Por Canuto  

Alan Wolff, quien redactó la versión inicial de la disposición que se convirtió en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, sostiene que la Casa Blanca amplió indebidamente esa autoridad para imponer aranceles a decenas de países. Una audiencia judicial prevista para el 30 de septiembre pondrá a prueba ese argumento y el alcance del poder comercial del presidente.
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  • Wolff afirma que el Congreso diseñó la Sección 301 para responder a prácticas comerciales específicas de un país, no para fijar aranceles generalizados.
  • El Liberty Justice Center cuestiona los gravámenes impuestos tras una investigación sobre productos vinculados al trabajo forzado y sostiene que la ley no autoriza esa estrategia.
  • Tres exfuncionarios comerciales respaldaron la demanda; la administración también ha recurrido a otras disposiciones para imponer aranceles a Brasil y Canadá.

Una disputa sobre el alcance de la ley

Alan Wolff, quien redactó la versión inicial de la disposición que terminó convertida en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, sostiene que Donald Trump está utilizando esa herramienta de manera ilegal. El exfuncionario, hoy miembro sénior del Peterson Institute for International Economics, argumenta que la Casa Blanca extendió una autoridad pensada para responder a prácticas comerciales específicas hasta convertirla en una vía para imponer gravámenes a numerosos socios de Estados Unidos. La Corte de Comercio Internacional tiene previsto escuchar el caso el 30 de septiembre, según la información difundida por CNN.

El planteamiento de Wolff no es el único frente legal contra la política arancelaria: el Liberty Justice Center, organización que ya litigó contra medidas anteriores de Trump, presentó la impugnación actual. La controversia se desarrolla después de que la Corte Suprema resolviera en febrero que la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales no autoriza al presidente a imponer aquellos aranceles. Ahora, la organización cuestiona si la Sección 301 ofrece una autoridad distinta y suficientemente amplia para sostener la nueva estrategia.

La administración ha defendido que esa norma, al no fijar límites de tiempo ni un tope a las tasas arancelarias, permite al presidente actuar contra cualquier país que la Casa Blanca considere perjudicial para el comercio estadounidense. Wolff rechaza esa lectura y afirma que el Congreso no concedió una autorización general para diseñar aranceles contra todos los socios comerciales. La diferencia entre ambos argumentos es central: no se discute solamente el nivel de los gravámenes, sino quién puede decidir su alcance y bajo qué condiciones.

La información difundida por CNN indica que la demanda será considerada en una audiencia judicial próxima, mientras el gobierno vuelve a defender su programa con otra base legal. El caso podría poner a prueba la interpretación que la administración hace de la Sección 301, aunque la fuente no anticipa el resultado ni una decisión definitiva. Por eso, las afirmaciones de Wolff y de los demandantes deben entenderse como argumentos presentados en una disputa que todavía está pendiente ante los tribunales.

Por qué se creó la Sección 301

La historia de la disposición ayuda a entender la objeción de su autor. Cuando Wolff trabajaba en la administración de Richard Nixon, la Casa Blanca buscaba responder al crecimiento de la competencia japonesa, en especial en el sector de la electrónica, mientras los fabricantes estadounidenses encontraban dificultades para exportar sus productos a Japón. La autoridad de represalia disponible entonces, la Sección 252 de la Ley de Expansión del Comercio de 1962, estaba restringida a productos agrícolas.

Ante esa limitación, la administración Nixon y el Congreso promovieron una nueva herramienta con un alcance más amplio para tratar barreras comerciales concretas. La Sección 301 permitió investigar las acciones de un país y responder en una medida equivalente, con el objetivo de presionar a ese socio para que negociara. Según la explicación de Wolff, no se concibió como un permiso para imponer gravámenes de manera indiscriminada, sino como un mecanismo de respuesta vinculado a una disputa identificable.

La disposición llegó a utilizarse para imponer aranceles del 100% a productos electrónicos japoneses, una medida que precedió a un acuerdo comercial significativo entre ambos países. Wolff invoca ese antecedente para explicar por qué la ley no estableció un techo para la tasa: a su juicio, la facultad podía ser suficientemente intensa como para inducir negociaciones, y el gobierno contaba además con la posibilidad de prohibir el comercio con un socio infractor. El propósito, remarcó, era impulsar acuerdos, no convertir la potestad en un arancel universal permanente.

Otro elemento que Wolff considera importante es la redacción del texto, que habla de un «país extranjero» en singular. Según su lectura, esa elección refleja que el Congreso pensó en acciones dirigidas a un socio comercial individual, a diferencia de otras normas vinculadas con acuerdos multilaterales que utilizan el plural. El argumento no resuelve por sí solo la interpretación jurídica, pero sirve de base para cuestionar que una investigación agrupada contra decenas de países encaje en el diseño original de la Sección 301.

