Por Canuto  

Una investigación sobre el condado de Siskiyou describe una expansión de cultivos ilegales de marihuana, violencia, contaminación química y presuntas redes empresariales vinculadas con ciudadanos chinos. Las autoridades calculan que solo una subdivisión podría generar miles de millones de dólares al año.
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  • El sheriff de Siskiyou estima que cerca del 60% de los cultivadores identificados en Shasta Vista son chinos y advierte sobre posibles vínculos con tríadas y otras redes criminales.
  • Las autoridades han decomisado pesticidas con etiquetas chinas, algunos restringidos o prohibidos en Estados Unidos, y reportan incidentes de exposición química.
  • La subdivisión podría albergar más de 7.000 cultivadores, mientras las redadas destruyen invernaderos que, según el sheriff, vuelven a levantarse después de la salida de los agentes.

El condado de Siskiyou, en el norte de California, enfrenta una expansión de cultivos ilegales de marihuana que combina operaciones agrícolas clandestinas, violencia y riesgos ambientales. Una investigación publicada por City Journal describe cómo la subdivisión Shasta Vista, ubicada cerca del Monte Shasta, se convirtió en el centro de una economía criminal cuyo valor anual podría alcanzar los USD $2.000 millones, según cálculos del sheriff Jeremiah LaRue.

El reportaje, firmado por Christopher F. Rufo y Haley Strack, también recoge denuncias sobre pesticidas tóxicos, amenazas contra residentes y posibles conexiones con redes criminales chinas. Sin embargo, varias de las afirmaciones sobre una participación directa del Partido Comunista Chino o un supuesto plan para envenenar a consumidores aparecen atribuidas a funcionarios y expertos citados, no como hechos judicialmente establecidos.

Una operación clandestina a gran escala

LaRue acompañó a los periodistas durante una redada en Shasta Vista, una zona rural donde abundan los invernaderos de arco construidos con tubos de PVC y cubiertos con lonas. En uno de los terrenos inspeccionados, los agentes encontraron una piscina de gran tamaño utilizada como depósito de agua, abastecida por camiones cisterna y conectada mediante mangueras a las estructuras de cultivo.

El sheriff explicó que cada propiedad puede concentrar aproximadamente 2.000 plantas, con una producción estimada de entre una y cinco libras de flor por planta durante cada ciclo. Al multiplicar ese volumen por los miles de terrenos existentes, LaRue calcula que solo Shasta Vista podría producir marihuana sin licencia por unos USD $2.000 millones anuales, aunque la investigación no presenta una auditoría independiente de esa cifra.

Durante la incursión, varios vehículos abandonaron la zona después de que los vigilantes detectaran la presencia de las autoridades. LaRue afirmó que ese comportamiento ocurre con frecuencia: los observadores alertan a otros cultivadores y provocan una salida masiva por las vías polvorientas antes de que los agentes puedan identificar a los responsables.

Los agentes destruyeron miles de plantas, confiscaron cannabis procesado y derribaron infraestructura con maquinaria pesada. Según el sheriff, esta última medida busca impedir que los operadores reutilicen los invernaderos, aunque los cultivadores suelen regresar después de que termina la redada y reconstruyen las instalaciones.

Violencia, agua y una respuesta limitada

El problema no se limita a la producción agrícola. LaRue describió un entorno marcado por tiroteos, secuestros, robos, personas atadas y agresiones, mientras los residentes enfrentan la presencia de una industria ilegal en propiedades vecinas. El sheriff sostuvo que algunas personas han sido asesinadas y que las autoridades también han localizado a presuntos cultivadores muertos.

La oficina del sheriff afirmó que la policía debe actuar habitualmente como fuerza de seguridad antes de que los bomberos ingresen a determinados lugares de cultivo. Durante un incendio ocurrido en 2021, un hombre asiático que, según las autoridades, tenía metanfetaminas en el organismo transportó 132 libras de marihuana hasta un punto de evacuación y apuntó con un arma a los socorristas, antes de que los agentes le dispararan.

