Por Canuto  

La carrera por construir centros de datos para inteligencia artificial está revalorizando tierras rurales en Estados Unidos, pero también provoca temores por el agua, la electricidad, la vivienda y la pérdida de terrenos agrícolas.
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  • Las compras de terrenos para futuros centros de datos alcanzaron USD $6.000 millones durante el primer semestre de 2026, un alza interanual de 79%.
  • Algunos promotores ofrecen precios muy superiores al valor agrícola, mientras las comunidades denuncian presión sobre el agua, la red eléctrica y la vivienda.
  • La oposición ya impulsa moratorias, protestas y disputas políticas en estados como Nueva York, Michigan, Pensilvania, Texas e Idaho.

La expansión de la inteligencia artificial está cambiando mucho más que los mercados tecnológicos: también está alterando el precio y el destino de tierras rurales en Estados Unidos. La demanda de grandes instalaciones de cómputo ha llevado a empresas respaldadas por Wall Street a competir por terrenos agrícolas, mientras residentes y autoridades locales cuestionan el impacto sobre el agua, la electricidad, la vivienda y los espacios abiertos.

Los centros de datos reúnen enormes cantidades de servidores, chips especializados y sistemas de refrigeración para ejecutar modelos y cargas de trabajo de IA. Por su tamaño y consumo, requieren extensiones considerables de terreno, conexiones confiables a la red eléctrica y acceso a recursos hídricos, condiciones que han convertido a zonas rurales aparentemente remotas en activos estratégicos para la nueva economía digital.

La tierra rural se convierte en infraestructura de IA

Las compras de terrenos en Estados Unidos destinadas a futuros centros de datos sumaron aproximadamente USD $6.000 millones durante el primer semestre de 2026, según Avison Young, lo que representa un aumento de 79% frente al mismo periodo del año anterior. La firma señaló que los centros de datos representan 27% de los sitios en desarrollo este año, solo por detrás de los edificios de apartamentos y por encima de proyectos industriales, oficinas, comercios y desarrollos de uso mixto.

La cifra no incluye necesariamente todas las inversiones vinculadas con la infraestructura de IA, como plantas de agua y energía, instalaciones para fabricantes y empresas de servicios, ni viviendas para los trabajadores que llegan a las zonas de construcción. Alrededor de algunos proyectos están surgiendo economías secundarias completas, con nuevas oportunidades comerciales, presión sobre los servicios públicos y cambios acelerados en el uso tradicional del suelo.

El acceso a la electricidad se ha convertido en uno de los principales factores que determinan el valor de un terreno, incluso cuando su potencial agrícola era antes el criterio central. En el norte de Virginia y el noreste de Estados Unidos, los costos de los sitios superaron USD $8 millones por acre el año pasado, de acuerdo con CBRE, mientras algunos promotores ofrecen precios muy por encima de las referencias habituales para asegurar conexiones eléctricas.

En el condado de Loudoun, Virginia, un promotor habría ofrecido USD $4,4 millones por acre, frente a un precio medio de USD $125.000 por acre registrado en 2025, según datos citados por la National Association of Home Builders. La organización advirtió que los constructores de viviendas no pueden competir en ese mercado porque sus presupuestos dependen de lo que los compradores pueden pagar, mientras un operador de centros de datos no enfrenta la misma limitación.

Comunidades preocupadas por el agua y la electricidad

El atractivo financiero de estas operaciones convive con inquietudes sobre la capacidad de las comunidades para sostener instalaciones que consumen grandes cantidades de agua y energía. Residentes de distintos estados temen que los centros de datos presionen los sistemas locales, eleven las facturas eléctricas de los hogares y obliguen a financiar nuevas obras de infraestructura que benefician principalmente a compañías tecnológicas.

Bobbi Thompson, una agricultora de Pensilvania, cuestiona de dónde saldrá el agua necesaria para el centro de datos que CoreWeave construye en Lancaster, a menos de 20 millas de su vivienda en el municipio de Mount Joy. La preocupación no se limita al consumo industrial, porque Thompson también plantea qué significará esa demanda para el abastecimiento y la estabilidad de toda la comunidad.

Los riesgos para los precios eléctricos encuentran respaldo en el mercado mayorista de la región PJM, que cubre total o parcialmente 13 estados del Atlántico medio y el Medio Oeste. Monitoring Analytics, el grupo que supervisa ese mercado, afirmó en un informe de mayo que el crecimiento actual y previsto de la carga de los centros de datos es la principal razón de los precios elevados en los mercados de capacidad.

Según ese informe, el crecimiento de la carga de los centros de datos produjo un aumento combinado de USD $23.100 millones en los ingresos de las subastas de capacidad hasta 2028. Para los residentes, la discusión no se reduce a una promesa de empleos o inversión, ya que el costo de ampliar la red puede repartirse entre todos los usuarios mientras los beneficios se concentran en los propietarios de las instalaciones.

Agricultores entre ofertas millonarias y defensa del territorio

La tensión resulta especialmente visible en las zonas rurales donde un campo con acceso a la red eléctrica puede valer más por su potencial computacional que por su producción agrícola. En una protesta celebrada en julio en Lubbock, Texas, el comisionado estatal de Agricultura, Sid Miller, afirmó que los centros de datos estaban ocupando algunas de las mejores tierras de cultivo y que los promotores ofrecían, en ocasiones, hasta diez veces su valor.

