Por Canuto  

Washington estrecha contactos con la junta militar de Myanmar para abordar las estafas en línea y acceder a tierras raras, pero el régimen controla una parte limitada del país y no gobierna los principales depósitos minerales. El acercamiento también inquieta a la oposición, que teme que la negociación ayude a legitimar a sus adversarios.
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  • La administración Trump abrió conversaciones directas con la junta mientras busca cooperación contra los centros de estafas y la liberación de un empresario estadounidense, quien ya fue liberado.
  • La junta controla cerca del 21 % del territorio; fuerzas étnicas y grupos armados opositores dominan o disputan áreas donde se encuentran depósitos de tierras raras.
  • El acercamiento puede elevar los costos políticos para Washington, en medio de una guerra que ha desplazado a más de 3,7 millones de personas.

Washington busca las tierras raras de Myanmar, pero negocia con quienes no controlan las minas

La administración de Donald Trump está cambiando el enfoque de Washington hacia Myanmar y mantiene contactos directos con la junta militar que gobierna el país desde el golpe de 2021. El objetivo incluye atender las estafas en línea que perjudican a ciudadanos estadounidenses y explorar el acceso a tierras raras, pero el régimen no controla varias de las zonas donde se encuentran esos minerales, según un análisis publicado por Responsible Statecraft.

El contraste entre los objetivos diplomáticos y el poder real de la junta define el riesgo de la estrategia: el régimen puede participar en conversaciones, pero tiene dificultades para garantizar resultados en las áreas dominadas por grupos armados y organizaciones étnicas. La oposición, además, teme que el diálogo fortalezca la legitimidad política de sus adversarios sin ofrecer a Washington una vía segura hacia los recursos que busca.

Un acercamiento diplomático con objetivos limitados

Tras el golpe de 2021, la administración de Joe Biden exigió el retorno a la democracia y sancionó a la junta militar. El nuevo acercamiento representa un cambio respecto de esa política, ya que Washington conversa ahora con dirigentes a quienes había acusado de genocidio en 2022, una acusación que forma parte del contexto de la relación entre ambos gobiernos.

Las señales de apertura comenzaron antes de las conversaciones recientes. En julio de 2025, Trump envió una carta sobre aranceles al general Min Aung Hlaing, un gesto que el análisis describe como un reconocimiento implícito; dos semanas después, el Departamento del Tesoro retiró de su lista de sanciones a varios allegados del jefe militar.

En octubre de 2026, la administración Trump inició conversaciones directas con el gobierno instalado por los militares. Reuters informó el 8 de octubre que funcionarios estadounidenses habían abierto ese diálogo; el 16 de octubre, la agencia reportó otra reunión en Tokio celebrada la semana anterior, la segunda en un mes. Estos contactos marcan un giro en la relación de Washington con la junta, aunque no demuestran que el régimen pueda cumplir los objetivos que interesan a Estados Unidos.

Washington ha planteado objetivos inmediatos como conseguir la liberación de Adam Castillo, empresario estadounidense y exjefe de la Cámara de Comercio Americana en Myanmar, y alentar al régimen a cooperar para desmantelar centros de estafas en línea. Castillo ya fue liberado, según el artículo, pero la cooperación contra las redes criminales sigue siendo incierta; el interés por las tierras raras añade otro objetivo que depende de territorios que la junta no controla.

La guerra fragmenta el poder y el acceso a los recursos

La fase actual del conflicto comenzó a mediados de 2021, cuando la represión contra las protestas contra el golpe empujó a miles de activistas al campo y a incorporarse a una resistencia armada. Legisladores destituidos de la Liga Nacional para la Democracia, el partido gobernante antes del golpe, formaron el Gobierno de Unidad Nacional (NUG), mientras algunas organizaciones armadas se sumaron a esa coalición y otras mantuvieron su independencia.

El resultado es una guerra fragmentada, con actores que persiguen objetivos distintos, alternan alianzas y tácticas, y mantienen vínculos con diferentes potencias extranjeras. Durante los cuatro años siguientes, el ejército perdió control de amplias zonas frente al NUG y organizaciones armadas étnicas, aunque conservó centros económicos importantes, entre ellos puertos, fábricas y la producción de gas en alta mar.

La junta también perdió acceso a la mayoría de los depósitos de tierras raras, que quedaron en zonas bajo control de minorías como los Wa, los Karen y los Shan. Durante el gobierno de Biden, Estados Unidos sancionó a dirigentes de la junta y a sus conglomerados empresariales, y apoyó a grupos prodemocracia con ayuda humanitaria y no letal, canalizada en gran medida a través de la frontera tailandesa.

Khun Alynn, subdirector del Departamento de Asuntos Internos del Consejo Ejecutivo Interino del Estado de Karenni, dijo que la ayuda estadounidense y europea llegó mediante organizaciones humanitarias y también a través de terceros países, aunque señaló que no podía confirmar detalles de esos canales. El apoyo nunca incluyó transferencias de armas ni un reconocimiento formal del NUG como interlocutor legítimo, según la información citada por Responsible Statecraft.

En 2025, la administración Trump desmanteló USAID mientras el ejército lanzaba una contraofensiva y recuperaba territorio con nuevas tácticas y drones suministrados por Rusia y China. Paung, médico de 35 años y director de la Fundación Luke, sostuvo que los recortes agravaron la escasez de suministros médicos e hicieron más difícil responder a brotes de malaria y tuberculosis; advirtió que al menos dos hospitales cerrarían antes de terminar el año.

