Por Canuto  

Una ley para impedir que los usuarios absorban los costos eléctricos asociados con los centros de datos de inteligencia artificial quedó bloqueada en el Senado, después de que Martin Heinrich exigiera obligaciones vinculantes para los desarrolladores.

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  • El senador Martin Heinrich bloqueó el jueves una aprobación rápida de la Ratepayer Protection Act al considerar insuficientes sus compromisos voluntarios.
  • La Cámara de Representantes aprobó el proyecto por 417 votos contra 3, con un umbral de 100 megavatios para los centros de datos alcanzados.
  • Jon Husted defendió la medida mientras impulsa su aprobación antes de las elecciones de noviembre y enfrenta una contienda reñida en Ohio.

 

La disputa por quién pagará la infraestructura eléctrica asociada con la expansión de la inteligencia artificial llegó al Senado de Estados Unidos, donde un proyecto quedó detenido el jueves.

La iniciativa, denominada Ratepayer Protection Act, buscaba evitar que los usuarios asumieran aumentos vinculados con los centros de datos, instalaciones que almacenan información y ejecutan procesos informáticos a gran escala. CNBC reportó que los republicanos intentaron aprobarla rápidamente, pero la oposición demócrata impidió una votación inmediata.

El senador Jon Husted, republicano por Ohio y patrocinador de la propuesta, solicitó consentimiento unánime para avanzar sin una votación nominal. Martin Heinrich, demócrata por Nuevo México y miembro de alto rango de su partido en el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado, objetó el procedimiento porque considera que el texto no responsabiliza suficientemente a los estados ni a los desarrolladores de centros de datos. Sin unanimidad, la ruta acelerada quedó cerrada.

Heinrich sostuvo desde el pleno que no basta con pedir a los estados que evalúen si las compañías deben pagar las mejoras de la red eléctrica. En sus palabras, el Congreso necesita aprobar una norma con obligaciones concretas y mecanismos efectivos, en lugar de confiar en promesas voluntarias o recomendaciones. Su objeción complica que la legislación concluya su trámite antes de las elecciones de noviembre, dado que el Senado prevé abandonar Washington dentro de dos semanas.

El desacuerdo no se limita a una diferencia técnica sobre tarifas, sino que refleja una tensión política creciente alrededor de la infraestructura necesaria para la IA. Los centros de datos requieren grandes volúmenes de electricidad y nuevas líneas, plantas de generación y conexiones a la red, mientras comunidades de distintos estados cuestionan si el crecimiento económico justifica trasladar parte de esa factura a los hogares. La discusión adquiere mayor visibilidad porque ocurre en los últimos días legislativos antes de las elecciones de 2026.

Qué propone la legislación

La Cámara de Representantes aprobó la medida el miércoles por una votación de 417 a 3, una mayoría que mostró respaldo transversal a la preocupación por los costos de la expansión tecnológica. Los únicos votos en contra provinieron de las demócratas progresistas Summer Lee, de Pensilvania, Delia Ramirez, de Illinois, y Rashida Tlaib, de Michigan. Aunque el resultado fue contundente, grupos ambientales y organizaciones contrarias a los centros de datos consideran que el proyecto representa apenas un paso parcial.

El texto establecería un marco que cada estado podría decidir si adopta. Bajo ese esquema, los reguladores estatales tendrían que considerar si los centros de datos de inteligencia artificial con una demanda de al menos 100 megavatios deben cubrir los costos de construir nuevas fuentes de energía, líneas de transmisión y otra infraestructura necesaria para atender su consumo. La meta es impedir que esas inversiones se distribuyan automáticamente entre los usuarios residenciales y comerciales mediante tarifas más altas, aunque la propuesta no impondría una obligación federal uniforme.

Husted argumentó que Estados Unidos podría construir durante los próximos cinco años el equivalente a 1.000 grandes centros de datos, mientras más de 2.000 proyectos ya están propuestos o bajo seguimiento. Para el senador, esa escala vuelve urgente establecer una protección para los contribuyentes antes de que las empresas concreten nuevas conexiones y expansiones. Su advertencia se apoya en una preocupación central del debate: la demanda de la IA puede crecer más rápido que las reglas diseñadas para asignar los costos de la red.

