Por Canuto  

Un juez de Misuri inició la evaluación del acuerdo de Bayer por USD $7.250 millones para resolver decenas de miles de demandas vinculadas con Roundup, mientras persisten objeciones sobre las compensaciones y el papel del glifosato.
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  • El acuerdo busca resolver casi 65.000 demandas pendientes y cubrir posibles reclamos futuros relacionados con Roundup.
  • Los pagos estimados alcanzarían entre USD $60.000 y USD $165.000 para reclamantes ocupacionales, y entre USD $20.000 y USD $40.000 para usuarios residenciales.
  • La Corte Suprema falló 7-2 a favor de Monsanto en un caso relacionado, al concluir que la ley federal prevalece sobre la legislación estatal de Misuri.

Un juez de circuito de Misuri inició el 14 de septiembre la evaluación del acuerdo propuesto por Bayer para poner fin a buena parte del litigio relacionado con el herbicida Roundup. La propuesta, valorada en USD $7.250 millones, busca resolver casi 65.000 reclamaciones pendientes en tribunales federales y estatales, además de establecer un mecanismo para cubrir futuras demandas asociadas con el producto.

La audiencia no necesariamente terminará con una decisión inmediata, porque el juez Timothy Boyer, de St. Louis, deberá examinar los argumentos de los abogados de Monsanto y escuchar las objeciones de representantes de algunos demandantes. El acuerdo recibió una aprobación preliminar de Boyer el 4 de marzo, pero todavía necesita superar la revisión final para convertirse en una salida amplia al conflicto que ha seguido a la compañía durante años.

Un acuerdo diseñado para contener el litigio

Monsanto, adquirida por la alemana Bayer en 2018, anunció el acuerdo en febrero con el objetivo de contener miles de casos que alegan que Roundup provoca cáncer. La empresa sostiene que la propuesta cuenta con el respaldo de abogados que representan a decenas de miles de posibles integrantes del grupo, aunque otros litigantes consideran que sus clientes no deberían quedar obligados a aceptar sus condiciones.

El mecanismo contempla pagos para personas expuestas a Roundup que desarrollaron linfoma no Hodgkin, una forma de cáncer que aparece repetidamente en las demandas contra el herbicida. La cantidad individual dependería de factores como la gravedad de la enfermedad, la edad del reclamante al momento del diagnóstico y el tipo de exposición, ya fuera laboral o doméstica.

Para los reclamantes ocupacionales, entre ellos agricultores, jardineros, trabajadores de mantenimiento y paisajistas, la compensación estimada oscilaría entre USD $60.000 y USD $165.000. Los usuarios residenciales, definidos como propietarios que aplicaron Roundup en jardines, patios o entradas, recibirían montos proyectados de entre USD $20.000 y USD $40.000, según las variables previstas por el acuerdo.

En un comunicado del 28 de agosto, Monsanto afirmó que considera justo el acuerdo para todas las partes y calificó de infundadas las objeciones presentadas contra él. La audiencia será, por tanto, un paso decisivo para determinar si la estructura propuesta ofrece una solución suficientemente amplia a los reclamantes actuales sin cerrar de manera inadecuada la puerta a quienes presenten casos futuros.

El antecedente de la Corte Suprema

La disputa legal llegó hasta la Corte Suprema de Estados Unidos a través de un caso relacionado con John Durnell, residente de Misuri que desarrolló linfoma no Hodgkin después de estar expuesto a Roundup. Un jurado estatal había ordenado previamente el pago de USD $1,25 millones, al concluir que Monsanto no cumplió con una ley de Misuri que exigía advertencias sobre riesgos como el cáncer.

Monsanto apeló aquel veredicto y argumentó que la legislación federal debía prevalecer sobre la norma estatal mediante una doctrina conocida como preempción. La compañía sostuvo que la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas ya regulaba Roundup y su ingrediente activo, el glifosato, mientras que la Agencia de Protección Ambiental había autorizado su uso sin exigir una advertencia adicional relacionada con el cáncer.

El 25 de junio, los magistrados fallaron 7-2 a favor de Monsanto y concluyeron que la ley federal prevalecía sobre la legislación de Misuri en ese conflicto. La decisión anuló la base jurídica del veredicto favorable a Durnell y se convirtió en uno de los pronunciamientos más relevantes del máximo tribunal para la estrategia defensiva de Bayer.

