Por Angel Di Matteo   𝕏 @shadowargel

Expertos en derecho financiero debatieron sobre el avance desigual de la región, los retos jurídicos y la necesidad urgente de armonizar marcos regulatorios para impulsar la tokenización de activos en Latinoamérica, esto tomando como referencia lo visto en EE. UU. y en la Unión Europea.

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  • Panelistas advierten falta de definiciones y marcos unificados en la región.
  • Debates revelan tensiones entre innovación, supervisión y voluntad política.
  • Experiencias como la ley MiCA y GENIUS Act sirven como guía para Latinoamérica.

Continúan las conferencias en esta nueva edición del Blockchain Summit Latam, evento que se celebra entre el 12 y el 14 de noviembre en los espacios de la Universidad EAFIT en la ciudad de Medellín, Colombia, donde se abordaron temas clave relacionados con las monedas digitales, Blockchain y las nuevas tecnologías emergentes, considerando desde aspectos regulatorios hasta temas de orden financiero.

Durante la edición de este 13 de noviembre tuvo lugar un panel compuesto por los especialistas legales latinoamericanos Alvaro Castro, Lissa Parra, Sebastián Zapata, Ximenta Monclou y Albi Rodríguez, en el cual analizó el avance regulatorio y los desafíos para armonizar los mercados de valores tokenizados en Latinoamérica frente a los modelos de EE. UU. y la Unión Europea. El debate evidenció la complejidad del ecosistema jurídico regional y la necesidad de cooperación para reducir la fragmentación existente.

Estado actual de las jurisdicciones latinoamericanas

Los participantes coincidieron en que la región avanza de forma dispar. Castro explicó que Latinoamérica, y en particular Perú, no suele marcar tendencia en materia regulatoria. Señaló que desde la pandemia el regulador bancario peruano posee facultades para crear sandboxes que permitan experimentar con estructuras digitales de representación de valor. Comentó que se toman como referencia los avances de Argentina, país que ya cuenta con leyes relacionadas con estos activos, lo que sirve como guía para desarrollar modelos propios sin imponer barreras prematuras.

Parra añadió que Colombia continúa en una etapa prerregulatoria. Subrayó que, aunque no existen definiciones oficiales, sí hay claridad respecto a lo que no son los valores tokenizados. Destacó que el sandbox ha permitido la emisión de bonos basados en Blockchain, lo que genera avances prácticos para evaluar su viabilidad. Indicó que en el Congreso se discuten proyectos sobre intermediación y custodia de activos virtuales. Aunque estas propuestas aún resultan incompletas, ofrecen puntos iniciales para comprender cómo podrían integrarse estos activos sin encasillarlos en regímenes tradicionales.

Monclou complementó la visión sobre Colombia y precisó que el Banco de la República ha reiterado que los criptoactivos no constituyen moneda de curso legal ni valores. Señaló que diferentes entidades regulan aspectos específicos según sus competencias. Recordó que la DIAN emitió conceptos en 2023 que brindan luces sobre la interpretación tributaria y que la UIAF ha establecido lineamientos para exchanges con el fin de reforzar el monitoreo de operaciones.

Zapata, desde una perspectiva más vinculada al ecosistema empresarial, advirtió que el volumen de dinero tokenizado a través de stablecoins ha despertado la atención de autoridades en varios países. Indicó que no existe en Colombia un régimen transversal sobre estas operaciones, aunque sí es posible aplicar analogías con normativas vigentes. Subrayó que la tokenización está permitida y que prohibirla sería perjudicial para el desarrollo del sector.

Retos prácticos para avanzar en la tokenización

Parra sostuvo que los desafíos principales consisten en replicar, desde los vehículos jurídicos existentes, la lógica de la tokenización.

Afirmó que, sin marcos jurídicos específicos, resulta difícil generar estructuras robustas, pero insistió en que la tokenización debe entenderse como un mecanismo para ampliar el acceso al mercado de valores. Agregó que la naturaleza jurídica del valor tokenizado abre múltiples preguntas que requieren respuestas coordinadas entre autoridades y actores privados.

El panel planteó que la falta de estándares regionales reduce la competitividad y dificulta la innovación. Los panelistas argumentaron que se necesita claridad jurídica para evitar riesgos operativos, fortalecer la confianza de inversionistas e incentivar a empresas emergentes a construir productos que puedan escalar en diferentes mercados latinoamericanos.