El acceso al agua representa otro frente de conflicto para el condado. Las operaciones dependen con frecuencia de camiones cisterna y depósitos improvisados, mientras las autoridades locales denuncian el robo de recursos hídricos y la presión que los cultivos ejercen sobre una comunidad rural con capacidad policial limitada.

La aplicación de la ley enfrenta además obstáculos legales y presupuestarios. La Proposición 64 eliminó las consecuencias penales por la posesión y el cultivo para uso personal dentro de los límites establecidos, pero el cultivo comercial sin licencia continúa siendo ilegal. El reportaje señala que las autoridades locales consideran insuficientes las consecuencias aplicadas a numerosas operaciones clandestinas y que, de acuerdo con LaRue, esa situación no genera un efecto disuasorio duradero.

Propiedades, intermediarios y posibles redes criminales

LaRue estima que alrededor del 60% de los cultivadores encontrados en Shasta Vista son chinos, una afirmación que se refiere a las personas presentes en los terrenos y no necesariamente a los propietarios finales. Las autoridades han rastreado algunas escrituras hasta individuos con nombres chinos que viven en Washington u otras partes de California, pero reconocen que todavía desconocen quién controla realmente varias propiedades.

El sheriff describió una estructura de empresas, nombres intermediarios y propietarios aparentes que dificulta seguir el rastro del dinero. La investigación cita una causa penal de 2019 contra un agente inmobiliario del sur de California, en la que se expuso un posible esquema basado en fondos enviados desde China, empresas de responsabilidad limitada y representantes encargados de operar cultivos y distribuir la marihuana en el mercado negro.

En Siskiyou, Chi Meng Yang y Gaosheng Laitinen intentaron sobornar en 2017 al sheriff de entonces, según el caso mencionado en el reportaje. Yang habría ofrecido USD $1 millón a cambio de su amistad y de ayuda para promover la legalización de la marihuana medicinal en otro estado, un episodio que ilustra los intentos documentados de influir sobre funcionarios locales.

LaRue también afirmó que algunas personas halladas en las granjas podrían ser inmigrantes indocumentados que trabajan para pagar deudas contraídas durante su traslado a Estados Unidos. La información disponible no establece que todos los trabajadores compartan ese estatus ni que exista una única organización detrás de las operaciones, por lo que la composición de la red continúa siendo objeto de investigación.

Pesticidas prohibidos y acusaciones sin probar

Uno de los aspectos más preocupantes para los investigadores es el uso de productos químicos que no están autorizados para fumigar en California. Las autoridades encontraron bolsas con etiquetas chinas y tanques vacíos en distintas propiedades, además de residuos y basura que, según LaRue, suelen quemarse o enterrarse en los mismos terrenos junto con aguas negras expuestas. Autoridades del condado también han descrito el uso de pesticidas peligrosos como un problema ambiental y de salud pública.

El sheriff dijo que su oficina no comprendió inicialmente el contenido de cientos de bolsas de mylar porque las etiquetas estaban en chino. Después de que un agente tradujera algunos envases en 2023, los investigadores concluyeron que contenían fumigantes tóxicos y solicitaron apoyo de la Agencia de Protección Ambiental de California y de una unidad de la Guardia Nacional especializada en agentes químicos.

Entre los compuestos mencionados figuran metomilo, pentacloronitrobenceno, cipermetrina, lambda-cihalotrina y clorfenapir. El reportaje atribuye a las autoridades y a documentos regulatorios advertencias sobre posibles efectos como parálisis respiratoria, convulsiones, coma, daños pulmonares, contaminación de aguas subterráneas y paro cardíaco, aunque la presencia de un químico en una propiedad no demuestra por sí sola que haya contaminado el producto final.

