Por Angel Di Matteo   𝕏 @shadowargel

Países Bajos avanza hacia un nuevo impuesto que gravaría ganancias no realizadas en Bitcoin, acciones y bonos, lo que podría obligar a pagar a los usuarios incluso sin vender activos.

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  • El plan “Wet werkelijk rendement Box 3” aplicaría desde 2028 y mediría el rendimiento real anual por variación de valor e ingresos recibidos.
  • El debate político se intensificó: críticos temen cobros sobre “ganancias en papel”, mientras defensores alertan de pérdidas fiscales por €2.300 millones al año.
  • La reforma trataría distinto al sector inmobiliario, permitiendo deducciones de gastos y cobrando impuestos solo cuando la ganancia se materialice.

 

Países Bajos se encamina a implementar un cambio estructural en su sistema tributario, con un modelo que impondría impuestos sobre ganancias de capital no realizadas en activos como Bitcoin (BTC), acciones, bonos y otros instrumentos financieros. La reforma se produce en un contexto de presión política y legal, luego de que fallos judiciales rechazaran el esquema actual, el cual se apoyaba en rendimientos “supuestos” o ficticios.

De acuerdo con documentos parlamentarios citados por Netherlands Times, la propuesta obligaría a los inversionistas a pagar cada año en función de la evolución del valor de sus activos, incluso si no han vendido. Esto convierte las ganancias no realizadas en un componente gravable, lo que introduce una carga fiscal anual sobre la revalorización del portafolio.

El proyecto está asociado al rediseño del impuesto conocido como Box 3, una categoría enfocada en la tributación del patrimonio y rendimientos de ahorro e inversión. La reforma recibe el nombre Wet werkelijk rendement Box 3 y, según el cronograma planteado, entraría en vigor en 2028.

Un giro clave: impuestos sobre variación anual del valor

El cambio central consiste en que el sistema pasaría a gravar el “rendimiento real” anual, medido mediante la diferencia entre el valor de un activo al inicio y al final del año, sumado a cualquier ingreso recibido en el período. En la práctica, esto integraría tanto ganancias realizadas como no realizadas bajo el mismo paraguas de tributación.

Para el mercado cripto, este enfoque podría traducirse en obligaciones tributarias anuales incluso si un inversor simplemente mantiene BTC o cualquier otro activo sin vender. Esto ha encendido alarmas entre quienes consideran que la propuesta no refleja adecuadamente el componente de liquidez, especialmente en mercados volátiles.

El debate no se limita a Bitcoin. La reforma se aplicaría también a instrumentos tradicionales como acciones y bonos, expandiendo el impacto a una base amplia de inversionistas minoristas e institucionales que concentran parte de su patrimonio en instrumentos financieros.

Desde la perspectiva del gobierno, el ajuste busca corregir el problema del sistema anterior, el cual gravaba rendimientos ficticios. Los tribunales concluyeron que ese modelo era ilegal, al cobrar impuestos sobre retornos asumidos que no necesariamente ocurrían en la realidad económica de cada contribuyente.

El parlamento presiona pese a dudas internas

El avance legislativo ha estado marcado por tensiones políticas. Según reportó De Telegraaf, los miembros de la Tweede Kamer, la cámara baja del parlamento neerlandés, debatieron extensamente la propuesta y formularon más de 130 preguntas al Secretario de Estado interino de Impuestos, Eugène Heijnen.

Esa cifra refleja el nivel de inquietud dentro del legislativo. Incluso entre partidos dispuestos a apoyar la reforma, existe conciencia de que el diseño genera fricciones importantes y podría derivar en efectos colaterales para los contribuyentes.

Aun así, se consolidó una postura general: retrasar nuevamente la reforma sería demasiado costoso. Parlamentarios argumentaron que mantener el esquema actual implicaría pérdidas para el tesoro cercanas a €2.300 millones por año, una cifra que ha sido usada como justificación para impulsar el cambio, incluso entre quienes mantienen reservas.

En ese contexto, varios partidos confirmaron respaldo, incluyendo VVD, CDA, JA21, BBB y PVV. También se sumaron D66 y GroenLinks-PvdA, completando una mayoría política suficiente para sostener el proceso.