Lecciones de la ley MiCA y el GENIUS Act para la región

Castro remarcó que la mayoría de los activos digitales no poseen regímenes rígidos de representación, lo que puede convertirse en ventaja para el sector privado no regulado. Explicó que, en ausencia de prohibición explícita, muchas iniciativas pueden avanzar mediante mecanismos de emprendimiento y prueba. Sostuvo que Perú podría acercarse al enfoque europeo de MiCA, ya que el regulador prefiere no intervenir sin una ley formal que tipifique los activos digitales.

El abogado peruano agregó que la autoridad debe reconocer las brechas de entendimiento y permitir que el ecosistema privado experimente en un marco controlado. Desde su perspectiva, esta dinámica genera aprendizaje regulatorio y evita imponer restricciones prematuras que frenen la innovación.

Por su parte, Monclou introdujo el caso CELO CCOP, destacando que su modelo de stablecoin utiliza un protocolo distinto al de USDT o USDC. Indicó que es posible verificar reservas en la forma de otras criptomonedas, lo que implica un enfoque más flexible. Este ejemplo revela como tecnologías alternativas pueden integrarse a sistemas regulatorios si se adoptan criterios basados en el funcionamiento real del producto.

Zapata explicó que para empresas como Bitso el cumplimiento debe elevarse, incluso si las normativas superan lo que el modelo requiere. Subrayó que una startup debe construir soluciones preparadas para operar en múltiples jurisdicciones, especialmente cuando busca expandirse hacia mercados regulados como Estados Unidos.

Hacia la convergencia regulatoria

El panel coincidió en que los países están desarrollando soluciones similares, pero sin un estándar compartido. Subrayaron que esta fragmentación obliga a las empresas a solicitar licencias en cada país, aunque sus procesos internos ya cumplan con medidas equivalentes en todas las regiones donde operan. Afirmaron que las versiones tokenizadas de activos podrían diseñarse para cumplir normas universales, siempre y cuando los reguladores adopten un lenguaje común y criterios compatibles.

Castro advirtió que la falta de voluntad política entorpece la participación de entidades sin licencia en sandbox regulatorios, incluso cuando ofrecen productos comparables a los supervisados. Parra complementó señalando que organismos multilaterales podrían crear guías o taxonomías que unifiquen conceptos, en línea con esfuerzos que llevan organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El grupo concluyó que la región requiere esquemas de colaboración que permitan flujos regulatorios más ágiles y transparentes, lo que facilitaría la creación de productos armonizados con estándares internacionales.

Capacitación y desafíos de conocimiento para reguladores

Ya para finalizar, Monclou afirmó que la región aún enfrenta un largo camino en materia formativa. Reconoció la existencia de profesionales capacitados que investigan desde instituciones públicas y privadas, pero señaló que los esfuerzos prácticos siguen siendo insuficientes. Afirmó que la velocidad del mercado digital supera la del proceso regulatorio, por lo que se necesita mayor entendimiento, voluntad política y formación continua.

Zapata sostuvo que algunas autoridades poseen amplio conocimiento técnico, aunque el reto más grande sigue siendo la voluntad política. Argumentó que existe asimetría de información en el sector y que las personas no siempre pueden distinguir entre plataformas responsables y otras menos rigurosas, por lo que una regulación clara permitiría que el público identifique a los actores más confiables.

Parra recalcó que ni siquiera existe un lenguaje común para describir conceptos clave. Consideró necesario unificar términos y criterios para trascender la etapa experimental de los sandbox. Indicó que la región debe abordar problemas reales que requieren intervención concreta y acelerar los procesos de aprendizaje para sostener el desarrollo de la tokenización.

Finalmente, Castro advirtió que en Perú existe arbitraje regulatorio por la presencia de organismos con recursos desiguales que atienden ecosistemas similares. Explicó que la mayoría de los países no restringen el acceso de inversores a modelos de negocio emergentes, por lo que termina recayendo en los propios participantes la responsabilidad de asumir riesgos.

Sobre el Blockchain Summit Latam 2025

Recordamos a nuestros lectores que esta nueva edición del Blockchain Summit Latam tiene lugar actualmente en Medellín, entre los días 12 y 14 de noviembre en los espacios de la Universidad EAFIT.

Si desea conocer más sobre el evento, sus incidencias y sus conferencias, puede visitar la web del Blockchain Summit Latam o seguirles en sus redes sociales a continuación:

DiarioBitcoin figura como Media Partner del Blockchain Summit Latam

Artículo de Angel Di Matteo / DiarioBitcoin

Imagen de DiarioBitcoin


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