
El Departamento de Justicia de EE. UU. presentó cargos contra dos personas presuntamente asociadas con el cartel de Sinaloa, quienes habrían utilizado criptomonedas para concretar la producción y tráfico de drogas.
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- Un padre y su hijo enfrentan cargos en EE. UU. por liderar una red de narcotráfico vinculada al cártel de Sinaloa
- Análisis Blockchain revelan pagos millonarios en cripto para adquirir precursores de fentanilo
- El gobierno de EE. UU. ha comenzado a incautar activos digitales con base en la orden de terrorismo firmada por Trump
La acusación formal contra Pedro Inzunza Noriega y su hijo Pedro Inzunza Coronel, revelada esta semana por el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), ha puesto en evidencia la creciente conexión entre el crimen organizado, el narcotráfico internacional y el uso de criptomonedas.
Ambos acusados son señalados como líderes de una vasta red de tráfico de drogas que operaba en nombre de la Organización Beltrán Leyva, un brazo del cártel de Sinaloa. La acusación detalla el contrabando de decenas de miles de kilogramos de fentanilo, cocaína, metanfetamina y heroína hacia territorio estadounidense, pagadas con monedas digitales.
El nuevo frente digital: Blockchain y narcotráfico
Aunque los cargos del DOJ se centran en los delitos de tráfico de drogas, análisis realizados por empresas especializadas en rastreo de transacciones Blockchain han detectado patrones preocupantes. Las firmas Chainalysis, TRM Labs y Elliptic han vinculado el uso de monedas estables y otras criptodivisas a operaciones relacionadas con la producción de fentanilo, detalla The Block.
Un informe de Chainalysis, publicado en marzo de 2025, reveló que se rastrearon pagos por un total de USD $5,5 millones en stablecoins utilizados por cárteles latinoamericanos para adquirir precursores químicos a fabricantes en China. Estas transacciones permitieron a las autoridades del Distrito Este de Wisconsin incautar los fondos, en lo que se ha considerado un precedente legal importante.
Además, TRM Labs identificó que vendedores de precursores de fentanilo en al menos 26 ciudades chinas aceptaban criptomonedas como método de pago habitual. Por su parte, Elliptic reportó que productores de drogas ilícitas han recibido millones de dólares en activos digitales durante los años más críticos de la crisis de opioides en Estados Unidos.
Esta tendencia marca una evolución en las operaciones del narcotráfico. Tradicionalmente basadas en rutas físicas y en dinero en efectivo, las redes criminales ahora utilizan herramientas digitales sofisticadas que les permiten mover fondos rápidamente y con menos exposición a controles fronterizos.
Otro informe de Chainalysis, de 2024 también apunta a que, desde 2015, tiendas químicas sospechosas de producir narcóticos han recibido más de USD $250 millones en criptoactivos. Estos hallazgos sugieren que la infraestructura digital se ha convertido en un canal clave para financiar actividades ilícitas, evadiendo los mecanismos tradicionales de control financiero.
Marco legal: el impacto de la clasificación FTO
La acción del DOJ se enmarca en una nueva política impulsada por el presidente Donald Trump, quien en enero firmó una orden ejecutiva que permite designar a grupos criminales internacionales como organizaciones terroristas extranjeras (FTO). Esta clasificación habilita al gobierno estadounidense para incautar activos, incluyendo criptomonedas, de individuos o entidades asociadas.
Este nuevo marco legal ha sido utilizado por el Departamento del Tesoro de EE. UU., que a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó en septiembre de 2023 a diversas direcciones de Ethereum vinculadas a Jiménez Castro, presunto miembro del cártel de Sinaloa.
Las sanciones impuestas por OFAC implican que las entidades financieras y plataformas cripto reguladas deben bloquear cualquier transacción con las wallets afectadas, reduciendo así la capacidad de los narcotraficantes de mover fondos libremente.
Desafíos y respuestas en la era digital
El uso de criptomonedas por parte de redes criminales representa un reto creciente para los sistemas de justicia. Si bien la transparencia inherente a las redes Blockchain permite rastrear transacciones, la descentralización y la existencia de herramientas de anonimato complican la identificación de los usuarios detrás de cada wallet.
Frente a este desafío, las agencias estadounidenses han incrementado su colaboración con firmas privadas de análisis forense digital. La sinergia entre el sector público y el privado ha permitido ejecutar decomisos significativos y sentar las bases para una legislación más efectiva en el futuro cercano.
No obstante, expertos advierten que mientras las criptomonedas sigan siendo atractivas por su rapidez y bajo costo de transacción, los grupos criminales seguirán adaptándose para explotar sus ventajas.
Artículo escrito con ayuda de un redactor de contenido de IA, editado por Angel Di Matteo / DiarioBitcoin
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