El costo humanitario continúa creciendo: la ONU calcula que más de 3,7 millones de personas están desplazadas internamente y el monitor de violencia ACLED registró 100.114 muertes relacionadas con el conflicto. En Karenni, Maw Re Ree, subdirectora del departamento humanitario del consejo interino, trabaja en unos 500 campamentos de desplazados y dijo que sus habitantes reciben amenazas sistemáticas de bombardeos.

La junta reclama soberanía, pero su control es reducido

La junta conserva la soberanía formal, aunque controla cerca del 21 % del territorio de Myanmar, frente a alrededor del 42 % bajo control de fuerzas de resistencia; el resto permanece disputado. Para reforzar su posición, Min Aung Hlaing celebró en enero de 2026 elecciones únicamente en las zonas bajo control militar y, en abril, juró como presidente de un gobierno nominalmente civil.

A la ceremonia asistieron representantes de China, India y Tailandia, además de delegados de otros 20 países. Los gobiernos occidentales rechazaron la votación y la calificaron de fraude, mientras Washington mantuvo silencio, una respuesta que inquietó a la oposición ante la posibilidad de que la junta obtuviera reconocimiento político sin un cambio en el equilibrio de poder.

Zin Mar Aung, ministro de Asuntos Exteriores del NUG, dijo que el régimen podría aprovechar el diálogo con Estados Unidos para superar su crisis de legitimidad. La inquietud refleja una diferencia entre negociar con la autoridad que conserva el reconocimiento formal del Estado y tratar con los grupos que controlan terreno, incluidas algunas áreas donde se encuentran recursos estratégicos.

Para Washington, la prioridad inmediata parece ser reducir las pérdidas financieras de estadounidenses vinculadas con estafas en línea y narcotráfico. Los centros de estafa están cerca de la frontera con Tailandia y, de acuerdo con Zin Mar Aung, operan bajo la protección de milicias aliadas de la junta, entre ellas las Fuerzas Fronterizas, que reciben dinero de los estafadores; el poder de esas redes dificulta que el régimen garantice su desmantelamiento.

El acceso a las tierras raras enfrenta un obstáculo distinto: David Gum Awng, viceministro de Asuntos Exteriores del NUG, afirmó que esos depósitos están completamente fuera del alcance de Naypyidaw. A finales de 2024, el Ejército de Independencia Kachin tomó el centro de una de las zonas de tierras raras pesadas más valiosas del mundo y grava el comercio con China para financiar su lucha.

Más al este, empresas chinas extraen tierras raras en territorio controlado por el Ejército del Estado de Wa Unificado (UWSA), un grupo que se ha mantenido neutral en la guerra civil y que también opera sin autorización de Naypyidaw, según el reporte. El control fragmentado significa que un acuerdo con la junta no bastaría por sí solo para abrir esos yacimientos ni para regular la actividad de los operadores que ya trabajan allí.

Entre las opciones discutidas en Washington figuran tratar con las autoridades militares, mediar entre la junta y el Ejército de Independencia Kachin o involucrar directamente a este último, incluso con una posible asociación con India para procesar los minerales. Cada alternativa pasa por Naypyidaw o deja de lado a la coalición opositora, lo que puede reducir el margen de maniobra de la resistencia sin provocar necesariamente una ruptura abierta con Estados Unidos.

David Gum Awng dijo que el NUG mantiene cierto contacto con Washington y describió su enfoque como cuidadoso, aunque consciente de la naturaleza pragmática del orden mundial. La declaración sugiere que la oposición no ha roto los canales diplomáticos, pero también muestra el dilema de relacionarse con un gobierno que puede negociar sobre el país sin controlar todas las áreas relevantes.

El costo político de apostar por la junta

Napas Thein, investigador del Centro de Conocimiento Comunitario y de Política de Myanmar de la Universidad de Toronto, advirtió que tratar con la junta puede costar a Washington credibilidad en democracia y derechos humanos. También alertó de que involucrarse con un gobierno que controla solo parte del país podría arrastrar a Estados Unidos a un escenario inestable y complicar sus vínculos con los grupos de resistencia.

Thein también señaló el riesgo de acercar a Washington a un régimen alineado con Irán y Corea del Norte. Su evaluación contrasta con los beneficios que la administración parece buscar: la junta no controla las minas de tierras raras y, según los dirigentes opositores citados en el artículo, tampoco puede garantizar por completo el fin de las estafas.

La apuesta plantea así una pregunta central para la política estadounidense: qué puede obtener de un gobierno que participa en una economía criminal, según sus críticos, y carece de control sobre los depósitos que interesan a Washington. La respuesta no está clara, mientras las conversaciones avanzan en paralelo a un conflicto que mantiene a grandes zonas fuera del alcance de la junta.

La guerra sigue causando víctimas civiles mientras la diplomacia explora posibles acuerdos. El reporte señala que un ataque aéreo reciente del régimen mató a 50 personas, entre ellas mujeres y niños, en una ciudad del estado de Rakhine controlada por rebeldes, un episodio que subraya el costo humano de un conflicto aún sin una salida política definida.


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