Por Canuto  

Dinamarca espera estar lista en 2027 para trasladar a migrantes irregulares a centros de retorno fuera de la Unión Europea, mientras Alemania busca cerrar un acuerdo con terceros países antes de finalizar 2026 y organizaciones de derechos humanos cuestionan el plan.
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  • Dinamarca prevé transferir a los primeros migrantes irregulares a un país asociado fuera de la UE durante 2027.
  • Alemania, Austria, Grecia, Dinamarca y Países Bajos impulsan un modelo para personas con órdenes de expulsión ejecutables.
  • Amnistía Internacional advierte sobre posibles abusos, mientras Los Verdes alemanes califican el proyecto de ineficaz.

Dinamarca prevé comenzar en 2027 el traslado de migrantes irregulares a centros de retorno ubicados fuera de la Unión Europea, una iniciativa que varios gobiernos del bloque presentan como una herramienta para ejecutar expulsiones pendientes. El ministro danés de Inmigración e Integración, Morten Bødskov, afirmó que su país espera estar listo durante ese año para transferir a los primeros migrantes a un país asociado externo, aunque todavía no se conocen los posibles socios ni la ubicación de las instalaciones.

El anuncio se produjo después de una reunión de varios países europeos celebrada en Dinamarca, donde los participantes revisaron los principios para poner en marcha el proyecto. Alemania también presiona para avanzar, pero su ministro del Interior, Alexander Dobrindt, mantiene como objetivo alcanzar un acuerdo con países ajenos a la UE antes de que termine 2026, una condición necesaria para que los centros puedan establecerse.

Un proyecto europeo con fecha tentativa

Los llamados centros de retorno, también descritos como centros de deportación, estarían destinados a personas que ya cuentan con órdenes de expulsión ejecutables, pero no pueden ser devueltas a sus países de origen. Un ejemplo señalado por los impulsores aparece cuando el país de origen se niega a readmitir a sus ciudadanos, lo que deja las órdenes pendientes y limita la capacidad de las autoridades para concretar la salida.

La propuesta no plantea, según sus promotores, una iniciativa exclusivamente danesa o alemana, sino un proyecto europeo conjunto que debería operar de acuerdo con el derecho de la Unión Europea y las obligaciones internacionales. Bødskov sostuvo que los Estados ya acordaron los principios sobre el camino a seguir y la implementación, aunque ese consenso político todavía debe traducirse en acuerdos prácticos con países externos.

Alemania ha impulsado el proyecto junto con Austria, Dinamarca, Grecia y los Países Bajos, cinco gobiernos que buscan una respuesta coordinada ante las expulsiones que no llegan a ejecutarse. El objetivo declarado consiste en crear una estructura capaz de alojar temporalmente a quienes no pueden regresar a sus países, en lugar de mantener indefinidamente abiertos procedimientos de retorno sin una solución operativa.

La propuesta también tiene una finalidad disuasoria explícita, porque Bødskov afirmó que cualquier modelo de centro de retorno debería reducir de manera significativa el número de personas que ingresan ilegalmente a la UE. Esa expectativa convierte el plan en algo más amplio que una solución administrativa para expulsiones pendientes, ya que sus defensores esperan que el mecanismo influya en las decisiones de quienes intenten llegar al bloque.

Negociaciones pendientes con terceros países

El calendario político todavía depende de conversaciones que no han definido a los países participantes. La información disponible no identifica qué Estados externos a la Unión Europea podrían negociar la instalación de los centros, por lo que la fecha anunciada por Dinamarca representa una meta política y no la confirmación de un acuerdo firmado.

Dobrindt describió la reunión en la capital danesa como una sesión de gran importancia y anunció que el próximo encuentro del grupo de trabajo tendrá lugar en Múnich a finales de septiembre, según lo anunciado durante la reunión. El ministro alemán dijo que Berlín quiere alcanzar un acuerdo con terceros países antes de finalizar 2026, con la intención de que ese entendimiento permita establecer posteriormente los centros de retorno.

La secuencia muestra que el plan aún atraviesa una fase de diseño institucional, en la que los gobiernos han avanzado más en los principios generales que en los detalles operativos. Todavía deben aclararse aspectos como la selección de los países asociados, la gestión de las personas trasladadas y la forma en que las instalaciones cumplirían simultáneamente con las normas europeas y las obligaciones internacionales.

El planteamiento también enfrenta una tensión entre rapidez política y seguridad jurídica. Mientras Dinamarca habla de recibir a los primeros migrantes en 2027, Alemania concentra sus esfuerzos inmediatos en cerrar un acuerdo durante 2026, y ambos calendarios dependen de terceros países que aún no han sido identificados públicamente.

Preocupaciones por los derechos humanos

Los centros han sido discutidos durante años y siguen siendo una de las propuestas más controvertidas dentro del debate europeo sobre migración. Amnistía Internacional teme que su funcionamiento pueda derivar en violaciones de derechos humanos y ha advertido especialmente contra la posibilidad de firmar acuerdos con países involucrados en conflictos o sometidos a inestabilidad política.

La preocupación de la organización se relaciona con el lugar donde serían alojadas las personas y con las garantías disponibles durante su permanencia. Si los futuros centros se ubican fuera de la UE, la supervisión, el acceso a recursos legales y la responsabilidad de los gobiernos participantes podrían convertirse en asuntos centrales para evaluar si el mecanismo respeta las obligaciones internacionales.

Los defensores del proyecto sostienen que los centros deben funcionar conforme al derecho europeo y al derecho internacional, una condición que Bødskov presentó como parte de los principios acordados por los países participantes. Sin embargo, esa declaración general no resuelve todavía las dudas sobre cómo se aplicarían las garantías en cada instalación ni qué autoridad respondería ante posibles abusos.

El debate enfrenta así dos exigencias que los gobiernos deberán resolver antes de poner en marcha el modelo. Por un lado, Dinamarca y Alemania buscan una herramienta que haga más eficaces las órdenes de expulsión; por otro, organizaciones humanitarias reclaman que la externalización del alojamiento no reduzca la protección de las personas sujetas a esos procedimientos.

Críticas políticas y próximos pasos

El plan también recibió críticas dentro de Alemania. Marcel Emmerich, portavoz de política interior del grupo parlamentario de Los Verdes en el Bundestag, describió la reunión de Dinamarca como un intercambio de responsabilidades que no solucionaría los problemas existentes, y cuestionó que la discusión produjera resultados concretos.

Emmerich acusó a Dobrindt de confundir dureza con eficacia y de utilizar la reunión para desviar la atención de sus responsabilidades. Sus declaraciones reflejan una objeción política distinta a la de Amnistía Internacional: mientras la organización humanitaria pone el acento en los derechos y la estabilidad de los países receptores, Los Verdes cuestionan la utilidad práctica y la gestión política del proyecto.

La próxima reunión en Múnich, prevista para finales de septiembre, será el siguiente punto formal del proceso entre los países impulsores. Allí los gobiernos tendrán que avanzar desde los principios anunciados hacia una estructura más concreta, especialmente si Alemania mantiene el objetivo de cerrar un acuerdo con un tercer país antes de que termine 2026.

Por ahora, Dinamarca ofrece el calendario más definido al situar en 2027 la posible transferencia de los primeros migrantes irregulares. La materialización de esa promesa dependerá de que el grupo encuentre socios externos, supere las objeciones jurídicas y responda a las críticas sobre derechos humanos sin limitar el proyecto a una declaración política.

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