Por Angel Di Matteo   𝕏 @shadowargel

Irlanda impulsa una nueva ley para ampliar la vigilancia estatal y regular el uso de spyware en investigaciones criminales. La medida busca dotar a las autoridades de mejores herramientas, aunque insisten en que se respetarán garantías de privacidad y proporcionalidad, ya que solo se empleará en casos especiales.

***

  • El gobierno irlandés presentó un proyecto de ley para regular la “intercepción legal” y habilitar vigilancia incluso sobre comunicaciones cifradas.
  • La propuesta contempla acceso a contenido y metadatos, y abre una base legal para el uso de software de vigilancia encubierta en dispositivos electrónicos.
  • Autoridades prometen salvaguardas como autorización judicial y criterios de necesidad y proporcionalidad frente a delitos graves o amenazas al estado.

 

Irlanda está considerando nueva legislación para otorgar mayores poderes de vigilancia a sus agencias de aplicación de la ley, incluyendo la posibilidad de utilizar spyware en investigaciones. El gobierno del país anunció esta semana la introducción del proyecto Communications (Interception and Lawful Access) Bill, una norma destinada a regular la llamada “intercepción legal”, el término utilizado por la industria para referirse a tecnologías de vigilancia.

El anuncio coloca a Irlanda en el centro de una discusión cada vez más visible en Europa: hasta dónde deben llegar las autoridades para investigar delitos graves y amenazas de seguridad en un mundo donde la comunicación digital, especialmente la cifrada, se ha convertido en la regla. En este debate, las herramientas de vigilancia invasiva como el spyware aparecen como un punto crítico por su potencial de abuso.

Según el anuncio del gobierno, la ley regularía el uso de tecnología asociada a empresas como Intellexa, NSO Group y Paragon Solutions. El texto no especifica que Irlanda vaya a adquirir herramientas de estas compañías, pero las menciona como ejemplos dentro del mercado de la “intercepción legal”, una industria global que ha crecido en paralelo al auge de servicios cifrados.

Jim O’Callaghan, ministro de justicia, asuntos internos y migración de Irlanda, justificó la iniciativa señalando que “existe una necesidad urgente de un nuevo marco legal para la intercepción legal” que permita enfrentar “delitos graves y amenazas a la seguridad”. El funcionario también aseguró que el nuevo marco incluirá “salvaguardas legales robustas” para garantizar que el uso de estos poderes sea “necesario y proporcional”.

Un marco legal que quedó atrapado en 1993

Uno de los motores principales de este cambio es que la legislación vigente en Irlanda sobre intercepción legal data de 1993. De acuerdo con el anuncio, esa ley se diseñó antes de gran parte de los métodos modernos de comunicación, incluyendo aplicaciones actuales que permiten enviar mensajes y hacer llamadas con cifrado de extremo a extremo.

Ese tipo de cifrado, por diseño, evita que terceros puedan acceder al contenido mientras el mensaje viaja entre emisor y receptor. En términos prácticos, eso significa que incluso si un gobierno intercepta el tráfico, no puede leerlo fácilmente sin otro método de acceso, lo que empuja la investigación hacia técnicas mucho más intrusivas.

En ese contexto, el anuncio explica que las comunicaciones cifradas suelen ser accesibles únicamente si las autoridades logran intervenir el dispositivo objetivo. Esto puede hacerse de forma remota mediante spyware de nivel gubernamental, o de manera local con herramientas forenses, como los dispositivos de Cellebrite, reseña TechCrunch.

El gobierno irlandés señaló que la nueva normativa cubrirá “todas las formas de comunicaciones, estén cifradas o no”. Además, el anuncio indica que la ley podría usarse para obtener tanto el contenido de las comunicaciones como los metadatos asociados, es decir, información sobre quién se comunicó con quién, cuándo y cómo.

¿Qué implicaría el uso de spyware bajo la propuesta?

Aunque el proyecto todavía debe ser estructurado con más detalle, el anuncio incluye un apartado específico que apunta a la necesidad de “una nueva base jurídica para el uso de software de vigilancia encubierta como un medio alternativo de intercepción legal” para obtener acceso a dispositivos electrónicos.