La propuesta, sin embargo, no impondría directamente una obligación federal uniforme a todos los estados o desarrolladores. Ese carácter opcional explica parte de las objeciones demócratas y ambientales, que reclaman una prohibición explícita de trasladar los gastos a los residentes. Mitch Jones, director gerente de políticas y litigios de Food & Water Watch, calificó la iniciativa como una medida insuficiente porque simplemente sugiere que los estados actúen, sin exigirles resultados específicos.

La alternativa de Heinrich y el escenario político

Heinrich promovió una propuesta distinta llamada GRID Savings Act de 2026. Según la descripción de la iniciativa, esta exigiría que los grandes usuarios de electricidad paguen las mejoras de la red que requieran y buscaría incentivar la inversión en transmisión. La diferencia principal radica en que el senador busca obligaciones financieras para los grandes consumidores, en lugar de un marco que los estados puedan adoptar voluntariamente.

El umbral de 150 megavatios planteado por Heinrich no coincide con el límite de 100 megavatios incluido en la legislación de Husted, de acuerdo con el borrador original, lo que añade otra diferencia al debate. Ambos proyectos parten de la misma preocupación, pero distribuyen de manera distinta la responsabilidad entre Washington, los reguladores estatales y las compañías tecnológicas. Para los críticos del texto aprobado por la Cámara, un centro de datos podría generar presión sobre la red sin que exista una garantía federal de que pagará todos los costos incrementales.

La controversia también tiene una dimensión electoral en Ohio. Husted enfrenta una dura batalla por su reelección y su rival demócrata, el exsenador Sherrod Brown, lo ha acusado de ayudar a atraer centros de datos al estado cuando ocupaba el cargo de vicegobernador. Cook Political Report with Amy Walter califica esa contienda como muy reñida, por lo que la defensa de una ley que proteja a los contribuyentes puede funcionar tanto como argumento legislativo como mensaje de campaña.

El senador republicano Bernie Moreno se opuso a la objeción de Heinrich y criticó que el demócrata bloqueara una medida que, según su argumento, podría convertirse en ley de inmediato. Moreno afirmó que la aprobación habría ofrecido un alivio rápido a los usuarios de electricidad de todo el país, mientras Heinrich respondió que una protección sin obligaciones exigibles dejaría abierta la posibilidad de nuevos aumentos. El intercambio resume el dilema del Congreso: actuar con rapidez o aprobar una regulación federal más estricta.

El costo energético del auge de la IA

Los centros de datos son una pieza esencial de la economía digital porque alojan servidores, almacenan datos y procesan las cargas de trabajo que sostienen servicios de inteligencia artificial. Su expansión exige no solo edificios y equipos informáticos, sino también capacidad eléctrica constante, conexiones de transmisión y, en algunos casos, nuevas fuentes de generación. Cuando esa infraestructura se construye para atender a un cliente de gran tamaño, el debate regulatorio consiste en determinar cuánto debe pagar la compañía y cuánto puede distribuirse entre el resto de los usuarios.

La preocupación por las tarifas surge porque las inversiones de la red suelen recuperarse mediante cargos regulados durante periodos prolongados. Si los consumidores financian ampliaciones destinadas principalmente a centros de datos, podrían asumir costos incluso cuando un proyecto se retrase, cambie de ubicación o no utilice toda la capacidad reservada. La legislación de Husted intenta abordar ese riesgo, aunque sus detractores creen que un marco voluntario no garantiza que cada estado aplique la misma protección.

La oposición a los centros de datos ha crecido en todo el país a medida que los proyectos de IA se multiplican y las comunidades conocen sus posibles efectos sobre la electricidad, el territorio y la infraestructura local. En este caso, la discusión se concentra en el precio que pagan los usuarios, pero también determina quién obtiene los beneficios del crecimiento tecnológico y quién absorbe sus costos. El resultado podría influir en la forma en que los estados negocian futuras inversiones con empresas de tecnología y operadores eléctricos.

Por ahora, Husted dijo que continuará trabajando para aprobar la Ratepayer Protection Act, pese al revés procesal. No obstante, el calendario legislativo reduce el margen para alcanzar un acuerdo antes de noviembre, y la brecha entre el esquema voluntario de la Cámara y las obligaciones financieras que propone Heinrich sigue sin resolverse. La disputa deja pendiente una pregunta que acompañará la expansión de la IA: si la red necesita crecer para atenderla, ¿deben pagar primero las compañías que impulsan esa demanda?

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.

 


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