Por Canuto  

El gobierno de Canadá reactivó su ofensiva contra las donaciones políticas en criptomonedas con el proyecto de ley C-25, una iniciativa que busca cerrar un canal de financiamiento casi inédito, pero visto por las autoridades como un riesgo para la transparencia y la integridad electoral.
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  • El proyecto de ley C-25 prohibiría donaciones políticas en BTC y otros criptoactivos, además de giros postales y tarjetas prepago.
  • La propuesta retoma el fallido proyecto C-65 y sigue un cambio de postura del Director General de Elecciones, que pasó de pedir controles más estrictos a recomendar una prohibición total.
  • Las sanciones podrían llegar al doble del valor de la contribución ilegal más CAD $100.000 para corporaciones.

 

Canadá dio un nuevo paso para prohibir las donaciones en criptomonedas a campañas políticas federales. La propuesta, contenida en el proyecto de ley C-25, aparece como parte de un esfuerzo más amplio por reforzar las reglas electorales y limitar vías de financiamiento que las autoridades consideran difíciles de rastrear.

La iniciativa, presentada el 26 de marzo bajo el nombre de Ley de Elecciones Fuertes y Libres, no se limita a Bitcoin ni a otros criptoactivos. También incluye giros postales y productos de pago prepago, agrupados por el gobierno como instrumentos con desafíos de trazabilidad y verificación.

La prohibición tendría un alcance amplio dentro del sistema político federal. Abarcaría a partidos registrados, asociaciones de distrito, candidatos, aspirantes a liderazgos, aspirantes a nominaciones y terceros que participen en publicidad electoral, indica CoinDesk.

El movimiento ocurre poco después de que el Reino Unido anunciara una moratoria inmediata sobre las donaciones en criptomonedas a partidos políticos. En ese caso, la preocupación oficial giró en torno a la posibilidad de que los activos digitales sirvieran para ocultar el origen de dinero extranjero en la política británica.

Un canal permitido desde 2019, pero casi sin uso visible

Hasta ahora, Canadá permitía las donaciones en criptomonedas bajo un marco administrativo adoptado en 2019. Ese esquema las trataba como contribuciones no monetarias, similares a una propiedad, y no como aportes en efectivo tradicionales.

Sin embargo, el uso práctico de esa opción parece haber sido mínimo o nulo. Según la información reportada por CoinDesk, ningún gran partido federal aceptó públicamente donaciones en cripto, y tampoco se divulgaron contribuciones de este tipo en las elecciones de 2021 ni en las de 2025.

El diseño original ya incluía varias limitaciones. Las donaciones en cripto no calificaban para recibos fiscales, un factor relevante en un sistema donde muchos aportantes suelen reclamar créditos tributarios por sus contribuciones políticas.

Además, quienes aportaban más de CAD $200 debían ser identificados públicamente con nombre y dirección. Solo eran aceptables criptomonedas respaldadas por blockchains públicas verificables, mientras que monedas centradas en privacidad como Monero o ZCash quedaban excluidas.

Ese marco también obligaba a los candidatos a liquidar sus tenencias a moneda fiduciaria antes de gastar los fondos. En otras palabras, incluso cuando se permitía recibir cripto, su uso directo dentro de la campaña ya estaba acotado por reglas operativas y contables.

El cambio de postura del Director General de Elecciones

La evolución regulatoria no surgió de un caso escandaloso ni de una investigación pública sobre abuso electoral con criptomonedas. Más bien responde a una vulnerabilidad potencial que las autoridades fueron observando con creciente inquietud.

En junio de 2022, tras el ciclo electoral, el Director General de Elecciones recomendó endurecer las reglas aplicables a los aportes en cripto. En ese momento, la posición oficial todavía no era una prohibición total, sino una regulación más estricta para cubrir vacíos percibidos en el régimen existente.

Uno de los puntos que generaba incomodidad era una disposición según la cual las contribuciones de CAD $200 o menos provenientes de vendedores no profesionales podían ser consideradas de valor nulo. En la práctica, eso implicaba una exención parcial del régimen general de financiamiento político.

Para noviembre de 2024, la postura había cambiado de forma clara. El Director General de Elecciones pasó a recomendar una prohibición total, argumentando que la seudoanonimidad de las criptomonedas creaba problemas de transparencia y que la identificación de los contribuyentes era fundamentalmente difícil.

Ese giro es central para entender la lógica del proyecto C-25. El debate ya no se enfoca tanto en cómo regular estas donaciones, sino en si el propio diseño tecnológico de ciertos activos vuelve inviable una verificación adecuada dentro de un sistema electoral que exige trazabilidad e identidad comprobable.

Segundo intento legislativo y sanciones previstas

El proyecto de ley C-25 no es el primer intento de Ottawa por cerrar esta puerta. Su antecesor, el proyecto C-65, incluía disposiciones idénticas, pero no avanzó porque el Parlamento fue prorrogado en enero de 2025.

Con esta nueva reintroducción, el gobierno retoma casi el mismo texto. Si una contribución en cripto se recibe en violación de la prohibición propuesta, el receptor tendría un plazo de 30 días para devolverla, destruirla o convertirla y remitir el producto al Receiver General.

El régimen también contempla sanciones económicas severas. Las penalidades administrativas máximas podrían llegar al doble del valor de la contribución infractora, más CAD $100.000 en el caso de corporaciones.

Por ahora, la iniciativa se encuentra en primera lectura en la Cámara de los Comunes. Eso significa que todavía debe atravesar el proceso legislativo antes de convertirse en ley, aunque su sola presentación ya envía una señal clara sobre el endurecimiento del enfoque canadiense hacia el financiamiento político con activos digitales.

El contraste con Estados Unidos y el contexto más amplio

La decisión de Canadá contrasta con la postura vigente en Estados Unidos. Allí, la Comisión Federal Electoral mantiene orientación sobre cómo revelar adecuadamente las donaciones en BTC y otras criptomonedas a campañas, una práctica permitida desde 2014.

La diferencia muestra que el debate no tiene una respuesta uniforme entre democracias occidentales. Mientras algunos reguladores consideran que la transparencia puede lograrse con divulgación y controles, otros creen que la estructura misma de estos activos complica demasiado la supervisión electoral.

En el caso canadiense, el argumento oficial se ha centrado menos en el volumen real de aportes y más en el riesgo teórico que podrían representar. Eso ayuda a explicar por qué el gobierno busca eliminar una vía que, según los datos disponibles, casi no ha sido utilizada en elecciones federales recientes.

Para el ecosistema cripto, el caso también sirve como recordatorio de que la discusión regulatoria no gira solo en torno a mercados, inversión o pagos. La interacción entre activos digitales y procesos democráticos se está volviendo un frente político propio, especialmente cuando entran en juego transparencia, origen de fondos e integridad institucional.

Por ahora, el debate en Canadá apenas comienza en el plano parlamentario. Pero el contenido del proyecto C-25 deja claro que las autoridades quieren cerrar cualquier resquicio que pueda dificultar la identificación de donantes o la fiscalización del dinero que entra al sistema electoral federal.

Si la ley avanza, Canadá consolidará un enfoque más restrictivo que el estadounidense y alineado con el reciente movimiento británico. Más allá de su impacto práctico inmediato, la medida podría influir en futuras discusiones internacionales sobre criptomonedas y financiamiento político.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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