Varios socorristas reportaron lesiones después de entrar en contacto con sustancias usadas en las granjas. En un caso, bomberos sufrieron quemaduras químicas; en otro, agentes de policía ingresaron accidentalmente a una fumigación activa, presentaron síntomas respiratorios y terminaron hospitalizados.

Rob Roggeveen, coordinador nacional del Marijuana Impact Group de HIDTA, planteó que algunos productos podrían utilizarse de forma deliberada para contaminar la marihuana y causar daños a los consumidores. Esa hipótesis fue presentada como una teoría del investigador y no como una conclusión probada, mientras que Paul Larkin, experto legal con experiencia en crimen organizado en el Departamento de Justicia, vinculó el asunto con preocupaciones más amplias sobre drogas procedentes de China, incluido el fentanilo.

El cambio tras la legalización

Los residentes atribuyen la transformación de Siskiyou a un proceso que se aceleró después de la legalización de la marihuana recreativa en California. El estado aprobó la Proposición 64, impulsada por el entonces vicegobernador Gavin Newsom, y alrededor de 2015 comenzaron a llegar más cultivadores asiáticos a zonas donde ya existían operaciones ilegales asociadas con carteles mexicanos.

Jess Harris, supervisor del condado y residente de toda la vida en Siskiyou, dijo que los cultivos de carteles habían existido durante décadas, pero que no dominaban propiedades privadas ni subdivisiones residenciales. Según su relato, el auge posterior llenó de invernaderos terrenos que todavía estaban vacíos y cambió por completo el paisaje de comunidades anteriormente poco desarrolladas.

Las imágenes aéreas citadas por el reportaje muestran lotes desocupados en 2017 y una concentración de invernaderos en esos mismos espacios para 2021. La población estimada de cultivadores ilegales en Shasta Vista podría superar las 7.000 personas, equivalentes a cerca del 20% de la población total del condado, aunque la cifra corresponde a una estimación local y no a un censo oficial.

Harris relató que escuchó versiones según las cuales algunos compradores chinos ofrecían dinero en efectivo a cultivadores hmong para adquirir sus terrenos, acompañando la oferta con amenazas. El reportaje no presenta una sentencia que confirme cada uno de esos relatos, por lo que deben entenderse como testimonios y acusaciones dentro de una disputa más amplia por la propiedad y el control de la zona.

La hipótesis sobre el Partido Comunista Chino

Las autoridades consultadas consideran que algunas operaciones podrían mantener vínculos con tríadas u otras organizaciones criminales chinas. LaRue también mencionó posibles asociaciones con estructuras relacionadas con China comunista, pero no aportó públicamente una prueba que conecte a todo el mercado ilegal de Siskiyou con el Partido Comunista Chino.

El reportaje recuerda que en julio de 2022 las autoridades localizaron una granja ilegal de marihuana en una propiedad de 75 acres que posteriormente fue vinculada, según informaciones citadas, con un oficial de inteligencia del Partido Comunista Chino. Ese antecedente alimenta las investigaciones estatales sobre posibles conexiones similares, pero no demuestra que exista la misma relación en cada terreno de Siskiyou.

La investigación también cuestiona la respuesta política del estado y señala que Newsom ha mantenido relaciones económicas con empresas chinas y ha aceptado regalos de entidades vinculadas con China. La directora de comunicaciones del gobernador no respondió a una solicitud de comentarios antes del cierre del reportaje, mientras LaRue sostuvo que el gobierno estatal evita abordar el problema por razones de imagen política.

El caso de Siskiyou expone una contradicción de la legalización: un mercado regulado puede coexistir con redes clandestinas que aprovechan la demanda, la debilidad de los controles y la dificultad para rastrear propiedades. Para el condado, el desafío inmediato consiste en retirar cultivos, proteger a los socorristas y controlar sustancias peligrosas; para las autoridades estatales y federales, sigue pendiente demostrar quién financia, dirige y se beneficia de estas operaciones.

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