Después de esa decisión, el director ejecutivo de Bayer, Bill Anderson, señaló que la empresa continuaría impulsando el acuerdo de USD $7.250 millones. La compañía ya había pagado USD $10.000 millones en 2020 para resolver numerosos casos de Roundup, pero aquella operación no eliminó la exposición a reclamaciones futuras, que ahora intenta abordar con una estructura más extensa.

La controversia científica y política del glifosato

El glifosato fue registrado por la Agencia de Protección Ambiental como pesticida en 1974 y se convirtió en uno de los productos químicos más utilizados en la agricultura mundial. Mientras defensores de la salud pública lo acusan de aumentar el riesgo de cáncer, Bayer y Monsanto han negado repetidamente que exista un vínculo causal entre sus productos y la enfermedad.

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, perteneciente a la Organización Mundial de la Salud, publicó en marzo de 2015 una revisión que clasificó al glifosato como probablemente carcinogénico para los humanos. Esa conclusión alimentó el litigio y el debate público. La EPA, por su parte, distingue entre la capacidad de una sustancia para causar cáncer bajo cualquier condición y el riesgo asociado con las exposiciones previstas en el mundo real, por lo que las evaluaciones regulatorias y científicas han mantenido la controversia abierta.

La administración del presidente Donald Trump respaldó a Monsanto ante la Corte Suprema mediante un escrito que pidió a los magistrados fallar a favor de la empresa. Además, una orden ejecutiva del 18 de febrero describió el glifosato como crítico para la defensa nacional y ordenó garantizar un suministro adecuado, al advertir que la falta de herbicidas basados en ese compuesto podría perjudicar seriamente la productividad agrícola.

La posición generó fricciones dentro de la base republicana, particularmente entre los seguidores del movimiento Make America Healthy Again, conocido como MAHA, que cuestionan el apoyo gubernamental al glifosato. Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud y una de las figuras del movimiento, había ayudado previamente a conseguir una compensación de USD $289 millones para un cliente que afirmaba que Roundup le había provocado linfoma no Hodgkin.

Tras la orden ejecutiva, Kennedy defendió la necesidad de asegurar el suministro de alimentos en el corto plazo, pero también sostuvo que el sistema agrícola debe alejarse progresivamente de métodos dañinos. En una declaración del 22 de febrero afirmó que los pesticidas y herbicidas son tóxicos por diseño, respaldó el aumento de la producción agrícola dentro de Estados Unidos y señaló que la dependencia de químicos debería reducirse con el tiempo.

Dos meses antes del fallo de la Corte Suprema, Kennedy testificó ante el Congreso y respondió afirmativamente cuando el senador Brian Schatz, demócrata de Hawái, le preguntó si el glifosato causaba cáncer. También recomendó minimizar su consumo tanto como fuera posible, una postura que contrasta con la prioridad oficial de mantener el producto disponible para la agricultura y deja el debate regulatorio lejos de una conclusión definitiva.

Qué está en juego para Bayer y los demandantes

La audiencia de Misuri concentra una tensión central del caso: Bayer necesita reducir una carga legal que persiste desde la adquisición de Monsanto, mientras los demandantes buscan que las compensaciones reflejen la gravedad de sus enfermedades y la incertidumbre sobre sus posibilidades individuales. La aprobación final podría ofrecer previsibilidad financiera, pero también limitaría la capacidad de algunos afectados para continuar litigando por separado.

El monto global del acuerdo no implica que todos los reclamantes recibirán la misma suma ni que cada caso tendrá idéntico tratamiento. La clasificación entre exposición ocupacional y residencial, junto con la edad, la gravedad del cáncer y otros factores previstos, determinará la distribución de los recursos, por lo que las objeciones probablemente se concentrarán en la suficiencia y equidad de esas categorías.

El antecedente de la Corte Suprema refuerza la posición de Bayer en ciertos casos basados en obligaciones estatales de etiquetado, pero no elimina la discusión científica ni política sobre el glifosato. La empresa puede obtener una ventaja procesal frente a algunas demandas, aunque todavía enfrenta el desafío reputacional de un producto asociado durante años con acusaciones de cáncer y con indemnizaciones millonarias otorgadas por jurados.

La decisión del juez Boyer definirá si el acuerdo puede avanzar hacia una resolución amplia o si las objeciones obligarán a modificar sus términos. Hasta entonces, la disputa seguirá vinculando el costo financiero de Bayer, la responsabilidad corporativa y la discusión sobre cuánto riesgo puede asumir la agricultura antes de que la productividad entre en conflicto con la salud pública.

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