Una encuesta nacional muestra que el rechazo a las cámaras policiales de placas superó al respaldo, mientras Flock enfrenta cuestionamientos por privacidad y presuntos abusos en el uso de sus sistemas.
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- El 46% de los encuestados se opone a las cámaras de vigilancia en sus comunidades, frente a un 38% que las apoya.
- Flock opera más de 120.000 lectores de placas capaces de rastrear el paradero de vehículos en Estados Unidos.
- La empresa defiende sus salvaguardas, pero la ACLU considera que siguen representando una amenaza para las libertades civiles.
El respaldo a la vigilancia cambia de dirección
El respaldo ciudadano a las cámaras policiales capaces de leer placas vehiculares parece haber perdido fuerza en Estados Unidos. Una encuesta de YouGov realizada entre 20.000 personas en todo el país encontró que el 46% de los participantes se opuso a la presencia de estas cámaras en sus comunidades, mientras que el 38% expresó apoyo. El resultado marca un cambio frente al año anterior, cuando la mayoría de los encuestados respaldaba esta tecnología.
La medición fue compartida de forma exclusiva con The Washington Post y reportada por TechCrunch el 28 de agosto de 2026. Más allá de la diferencia de ocho puntos porcentuales entre rechazo y respaldo, el dato refleja una discusión que dejó de centrarse únicamente en la capacidad policial para investigar delitos. Ahora también incorpora el alcance de la vigilancia, el control sobre los datos y los límites que las comunidades consideran aceptables.
Las cámaras automatizadas de lectura de placas registran matrículas y pueden asociarlas con información sobre el lugar y el momento en que un vehículo fue observado. Esa capacidad puede servir para reconstruir recorridos o ubicar automóviles relacionados con una investigación, pero también genera preocupación cuando las personas no saben cuánto tiempo se conservan los registros, quién puede consultarlos o bajo qué condiciones se comparten.
La encuesta también encontró que una proporción mayor de participantes dijo que la vigilancia no los haría sentirse más seguros. Esa percepción resulta relevante para las autoridades y los proveedores, porque el argumento central para instalar estos sistemas suele ser que amplían la capacidad de respuesta policial y ayudan a prevenir o resolver delitos.
Flock queda en el centro de la controversia
Flock se ha convertido en una de las compañías de vigilancia más visibles del país y opera más de 120.000 lectores de placas en Estados Unidos. Sus sistemas pueden rastrear el paradero de vehículos a partir de las observaciones captadas por las cámaras, una función que amplía considerablemente la cantidad de información disponible para los organismos policiales.
La empresa quedó bajo presión después de varios informes sobre presuntos abusos policiales en el uso de sus cámaras. El cuestionamiento no se limita a la existencia de los dispositivos, sino que también alcanza las prácticas de consulta, el intercambio de información y la posibilidad de que una herramienta diseñada para investigar casos específicos termine convirtiéndose en un mecanismo de seguimiento amplio.
En paralelo con esa controversia, decenas de comunidades estadounidenses rechazaron instalar cámaras de Flock o cancelaron contratos que ya habían firmado. Un reporte de Politico señaló que más de 20 jurisdicciones locales avanzaron hacia la cancelación de contratos durante julio, mientras que NPR informó que el Concejo Municipal de Santa Cruz votó el 13 de enero poner fin a su acuerdo con la compañía. Estas decisiones muestran que el debate no ocurre solamente en tribunales, legislaturas o grupos de defensa de derechos civiles, sino también en gobiernos locales que deben responder directamente a los residentes sobre el alcance de la vigilancia en sus calles.
Los críticos sostienen que la infraestructura puede afectar a personas que no están vinculadas con ningún delito, porque el registro de sus desplazamientos se genera simplemente al circular por una zona cubierta. Esa preocupación adquiere mayor peso cuando la tecnología permite acumular datos durante largos períodos y combinar observaciones de distintos lugares para formar una imagen detallada de los movimientos de un vehículo.
La respuesta de la empresa y sus límites
Cuando TechCrunch consultó a Flock, la compañía afirmó que existe un amplio apoyo a su tecnología de vigilancia. Sin embargo, también reconoció que ese respaldo no es incondicional y destacó la implementación de salvaguardas recientes, en un intento por responder a las inquietudes sobre privacidad y uso indebido.
Entre las medidas anunciadas por la empresa figuran la autenticación multifactor obligatoria y una revisión independiente de seguridad a cargo de Bishop Fox, según una publicación de Flock sobre sus nuevas salvaguardas. Estas medidas buscan reforzar la seguridad de los datos y la transparencia policial, aunque no resuelven por sí mismas el debate sobre la amplitud de la red ni sobre cuánto tiempo pueden conservarse y compartirse los registros.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, conocida como ACLU, considera insuficientes las nuevas salvaguardas anunciadas por la empresa. La organización sostiene que Flock continúa representando una amenaza importante para las libertades civiles, especialmente por la capacidad de sus sistemas para convertir desplazamientos cotidianos en datos que pueden ser consultados por las autoridades.
La diferencia entre la defensa corporativa y la crítica de la ACLU muestra que el conflicto no se limita a la percepción pública de la seguridad. También involucra principios sobre privacidad, debido proceso y proporcionalidad, aunque la información disponible no detalla las normas específicas adoptadas por cada comunidad ni las condiciones particulares de los contratos cancelados.
Un debate que se intensifica
En medio de las críticas, Garrett Langley, CEO de Flock, pidió la semana pasada un compromiso entre vigilancia y privacidad. La declaración llegó después de un aumento en el vandalismo dirigido contra las cámaras de la compañía, lo que añadió una dimensión de confrontación física a una disputa que hasta entonces se había desarrollado principalmente mediante encuestas, cancelaciones de contratos y cuestionamientos públicos.
El llamado al compromiso busca presentar la tecnología como compatible con las libertades civiles si se aplican controles adecuados. No obstante, para los opositores el punto central consiste en determinar si esas garantías limitan de manera real la vigilancia o si únicamente ofrecen una respuesta parcial mientras la red de lectores continúa creciendo.
El giro registrado por YouGov puede aumentar la presión sobre las autoridades locales que evalúan nuevas instalaciones o la renovación de acuerdos existentes. Si los residentes perciben que las cámaras no mejoran su sensación de seguridad y sí amplían el riesgo para su privacidad, los gobiernos podrían enfrentar mayores costos políticos al mantenerlas o desplegarlas.
Por ahora, la encuesta no demuestra por sí sola que todas las comunidades rechacen la tecnología ni establece una prohibición para los lectores de placas. Sí indica, según los datos divulgados, que el respaldo nacional ya no supera al rechazo y que la promesa de seguridad enfrenta una exigencia más fuerte de transparencia, límites y protección de las libertades civiles.
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