La investigación sobre trabajo forzado y la demanda

La aplicación reciente de la Sección 301 se apoya en una investigación sobre políticas comerciales relacionadas con la compra de bienes producidos mediante trabajo forzado. En junio, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, publicó un informe de 98 páginas que recogía los resultados de una pesquisa de varios meses sobre las políticas de los socios comerciales. Después de un período de comentarios públicos, en julio la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos concluyó que decenas de países respaldaban directa o indirectamente esas prácticas.

Como respuesta, Trump impuso aranceles de entre 10% y 12,5% a más de 60 países, según la información disponible. Wolff objetó que la oficina comercial reunió a tantos gobiernos bajo un estándar común que, a su juicio, ninguno podía satisfacer, y que presentó la decisión como una represalia en una materia en la que Estados Unidos no había tenido históricamente ese tipo de interés. Para el exfuncionario, esa combinación hace difícil justificar que la medida corresponda a la respuesta acotada que contempla la ley.

El Liberty Justice Center sostiene que su impugnación es incluso más directa que el litigio anterior contra los aranceles de Trump. La organización señala que la administración describió públicamente la investigación y la aplicación de la Sección 301 como una forma de recuperar los aranceles generales que perdió ante la Corte Suprema. También destaca la secuencia de medidas: tras el fallo de febrero, Trump impuso un arancel universal del 10% al amparo de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. En julio, la administración anunció los nuevos gravámenes de la Sección 301, cuya entrada en vigor estaba prevista para el 24 de julio, fecha en que también estaba programado el vencimiento de los aranceles de la Sección 122.

Sara Albrecht, directora ejecutiva del Liberty Justice Center, calificó esa secuencia como evidencia de una base pretextual para los aranceles. La organización ha reunido declaraciones de funcionarios de la administración para incorporarlas en sus escritos judiciales, de acuerdo con Albrecht. Ese planteamiento representa la posición de los demandantes y no una conclusión del tribunal; la audiencia deberá examinar si el objetivo atribuido a la Casa Blanca afecta la legalidad de la investigación y de los gravámenes resultantes.

Objeciones de exfuncionarios y próximos pasos

Wolff, Carla Hills y Warren Maruyama presentaron un escrito de «amigo del tribunal» en apoyo del Liberty Justice Center. Hills fue representante comercial de Estados Unidos durante la presidencia de George H. W. Bush, mientras que Maruyama fue consejero general de la oficina comercial durante el gobierno de Ronald Reagan. Los tres exfuncionarios argumentaron que las alegaciones sobre trabajo forzado no están fundamentadas y que las investigaciones requeridas fueron inadecuadas o, según sostienen, quizá ni siquiera se realizaron.

El escrito también cuestiona que los aranceles se diseñaran para que los países señalados pudieran demostrar que habían abandonado las prácticas denunciadas y solicitar alivio. En opinión de los autores, esa falta de una vía clara para revertir las medidas debilita la justificación de que fueran una respuesta destinada a obtener cambios o negociar acuerdos. Por ello, solicitaron que los gravámenes se anularan por considerarlos contrarios a la ley y arbitrarios, una petición que todavía debe evaluar la Corte de Comercio Internacional.

Wolff añadió que, si el objetivo presidencial fuera cambiar las prácticas de trabajo forzado, existiría otra opción: prohibir el comercio con los socios que incurrieran en ellas. Su argumento es que esa posibilidad ayuda a explicar por qué la Sección 301 no incluye un límite máximo para las tasas arancelarias, pues el Congreso habría contemplado una herramienta de presión capaz de llegar incluso a una prohibición. El exfuncionario sostiene que esa facultad estaba orientada a forzar acuerdos, y no a establecer gravámenes generalizados sin una negociación concreta.

La disputa no agota las medidas comerciales de Trump ni las bases legales que su administración puede invocar. El mandatario también utilizó la Sección 301 para elevar al 37,5% los aranceles a Brasil, citando antecedentes de abusos de derechos humanos, y abrió una disputa comercial con Canadá mediante gravámenes de hasta 50% a artículos seleccionados bajo la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, una disposición que, según la fuente, nunca se había utilizado. Además, la oficina de Greer investiga a más de una docena de países por exceso de capacidad manufacturera.

Wolff teme que, si el Liberty Justice Center vuelve a ganar, la administración busque otra autoridad legal para reemplazar la Sección 301 y mantener su política arancelaria. El exfuncionario describió esa posibilidad como una preocupación, aunque considera que los opositores solo pueden responder mediante nuevas impugnaciones. Así, la audiencia del 30 de septiembre no solo pondrá bajo examen una investigación concreta sobre trabajo forzado: también reavivará la discusión sobre los límites que el Congreso impuso al poder presidencial para aplicar aranceles.


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