Por Canuto  

Una jueza de Nueva York permitirá que avance la demanda de la fiscal general Letitia James contra Zelle, acusada de no adoptar medidas de seguridad que, según la autoridad, facilitaron fraudes por más de USD $1.000 millones.

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  • La jueza Phaedra Perry-Bond rechazó la solicitud de Early Warning Services, empresa matriz de Zelle, para desestimar el caso.
  • La fiscalía sostiene que Zelle priorizó la adopción y la conveniencia sobre la seguridad de los consumidores.
  • Zelle anunció que apelará y negó que los informes de fraude contra sus usuarios sean significativos.

 

Una jueza de Nueva York rechazó la solicitud de Zelle para desestimar una demanda presentada por la fiscal general del estado, Letitia James. La acusación sostiene que la plataforma permitió condiciones que facilitaron el robo de más de USD $1.000 millones a consumidores.

La decisión mantiene abierto un proceso relevante para el sector de pagos digitales en Estados Unidos. También coloca bajo presión a una plataforma respaldada por siete de los principales bancos del país.

La demanda continuará en los tribunales de Nueva York

La jueza Phaedra Perry-Bond, del tribunal estatal de Nueva York en Manhattan, emitió su decisión el martes. El fallo concluyó que la fiscalía alegó suficientes elementos para que el caso continúe en esta etapa.

James afirma que Early Warning Services, empresa matriz de Zelle, priorizó la accesibilidad, la conveniencia, la adopción por parte de los consumidores y el dominio del mercado. Según la acusación, esas prioridades se impusieron sobre la seguridad de los usuarios.

La fiscal general también sostiene que la compañía aceleró el lanzamiento de Zelle pese a las objeciones planteadas por sus socios bancarios. La demanda busca determinar si esas decisiones contribuyeron a crear un entorno favorable para los defraudadores.

El caso no representa una conclusión definitiva sobre la responsabilidad de Zelle. La decisión de Perry-Bond únicamente permite que las reclamaciones de la fiscalía avancen, después de que la empresa intentara detenerlas mediante una solicitud de desestimación.

Reuters informó que Zelle tiene la intención de apelar el fallo. La compañía sostiene que las acusaciones de James no cuentan con respaldo suficiente en los hechos ni en la legislación aplicable.

Las acusaciones sobre seguridad y publicidad

La fiscalía cuestiona la manera en que Zelle presentó sus servicios ante los consumidores. Entre los mensajes señalados figuran afirmaciones de que la plataforma ofrecía “tranquilidad” y estaba “respaldada por los bancos, por lo que sabes que es segura”.

James considera que ese tipo de publicidad pudo generar una percepción de protección superior a la que realmente ofrecía el sistema. La controversia gira, en parte, alrededor de si esas promesas resultaban engañosas frente a los riesgos conocidos de las transferencias digitales.

La demanda describe varios métodos utilizados por los estafadores. Entre ellos aparecen el hackeo de cuentas para ejecutar transferencias no autorizadas y el engaño a usuarios que enviaban dinero por bienes o servicios inexistentes.

Los defraudadores también habrían suplantado la identidad de bancos, oficinas gubernamentales y empresas de servicios públicos. Esas tácticas buscan aprovechar la confianza del consumidor para inducirlo a entregar fondos voluntariamente.

La fiscalía afirma que Zelle no adoptó hasta 2023 varias salvaguardas que había propuesto cuatro años antes. James relaciona ese retraso con investigaciones iniciadas por la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor de Estados Unidos y por varios miembros del Congreso.

El debate sobre tarifas y transacciones fraudulentas

Perry-Bond también examinó el tratamiento de las tarifas asociadas con operaciones fraudulentas. La jueza señaló que Zelle admitió que todavía cobra y retiene tarifas vinculadas con ese tipo de transacciones.

Para la magistrada, esa práctica plantea una pregunta central sobre la conducta de la empresa. El tribunal deberá considerar si el cobro y la retención de esas tarifas implicaron una aprobación implícita o explícita de las acciones de los defraudadores.

La cuestión resulta importante porque no se limita a la existencia de estafas individuales. También examina los incentivos económicos alrededor del funcionamiento de una plataforma que procesa pagos entre consumidores y entidades financieras.

Zelle argumentó que no era engañoso anunciar el servicio como seguro. La empresa también negó que pudiera ser responsable por lo que describió como una “no inacción pasiva” frente a un supuesto entorno propicio para el fraude.

El fallo permite que esas posiciones sean evaluadas durante el desarrollo del litigio. Por ahora, la resolución no establece que Zelle haya cometido fraude ni confirma la cifra reclamada por la fiscalía como una responsabilidad judicial definitiva.

El respaldo de los bancos y la respuesta de Zelle

Early Warning Services pertenece a siete grandes bancos estadounidenses. La lista incluye Bank of America, Capital One, JPMorgan Chase, PNC, Truist, US Bank y Wells Fargo.

La estructura de propiedad conecta el caso con algunas de las instituciones financieras más relevantes del país. También explica por qué las prácticas de Zelle pueden tener consecuencias más amplias para la confianza en los pagos digitales respaldados por bancos.

Zelle fue lanzada en 2017 y compite con Venmo, propiedad de PayPal, y Cash App, de Block. Estas aplicaciones forman parte de un mercado de transferencias rápidas en el que la facilidad de uso es uno de los principales argumentos comerciales.

El portavoz de Zelle, Eric Blankenbaker, afirmó que los informes de fraudes y estafas cometidos por actores maliciosos contra usuarios de la plataforma siempre han sido excepcionalmente bajos. También acusó a la fiscal general de atacar a la compañía por beneficios políticos.

Blankenbaker sostuvo que James está reciclando afirmaciones que otros tribunales del país han rechazado por infundadas. La oficina de la fiscal general no estuvo disponible de inmediato para responder a esas declaraciones.

El antecedente de la CFPB

La demanda de James surgió después de que la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor abandonara un caso similar en marzo de 2025. Esa agencia había examinado previamente las acusaciones relacionadas con el manejo del fraude en Zelle.

La CFPB terminó la mayor parte de su actividad de cumplimiento poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzara su segundo mandato en la Casa Blanca. El retiro de la agencia dejó el caso de Nueva York como una de las principales acciones públicas contra la plataforma.

James había señalado que las salvaguardas adoptadas por Zelle en 2023 eran sencillas. Según su acusación, la compañía pudo haber aplicado medidas similares desde años antes, cuando ya existían preocupaciones sobre el uso de la plataforma por parte de estafadores.

El caso estatal también muestra cómo distintas autoridades pueden abordar de manera separada los riesgos de los sistemas de pago. Aunque una agencia federal abandone un proceso, una fiscalía estatal puede continuar con sus propias reclamaciones.

La controversia seguirá centrada en la seguridad, la publicidad y los incentivos comerciales de Zelle. La apelación anunciada por la empresa podría prolongar el litigio y mantener bajo escrutinio la relación entre conveniencia, crecimiento y protección del consumidor.

Imagen de Unsplash.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA.

 


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