La magnitud de esas ofertas coloca a muchas familias ante una decisión difícil: continuar con una actividad agrícola de generaciones o vender y cambiar de proyecto de vida. Harry Sawyer, residente de Idaho de quinta generación y vicepresidente de CBRE, describió el dilema con una pregunta que, según dijo, aparece cada vez con mayor frecuencia entre las familias: si siguen cultivando o venden para hacer otra cosa.

Bobbi Thompson y su hermana, Michelle Kennedy, aseguraron que recibieron decenas de ofertas durante el último año por su granja familiar de 45 acres en Pensilvania. En la propiedad vecina, los dueños solicitaron una rezonificación para construir un complejo industrial con más de 1 millón de pies cuadrados de manufactura y almacenamiento, capacidad para unos 1.000 empleados y cientos de vehículos.

Thompson y Kennedy temen que el tráfico y la actividad permanente perjudiquen sus operaciones ganaderas, pues consideran que el ruido y la circulación afectarían el entorno de sus vacas. Para impedir que su terreno termine convertido en un lote industrial, establecieron una servidumbre de conservación con apoyo del Lancaster Farmland Trust, entidad que asumirá la responsabilidad legal y fiduciaria de supervisar y hacer cumplir las restricciones.

Idaho muestra la oportunidad y el conflicto

Boise se ha convertido en uno de los puntos centrales del auge de la computación, con Meta construyendo un centro de datos en la cercana ciudad de Kuna y Micron levantando dos fábricas de semiconductores en el área metropolitana. La llegada de miles de millones de dólares ha transformado antiguas granjas de alfalfa en terrenos de primera categoría y ha creado oportunidades para promotores inmobiliarios de la región de Treasure Valley.

Mike Adler, fundador y director ejecutivo de Adler Industrial, explicó que inicialmente algunos proyectos parecían anunciar el fin de la identidad rural del valle, pero después observó cómo las nuevas áreas se integraban en la vida cotidiana. A su juicio, las zonas terminadas demostraron que la gente quería vivir y trabajar allí, una interpretación que contrasta con quienes consideran que el desarrollo está eliminando espacios abiertos sin una consulta suficiente.

La transformación también ha generado decisiones familiares que no pueden medirse solo con el precio de venta de un acre. Las comunidades deben valorar si la inversión tecnológica aporta empleos duraderos, si los servicios públicos soportarán la demanda y si el cambio de uso del suelo puede revertirse cuando termine el ciclo de expansión de la IA.

En Boise, algunos habitantes celebran el dinamismo económico, pero otros describen una sensación de pérdida al ver desaparecer físicamente las tierras de cultivo. Lindsey Dodge, residente de la ciudad, dijo que resulta deprimente observar cómo se reducen los terrenos abiertos, una reacción que resume el choque entre el entusiasmo por la inversión y el temor a que el paisaje rural no vuelva a recuperarse.

El rechazo político amenaza los proyectos

En el municipio de Saline, Michigan, la disputa adquirió un tono más hostil alrededor de The Barn, un centro de datos multimillonario desarrollado por Related Digital para Oracle y OpenAI. Funcionarios locales renunciaron después de recibir amenazas de muerte, según Kelly Marion, secretaria del municipio, quien relató que los mensajes llegaron por teléfono y correo electrónico y estaban dirigidos a varios integrantes de la junta.

Marion no identificó a las personas responsables ni explicó sus motivos, aunque señaló que algunos números telefónicos ni siquiera pertenecían al estado. Un residente impulsó además un proceso de revocatoria para obligar a los miembros de la junta a buscar nuevamente el respaldo electoral, incluida Marion, quien había votado a favor de la propuesta.

El sector financiero ya observa la oposición local como un riesgo para las inversiones y los gastos de capital comprometidos por las empresas. Mizuho indicó el 1 de septiembre que hasta nueve estados tenían moratorias pendientes sobre nuevos centros de datos. En Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul firmó una orden ejecutiva que establece una pausa de hasta un año en la emisión de permisos ambientales para nuevos centros de datos de hiperescala.

Hochul argumentó que esos desarrollos amenazan con elevar las facturas de servicios públicos, agotar los recursos naturales y crear incertidumbre para los habitantes del estado. Wells Fargo consideró que la resistencia local suele ser manejable, pero advirtió que una movilización de escala estatal en mercados clave podría convertirse en un riesgo material para el crecimiento futuro y para el valor de las acciones.

Morgan Stanley describió la disputa como un riesgo principalmente estatal y local, debido a que la política federal se había mantenido favorable a la construcción de centros de datos. Wells Fargo también calificó la política de estos proyectos como un riesgo clave en medio de la volatilidad electoral, mientras los inversores intentan determinar si el rechazo comunitario frenará permisos, encarecerá obras o desplazará nuevas inversiones hacia otras regiones.

La expansión de la IA enfrenta así una contradicción central: necesita grandes cantidades de terreno, energía y agua para crecer, pero esos mismos recursos generan la oposición que puede retrasar sus proyectos. El desenlace dependerá de si las empresas logran demostrar beneficios locales suficientes o si las comunidades concluyen que el precio económico, ambiental y social resulta demasiado alto.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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