Por Canuto  

La administración del presidente Donald Trump ordenó retirar productos canadienses de los contratos del gobierno estadounidense, en una nueva escalada de la disputa comercial entre ambos países.
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  • La orden presidencial impide que las agencias estadounidenses adquieran productos canadienses mediante contratos gubernamentales.
  • La Casa Blanca justificó la medida por las barreras que Canadá impondría a empresas estadounidenses bajo su política de “Compra canadiense”.
  • La decisión ocurre después del colapso de una tregua comercial y en medio de nuevas tensiones entre Washington, Ottawa y Europa.

El presidente Donald Trump ordenó a las agencias del gobierno de Estados Unidos retirar los productos canadienses de sus contratos de adquisiciones, una medida que ejecuta una amenaza anunciada previamente y abre otro frente en la disputa comercial bilateral. La decisión llega mientras las tensiones entre Washington y Ottawa se intensifican, después de que las medidas arancelarias de represalia siguieran al colapso de una tregua comercial durante agosto.

La Casa Blanca presentó la orden como una respuesta a las barreras que, según su argumento, Canadá mantiene contra las empresas estadounidenses que buscan acceder a los contratos públicos de ese país. El memorando presidencial cuestionó específicamente la política conocida como “Compra canadiense”, que prioriza productos y compañías locales en determinadas oportunidades de adquisición gubernamental.

Una nueva medida en la disputa bilateral

La orden no aparece como un episodio aislado, sino como la continuación de una cadena de decisiones y amenazas comerciales entre los dos países. De acuerdo con la información publicada por Bloomberg, las represalias arancelarias adoptadas por Estados Unidos y Canadá se produjeron después de que una tregua negociada entre ambos gobiernos se desmoronara en el tramo final de agosto.

En ese contexto, las compras gubernamentales se convierten en una herramienta adicional de presión política y económica. La administración de Trump sostiene que las compañías estadounidenses no reciben en Canadá un acceso equivalente al que las empresas canadienses tendrían en el mercado público estadounidense, aunque el memorando describe esa posición como una crítica de la Casa Blanca y no como una resolución independiente sobre cada contrato.

Trump ya había anticipado la exclusión de productos canadienses a comienzos de septiembre, cuando señaló que tomaría esa medida a menos que Canadá restableciera una reciprocidad que calificó como “plena y justa” para los agricultores y las empresas estadounidenses. La orden presidencial transforma ahora esa advertencia pública en una instrucción dirigida a las agencias federales, con el objetivo de modificar qué bienes pueden incluirse en sus adquisiciones.

El alcance económico de la medida fue descrito por Trump en relación con el llamado Multiple Award Schedule, un mecanismo utilizado por el gobierno estadounidense para adquirir bienes y servicios mediante contratos establecidos. El presidente afirmó que los bienes y servicios canadienses vendidos a través de ese sistema representan más de USD $50.000 millones al año, aunque un funcionario de alto rango de la administración aclaró después que esa cifra corresponde al tamaño calculado del mercado de adquisiciones estadounidense y no necesariamente al valor total aportado por empresas canadienses.

El argumento de la reciprocidad

La reciprocidad es el eje político de la justificación ofrecida por la Casa Blanca. La administración presenta la política canadiense de “Compra canadiense” como una desventaja para los agricultores y las compañías estadounidenses, y utiliza esa acusación para defender una restricción equivalente sobre los productos que llegan desde Canadá a los contratos públicos federales.

Sin embargo, la aclaración del funcionario estadounidense introduce una diferencia importante entre el tamaño general del mercado y la participación real de las empresas canadienses. El mercado de adquisiciones puede superar la cifra mencionada por Trump, pero eso no significa que todos esos contratos correspondan a bienes o servicios procedentes de Canadá, por lo que el impacto directo sobre las compañías del país vecino no queda cuantificado en la información disponible.

La orden también muestra cómo la discusión comercial se ha desplazado más allá de los aranceles y alcanza decisiones administrativas sobre proveedores. Mientras los gravámenes afectan el costo de las mercancías que cruzan la frontera, una restricción en las compras públicas determina qué empresas pueden competir por contratos del gobierno, un segmento que depende de reglas de elegibilidad y condiciones establecidas por las agencias.

El memorando no presenta en la información disponible un calendario detallado de aplicación ni especifica qué categorías de productos quedarán excluidas en cada agencia. Por esa razón, el alcance práctico de la medida dependerá de la forma en que las oficinas federales implementen la instrucción y de cómo se definan los productos canadienses dentro de los contratos afectados.

Una tensión que también alcanza a Europa

La decisión contra Canadá se conoció después de que Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ofreciera convertir a Canadá en un “miembro asociado” de la Unión Europea durante un discurso pronunciado el miércoles. La propuesta añadió una dimensión política a una disputa que hasta entonces se había concentrado principalmente en el acceso a los mercados y en las medidas arancelarias.

Trump criticó la iniciativa y la describió como potencialmente un “acto hostil”. Además, amenazó con imponer más aranceles a productos europeos o incluso con “dejar de comerciar con Europa en muchas cosas”, una advertencia que amplía la incertidumbre comercial más allá de la relación entre Estados Unidos y Canadá.

La reacción del presidente estadounidense vincula dos asuntos que no son idénticos, pero que aparecen dentro del mismo clima de confrontación comercial. Por un lado, Washington acusa a Canadá de limitar el acceso de sus empresas a las compras públicas; por otro, Trump interpreta un posible acercamiento entre Ottawa y el bloque europeo como una señal que podría requerir nuevas respuestas de Estados Unidos.

Para las empresas que venden al gobierno estadounidense, la medida introduce un cambio en las condiciones de competencia y puede obligarlas a revisar su participación en contratos federales. Para Canadá, la disputa suma una restricción sobre las adquisiciones públicas a los aranceles de represalia ya mencionados, mientras ambos gobiernos afrontan las consecuencias del fracaso de la tregua comercial de agosto.

Qué se conoce sobre el impacto inmediato

La información disponible confirma la orden política y el argumento utilizado para emitirla, pero no ofrece un desglose de compañías, contratos específicos o sectores que quedarían fuera de las compras gubernamentales estadounidenses. Tampoco identifica el valor anual de los negocios canadienses que efectivamente serían excluidos, más allá de la cifra superior a USD $50.000 millones referida al mercado del Multiple Award Schedule.

Ese matiz resulta relevante porque la cifra difundida inicialmente podía interpretarse como el valor de los productos y servicios canadienses vendidos al gobierno estadounidense. Un funcionario de alto rango precisó posteriormente que la estimación de USD $50.000 millones corresponde al mercado de adquisiciones de Estados Unidos y que las empresas canadienses no representan necesariamente la totalidad de ese monto.

La Casa Blanca, no obstante, considera que la respuesta es necesaria para reclamar condiciones que juzga equivalentes para las empresas estadounidenses. La administración ha vinculado esa exigencia con los agricultores y las compañías del país, mientras Trump sostiene que Canadá debe restablecer una reciprocidad “plena y justa” antes de que Washington modifique su decisión.

El siguiente desarrollo de la disputa dependerá de la reacción de Ottawa y de la aplicación concreta del memorando por parte de las agencias federales. Por ahora, la orden confirma que el gobierno de Trump está utilizando el acceso a las compras públicas como una nueva palanca de negociación, en un momento marcado por aranceles de represalia, una tregua fallida y advertencias dirigidas también a Europa.

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