividad legal de empresas de trading y activos digitales depende también de controles corporativos, cumplimiento normativo y relaciones transparentes con proveedores de seguridad.


Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA.

 


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