Ese lenguaje, en la práctica, es una referencia directa al spyware para computadoras y teléfonos móviles, tecnologías que pueden permitir acceso total al dispositivo de una persona. Este tipo de herramientas se asocia con capacidades que van más allá de interceptar mensajes, como activar micrófonos, leer información almacenada o monitorear actividad en tiempo real.

El anuncio no detalla cómo se ejecutarían estas nuevas facultades en la práctica, precisamente porque la ley aún no ha sido redactada completamente. Sin embargo, el planteamiento del gobierno deja claro que busca adaptar sus capacidades de vigilancia a un entorno donde el cifrado vuelve ineficaces muchos métodos tradicionales.

Desde una perspectiva regulatoria, el lenguaje del proyecto también busca formalizar y encuadrar este tipo de vigilancia dentro de una categoría de “intercepción legal”, con límites y controles. Pero el alcance real dependerá de cómo se definan las condiciones, quién autorice las operaciones y qué tipo de supervisión exista.

Privacidad, cifrado y autorización judicial como garantía

El gobierno irlandés prometió que estos poderes vendrán acompañados de “las salvaguardas necesarias de privacidad, cifrado y seguridad digital”. Entre ellas se mencionan autorización judicial, la garantía de que se usen “en casos específicos” y solo cuando las circunstancias superen “una prueba de necesidad y proporcionalidad”.

En el anuncio también se indica que estas herramientas estarían destinadas a enfrentar delitos graves o amenazas a la seguridad del Estado. En términos de política pública, esta narrativa se repite con frecuencia en iniciativas de vigilancia: el argumento central es que las fuerzas del orden necesitan nuevas capacidades para responder a riesgos contemporáneos.

O’Callaghan, en sus declaraciones, insistió en que el nuevo marco legal buscará equilibrar la respuesta del Estado con garantías para evitar excesos. Aun así, el historial internacional del spyware ha alimentado el escepticismo de organizaciones civiles, investigadores y periodistas sobre cómo estas herramientas terminan utilizándose con el tiempo.

La ausencia de detalles técnicos en el anuncio deja abiertas preguntas clave sobre qué tipo de acceso se permitiría, cómo se protegería el cifrado sin vulnerarlo para el resto de la población y qué mecanismos existirían para evitar que la vigilancia se extienda más allá de los casos extremos.

El contexto europeo: spyware cada vez más normalizado pese a los abusos

La iniciativa irlandesa ocurre mientras el spyware gubernamental sigue proliferando en Europa, incluso después de escándalos recientes por abusos que han mostrado cómo estas herramientas pueden emplearse para violar derechos humanos. El anuncio recuerda que hace una década los casos más mediáticos se concentraban en países de Medio Oriente y Sudamérica, donde los estándares de derechos humanos pueden variar ampliamente.

Sin embargo, en los últimos años han surgido varios casos de uso indebido en países europeos, incluyendo Grecia, Hungría, Italia y Polonia. Ese contexto es relevante porque demuestra que el debate sobre vigilancia no está limitado a regímenes autoritarios, sino que también alcanza democracias consolidadas.

El texto subraya que el spyware se usa en Europa desde hace más de 20 años, aunque durante años el tema permaneció en un segundo plano. A medida que la tecnología se expandió y aparecieron filtraciones e investigaciones, la discusión se volvió más pública y más política.

Artículo escrito con ayuda de un redactor de contenido de IA, editado por Angel Di Matteo / DiarioBitcoin

Imagen original de Unsplash


ADVERTENCIA: DiarioBitcoin ofrece contenido informativo y educativo sobre diversos temas, incluyendo criptomonedas, IA, tecnología y regulaciones. No brindamos asesoramiento financiero. Las inversiones en criptoactivos son de alto riesgo y pueden no ser adecuadas para todos. Investigue, consulte a un experto y verifique la legislación aplicable antes de invertir. Podría perder todo su capital.

Suscríbete a nuestro boletín

Artículos Relacionados