Por Canuto  

El Departamento de Defensa de EE.UU. volvió a reprobar su auditoría, la novena consecutiva, mientras se debate un presupuesto militar de USD 1,5 billones para el año fiscal 2027. El análisis de Ben Freeman señala que más de USD 2 billones en activos no cuentan con opiniones de auditoría limpias.
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  • El Pentágono tiene activos por más de USD 4,8 billones y, según el artículo, más de USD 2 billones carecen de una opinión de auditoría limpia.
  • El presupuesto del Departamento de Defensa supera USD 1 billón y la propuesta del presidente Donald Trump para el año fiscal 2027 lo elevaría a USD 1,5 billones.
  • Freeman cuestiona que se soliciten más recursos mientras persisten dudas sobre la rendición de cuentas y la gestión de los activos.


El Pentágono vuelve a reprobar su auditoría mientras pide más fondos

Nueve auditorías fallidas y una cifra de escala billonaria

El Departamento de Defensa de Estados Unidos no superó su novena auditoría financiera consecutiva, según un artículo de opinión de Ben Freeman publicado por Responsible Statecraft el 17 de noviembre de 2026. El resultado mantiene al Pentágono como la única gran agencia federal que, de acuerdo con Freeman, nunca ha recibido una auditoría limpia a nivel de departamento, pese a que el organismo destacó avances en la proporción de activos cubiertos por opiniones favorables.

El comunicado del Pentágono señaló que, por primera vez, las opiniones de auditoría limpias abarcarían más del 56% de los activos del Departamento de Defensa. Sin embargo, Freeman sostiene que esa presentación deja fuera otra dimensión: el departamento posee más de USD 4,8 billones en activos y, según el artículo, más de USD 2 billones todavía no cuentan con opiniones de auditoría limpias.

La diferencia entre una auditoría fallida y una acusación de dinero desaparecido importa para interpretar la noticia. La cifra citada se refiere a activos que no tienen una opinión limpia; no demuestra por sí misma que esos recursos hayan sido robados o hayan desaparecido. El punto planteado por el autor es que el Pentágono no puede ofrecer una rendición de cuentas suficientemente clara sobre una parte enorme de lo que administra.

El énfasis en el 56% y la dimensión de los activos pendientes pueden coexistir: el comunicado resalta el avance de la cobertura favorable, mientras el análisis pone el foco en el volumen que aún queda fuera de ella. Esa diferencia ayuda a entender por qué una mejora parcial no equivale a una auditoría limpia de todo el departamento, condición que el Pentágono, según el artículo, todavía no ha alcanzado.

El debate sobre el dinero público y los contratistas

Freeman conecta la falta de claridad financiera con el peso de los contratistas privados en el gasto del Pentágono. Según el artículo, más de la mitad del gasto del departamento va actualmente a empresas contratistas. El autor considera relevante ese dato porque los recursos terminan en organizaciones que también toman decisiones sobre sus ganancias y la remuneración de sus directivos.

Freeman cuestiona específicamente que algunas compañías destinen miles de millones de dólares a recompras de acciones y millones a paquetes de compensación para sus directores ejecutivos. Sostiene que esos usos no fortalecen la seguridad nacional, aunque el artículo no presenta un desglose de empresas, contratos o montos individuales para atribuir esas prácticas a firmas concretas.

La crítica no se limita a cuánto dinero recibe el sector privado, sino a la posibilidad de evaluar qué obtiene el gobierno a cambio de esos recursos. Si el departamento no puede presentar información financiera confiable y suficientemente detallada, argumenta Freeman, contribuyentes y autoridades tienen menos herramientas para juzgar si el gasto se traduce en capacidades útiles para las fuerzas armadas.

Ese razonamiento también explica por qué el resultado de una auditoría pública trasciende la contabilidad interna. La información sobre activos, presupuestos y obligaciones sirve para supervisar la gestión de fondos que compiten con otras prioridades y que, en este caso, alcanzan cifras extraordinariamente altas.

Presupuesto récord y solicitud de recursos adicionales

La auditoría fallida llega en un momento de expansión presupuestaria. El artículo señala que el presupuesto del Pentágono supera USD 1 billón y que el presidente Donald Trump ha propuesto elevarlo a USD 1,5 billones para el año fiscal 2027. Freeman compara ese nivel con el gasto militar estadounidense en el punto máximo de la Segunda Guerra Mundial, incluso después de ajustar por inflación.

La comparación histórica subraya la escala de la propuesta, pero debe leerse como parte del argumento del autor, no como una evaluación independiente sobre la necesidad militar de cada partida. El artículo utiliza esa magnitud para plantear una pregunta de supervisión: qué justifica entregar recursos adicionales cuando el departamento aún no puede ofrecer una contabilidad limpia sobre todos sus activos.

Además del presupuesto previsto, el Pentágono solicitó decenas de miles de millones de dólares en fondos adicionales para pagar la guerra de Irán, de acuerdo con el texto. Freeman sostiene que la guerra enfrenta una oposición amplia entre los estadounidenses y cita una encuesta según la cual el 74% de los votantes consideró el conflicto un factor crucial o importante al emitir su voto en las elecciones de medio mandato. Common Dreams informó sobre ese resultado de la encuesta.

La cifra electoral aparece en el artículo como contexto para el debate político sobre los recursos destinados al conflicto, no como una explicación del resultado de la auditoría. Al combinarla con la petición de fondos suplementarios, Freeman argumenta que el gobierno debería responder con mayor claridad sobre el uso del dinero ya asignado antes de solicitar nuevas cantidades para ampliar el gasto.

La rendición de cuentas como asunto de seguridad

El artículo también plantea que una auditoría no es un asunto separado de la capacidad militar. Freeman cita un informe de mayo de 2026 de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), que, según su resumen, advirtió que la falta de prácticas sólidas de gestión financiera y de información confiable, útil y oportuna puede impedir que el Departamento de Defensa administre sus presupuestos y activos con eficacia y eficiencia en beneficio de los combatientes.

La advertencia vincula el control financiero con las operaciones: para asignar recursos de manera adecuada, la institución necesita saber qué posee y cómo se gestionan sus fondos. El artículo no detalla qué sistemas, programas o unidades serían afectados por las deficiencias, por lo que el alcance práctico de los problemas no puede precisarse a partir de la información que presenta.

Para los contribuyentes, la exigencia es igualmente directa: conocer el destino de los recursos públicos. Freeman plantea que el Pentágono debería demostrar cómo administra el dinero que ya recibe antes de pedir aumentos adicionales, sobre todo cuando la institución propone niveles de gasto sin precedentes y aún no ha obtenido una auditoría limpia a nivel departamental.

La conclusión del autor es una crítica explícita a la solicitud de más fondos, no una afirmación de que el Congreso haya rechazado el presupuesto ni de que se haya detenido el financiamiento. El núcleo del debate, tal como lo presenta, es si resulta razonable ampliar las asignaciones mientras persiste una brecha de rendición de cuentas sobre activos valorados en billones de dólares.

Por ahora, los datos expuestos dejan dos mensajes en tensión: el Departamento de Defensa destaca que las opiniones limpias ya cubren más del 56% de sus activos, mientras la auditoría general vuelve a fallar por noveno año consecutivo. Para Freeman, el avance parcial no resuelve la pregunta principal: cómo justificar más gasto sin explicar con claridad qué ocurre con los recursos que el Pentágono ya administra.


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Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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