Por Canuto  

El senador demócrata Ron Wyden pidió a la GAO investigar cómo el FBI, la DEA, ICE HSI y el Servicio Secreto adquieren, utilizan y controlan herramientas de hacking y spyware, en medio de décadas de opacidad sobre su alcance y salvaguardas.

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  • Wyden solicitó un informe no clasificado sobre la frecuencia, las razones y los controles aplicados al uso de herramientas de cibervigilancia.
  • La revisión incluiría posibles abusos personales, custodia de herramientas, divulgación de vulnerabilidades y solicitudes de órdenes judiciales.
  • El senador citó la filtración de herramientas de L3Harris a un intermediario ruso y recordó un caso del FBI de 1999.

 

 

El senador demócrata Ron Wyden pidió a la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos, conocida como GAO, que investigue cómo agencias federales de aplicación de la ley utilizan herramientas de hacking y software espía contra ciudadanos estadounidenses.

La solicitud apunta al FBI, la Administración de Control de Drogas, la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE y el Servicio Secreto, cuyos operativos emplean tecnologías capaces de acceder a dispositivos y extraer información durante investigaciones.

Wyden sostiene que existe poca información pública sobre el alcance, la frecuencia y las salvaguardas operativas de estas herramientas, pese a que el gobierno las utiliza desde hace más de dos décadas. En una carta enviada el viernes a la GAO, el senador afirmó que el Departamento de Justicia y el FBI han ignorado reiteradamente solicitudes del Congreso para aumentar la transparencia durante varias administraciones. Según su argumento, esa falta de información impide evaluar adecuadamente los riesgos para la privacidad.

Una vigilancia sin informes periódicos

La preocupación central de Wyden es la ausencia de estadísticas públicas comparables a las que existen para otras técnicas de investigación. El senador señaló que las autoridades publican información anual sobre escuchas telefónicas y registros de llamadas, pero no ofrecen informes equivalentes sobre operaciones de hacking.

La diferencia resulta relevante porque el acceso remoto a un dispositivo puede revelar mucho más que el contenido de una llamada o el historial de contactos. Una herramienta de este tipo podría permitir observar archivos, comunicaciones o actividades digitales que no forman parte del objetivo inicial. Por ello, la supervisión debe considerar tanto la autorización judicial como los efectos sobre terceros que no están involucrados en la investigación.

Por esa razón, Wyden pidió que la GAO prepare un informe no clasificado con sus hallazgos y recomendaciones. El documento permitiría al público y al Congreso conocer, al menos en términos generales, cuántas veces las agencias recurren a estas capacidades, bajo qué circunstancias lo hacen y qué controles técnicos o administrativos aplican para limitar el acceso.

La petición no acusa de manera específica a cada agencia de haber cometido abusos, pero plantea que la falta de datos impide descartar un uso indebido. Para el senador, la rendición de cuentas debe abarcar tanto la decisión de desplegar el spyware como la forma en que los funcionarios lo almacenan, lo operan y documentan sus resultados.

Qué quiere revisar la GAO

Entre las solicitudes figura una investigación sobre si agentes federales utilizaron herramientas de hacking o spyware con fines no autorizados o personales. Wyden también pidió examinar las medidas técnicas y de supervisión existentes para detectar y prevenir esos usos, incluidos los mecanismos que deberían impedir que un funcionario emplee capacidades de vigilancia fuera del alcance de una investigación aprobada.

La auditoría propuesta también analizaría cómo las agencias adquieren, almacenan y custodian estas tecnologías. Ese proceso es especialmente sensible porque una filtración no solo puede comprometer una operación, sino también poner herramientas avanzadas en manos de gobiernos extranjeros, intermediarios privados o delincuentes capaces de reutilizarlas contra objetivos ajenos al sistema judicial estadounidense.

Otro punto de la carta se relaciona con las vulnerabilidades de seguridad que las agencias descubren o explotan mediante estas herramientas. Wyden solicitó revisar si los organismos siguen un programa diseñado para determinar cuándo el gobierno debería reportar una vulnerabilidad a las empresas tecnológicas, de manera que los proveedores puedan corregirla en lugar de mantenerla abierta para futuras operaciones.

La solicitud incluye además la manera en que los agentes informan a los tribunales cuando buscan órdenes judiciales para utilizar capacidades de hacking. El senador quiere saber si las agencias explican suficientemente el riesgo de afectar a objetivos desconocidos o personas inocentes, una cuestión relevante cuando una herramienta compromete equipos compartidos, redes con varios usuarios o dispositivos vinculados a terceros.

El riesgo de que las herramientas terminen en manos equivocadas

Para ilustrar los peligros de una custodia deficiente, Wyden mencionó el caso de Peter Williams, exejecutivo del contratista de defensa L3Harris. Según la información citada en la carta y reportes sobre el caso, Williams robó y vendió herramientas avanzadas de hacking a un intermediario ruso. El Departamento de Justicia informó que fue sentenciado a 87 meses de prisión por vender secretos comerciales sustraídos; otros reportes señalaron que las herramientas estaban vinculadas a operaciones contra objetivos en Ucrania.

El borrador de la carta también vincula el caso con ataques contra propietarios de criptomonedas. Esa referencia muestra que una filtración no se limita al daño institucional: puede convertirse en una amenaza para usuarios particulares cuyos dispositivos contienen claves, cuentas, documentos o información sobre sus tenencias.

La adquisición de tecnología de espionaje a proveedores externos agrega otra capa de complejidad al control público. Las agencias deben evaluar no solo si una herramienta funciona, sino quién la desarrolló, quién puede acceder a ella, cómo se actualiza y qué ocurre cuando el proveedor, un empleado o un intermediario pierde el control del código o de la infraestructura asociada.

Desde la perspectiva de la seguridad digital, la custodia y la divulgación de vulnerabilidades plantean un dilema permanente para los investigadores. Conservar una falla sin reportarla puede facilitar una operación concreta, pero también deja expuestos a millones de usuarios si un tercero descubre la misma debilidad o roba las capacidades utilizadas por el gobierno.

Un antecedente que se remonta a 1999

La carta recuerda que uno de los primeros casos documentados de uso de software espía por parte del FBI se remonta a 1999. Durante una investigación por juego ilegal y usura, los agentes descubrieron que Nicodemo Scarfo utilizaba Pretty Good Privacy, conocido como PGP, para cifrar un archivo que, según los investigadores, contenía pruebas.

Para acceder al contenido, el FBI instaló un programa diseñado para registrar las teclas pulsadas en el equipo de Scarfo. Esa técnica permitió obtener la información necesaria para descifrar el archivo y se convirtió en un ejemplo temprano de cómo las autoridades podían superar una barrera criptográfica mediante el compromiso del dispositivo, en lugar de romper directamente el cifrado.

El antecedente también ayuda a explicar por qué Wyden presenta el debate como un problema de larga duración y no como una novedad asociada a los teléfonos inteligentes. Las capacidades actuales pueden ser más sofisticadas, pero la pregunta institucional permanece: qué límites existen, quién verifica su cumplimiento y qué información recibe el público sobre su utilización.

La investigación solicitada a la GAO podría ofrecer respuestas sobre esas preguntas si la oficina acepta el pedido y consigue acceso suficiente a los registros de las agencias. Wyden quiere que el resultado sea público y no clasificado, aunque el alcance final del informe dependería de la documentación disponible y de las restricciones aplicables a investigaciones en curso.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA.

 


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