GroenLinks-PvdA defendió su apoyo señalando que gravar utilidades no realizadas evitaría “miles de millones” en pérdidas presupuestarias. Según De Telegraaf, el diputado Luc Stultiens argumentó además que el enfoque resultaría más simple de implementar que otras alternativas.

La preocupación central: pagar impuestos sin vender

El punto más polémico sigue siendo el mismo: el Estado cobraría impuestos sobre activos que no se han vendido y que, por tanto, no han generado flujo de caja. En términos prácticos, esto podría forzar a algunos inversionistas a vender parte de su portafolio solo para cubrir la obligación tributaria.

Netherlands Times indicó que la mayoría de los partidos en la Tweede Kamer considera este resultado indeseable. La crítica se centra en que no todos los contribuyentes tienen liquidez disponible para pagar tributos anuales sobre apreciaciones, especialmente cuando el rendimiento está solo “en papel”.

El propio Eugène Heijnen reconoció que la preferencia inicial del gobierno interino era aplicar impuestos únicamente cuando los inversionistas recibieran pagos. Sin embargo, sostuvo que con el objetivo de implementación en 2028, esa modalidad sería inviable desde el punto de vista operativo.

Heijnen también advirtió que nuevos retrasos empeorarían las finanzas públicas. Según su posición, el Estado no podría absorber la presión fiscal adicional que generaría mantener el sistema sin cambios por más tiempo, lo que terminó inclinando a varios partidos hacia un apoyo “a regañadientes”.

Este choque entre viabilidad técnica y aceptación política ha convertido la reforma en un caso emblemático del dilema que enfrentan varios países: cómo gravar correctamente el capital financiero en una economía moderna, sin castigar la inversión ni crear distorsiones excesivas.

Bienes raíces con reglas distintas y nuevas cargas por uso personal

La reforma no aplicaría de forma idéntica a todos los activos. El texto contempla un tratamiento distinto para bienes raíces. En lugar de gravar la variación anual del valor, los propietarios de inmuebles pagarían impuestos cuando las ganancias se materialicen, no de forma anual por revalorización.

También se permitiría deducir gastos de la utilidad imponible, lo que reduce parte de la carga fiscal frente al esquema general diseñado para activos financieros. Esta diferencia se presenta como un intento de corregir distorsiones del modelo vigente, que habría limitado deducciones y aplicado retornos supuestos incluso cuando los costos reales eran más altos.

Además, el sistema incluiría un gravamen adicional por el uso personal de una segunda vivienda. Según los legisladores, este componente busca ajustar el cálculo del impuesto en propiedades que no están destinadas a generar ingresos, pero sí representan un beneficio económico para el propietario.

Para críticos de la reforma, esta diferenciación podría generar discusiones adicionales sobre equidad. En particular, se abre el debate sobre por qué los activos financieros serían gravados anualmente sobre su apreciación, mientras que los inmuebles tendrían un enfoque más asociado al resultado efectivo.

Complejidad: un problema que podría mantenerse

Otro de los cuestionamientos es el riesgo de que el nuevo marco sea demasiado complejo. El diputado Pieter Grinwis, de ChristenUnie, advirtió durante el debate que la reforma podría igualar o incluso superar en complejidad al sistema actual.

De acuerdo con De Telegraaf, Grinwis cuestionó la coherencia del proceso al señalar que año tras año se promete simplificación, pero se termina diseñando un esquema más difícil de administrar. Su frase resume una parte del debate político: se desea un sistema más justo, pero no necesariamente uno más pesado para los contribuyentes.

El escenario deja una interrogante abierta para el mercado y para los contribuyentes neerlandeses: si un impuesto que incluye ganancias no realizadas puede equilibrar justicia fiscal, urgencia presupuestaria y factibilidad administrativa sin trasladar una carga excesiva a quienes invierten.

En el fondo, el caso neerlandés se proyecta como un precedente relevante. La discusión sobre gravar ganancias no realizadas es frecuente en economías desarrolladas, pero su ejecución rara vez avanza con rapidez debido al impacto político, técnico y social que puede generar.

Artículo escrito con ayuda de un redactor de contenido de IA, editado por Angel Di Matteo / DiarioBitcoin

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público


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