Por Canuto  

El auge de los centros de datos impulsado por la inteligencia artificial está dejando a gobiernos locales frente a promotores con mayor experiencia y poder de negociación. Un informe de la Federación de Científicos Americanos recomienda endurecer los acuerdos sobre impuestos, agua, energía, ruido y desmantelamiento antes de autorizar nuevas instalaciones.
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  • La FAS recomienda limitar a cinco años las exenciones fiscales y los incentivos económicos para operadores de centros de datos.
  • Los acuerdos deberían fijar obligaciones medibles sobre agua, energía, ruido, residuos electrónicos y posibles daños a la comunidad.
  • El organismo pide aprobar planes de desmantelamiento antes de dar luz verde a nuevos proyectos, aunque esas reglas aún no han sido probadas.

 

El crecimiento de la infraestructura necesaria para entrenar y ejecutar sistemas de inteligencia artificial está llevando a más promotores de centros de datos hacia comunidades de Estados Unidos. Para muchos gobiernos locales, el proceso implica negociar por primera vez con empresas que proponen instalaciones enormes, con alta demanda de electricidad, agua y suelo. La Federación de Científicos Americanos, conocida por sus siglas FAS, publicó una guía para que esas autoridades lleguen mejor preparadas a la mesa de negociación.

El documento, titulado Before Breaking Ground: A Local Government Guide to Better Data Center Policy and Community Benefits, revisa políticas que ya aplican distintos gobiernos y analiza acuerdos de beneficios comunitarios celebrados entre autoridades y promotores. La propuesta central no consiste en rechazar automáticamente los proyectos, sino en exigir compromisos verificables antes de conceder permisos o incentivos. Según The Register, el informe busca compensar la falta de conocimientos técnicos y de poder de negociación que enfrentan muchas administraciones locales, indica The Register.

Incentivos fiscales bajo revisión

Una de las recomendaciones más contundentes de la FAS es que los gobiernos estatales y locales no otorguen exenciones fiscales ni incentivos económicos sin incluir una ventana de renegociación que no supere cinco años. El organismo advierte que el valor de los terrenos puede aumentar de forma sustancial después de la llegada de un centro de datos, mientras la autoridad continúa atada a beneficios fiscales acordados en condiciones menos favorables.

La preocupación tiene una dimensión financiera considerable para las comunidades que compiten por atraer inversiones tecnológicas. Algunos estados, de acuerdo con el material analizado por The Register, pierden más de USD $1.000 millones al año mediante reducciones y devoluciones de impuestos ofrecidas como estímulo a los promotores. Para la FAS, una revisión periódica permitiría comprobar si los beneficios económicos prometidos siguen justificando el costo para las arcas públicas.

Los acuerdos de beneficios comunitarios, conocidos como CBA por sus siglas en inglés, pueden servir para incorporar obligaciones que una autorización ordinaria no siempre detalla. En distintos proyectos de infraestructura, estos pactos han buscado asegurar mejoras locales, contratación de trabajadores de la zona y prácticas sostenibles, además de contribuciones financieras o inversiones en servicios comunitarios.

El informe examina diez acuerdos relacionados con centros de datos, pero solo uno está identificado expresamente como CBA y fue redactado específicamente con ese propósito. Se trata del acuerdo entre Lancaster, Pensilvania, y los promotores de dos campus de inteligencia artificial, mientras los demás documentos cubren asuntos puntuales de política pública sin presentarse necesariamente bajo esa misma etiqueta.

Agua y energía requieren compromisos medibles

La FAS recomienda que los acuerdos futuros expliquen qué ocurrirá cuando la demanda de electricidad aumente repentinamente y que indiquen si el centro de datos producirá su propia energía o dependerá de la red. Esa distinción puede afectar la infraestructura que debe construir la comunidad, los costos que asumirán los contribuyentes y la presión que el proyecto ejercerá sobre un sistema eléctrico ya exigido.

El uso de agua también debería quedar sujeto a obligaciones de información detalladas, según la guía. Las autoridades tendrían que conocer el consumo de la instalación y el procedimiento que aplicará el operador para obtener agua adicional cuando sus necesidades superen la demanda de un día promedio, en lugar de dejar esos escenarios para negociaciones posteriores o decisiones informales.

El debate sobre la transparencia del agua ya enfrenta un conflicto legal relacionado con Amazon Web Services. Un activista demandó a la compañía y alegó que publicó declaraciones falsas y engañosas sobre el consumo de agua de sus instalaciones en Virginia; esas afirmaciones corresponden a la demanda y no constituyen, por sí mismas, una determinación judicial sobre la conducta de la empresa.

Para los gobiernos locales, la exigencia de datos no solo tendría valor ambiental, sino también presupuestario y operativo. Con información periódica sobre agua y energía, las autoridades podrían comparar el consumo real con las condiciones pactadas, detectar aumentos imprevistos y exigir medidas correctivas antes de que una expansión del campus transforme el costo del proyecto en un problema público.

Ruido, cumplimiento y eventual cierre

Las comunidades que quieran limitar el ruido deberían considerar una cifra numérica específica y medible dentro del CBA, en lugar de utilizar expresiones generales como niveles razonables o molestias excesivas. La FAS también aconseja realizar pruebas anuales cerca de las viviendas locales, incluso cuando ningún residente haya presentado una queja, porque la ausencia de reclamos no demuestra que el impacto acústico sea inexistente.

Los acuerdos pueden incluir además reglas sobre iluminación, residuos electrónicos, cumplimiento de la ley y mecanismos para exigir soluciones. Al definir los recursos disponibles, la guía plantea incorporar lenguaje que permita reclamar daños especiales o consecuentes y añadir procedimientos de resolución alternativa de disputas, como la mediación, para evitar que cada desacuerdo termine necesariamente en un litigio prolongado.

La FAS insiste en que los CBA deben complementar las ordenanzas locales, no reemplazarlas, y que ambos instrumentos tienen que redactarse de manera coherente. Un acuerdo comunitario no puede corregir un vacío de zonificación, mientras una ordenanza de zonificación tampoco captura necesariamente compromisos específicos del proyecto, como una obligación financiera, un límite operativo o una frecuencia concreta de medición.

El desmantelamiento representa uno de los puntos menos probados de esta nueva etapa de expansión tecnológica. La FAS afirma que no conoce un solo caso en el que un centro de datos haya cesado operaciones o haya sido desmantelado formalmente, por lo que las disposiciones incluidas en acuerdos y ordenanzas todavía no han enfrentado una prueba real de cumplimiento.

Por esa razón, el organismo recomienda que las autoridades aprueben un plan de desmantelamiento antes de autorizar la construcción. La medida busca anticipar quién pagará la retirada de equipos, qué ocurrirá con la infraestructura y cómo se resolverán las obligaciones pendientes, aunque el informe no presenta un caso concreto que permita medir la eficacia de esos planes.

La expansión de los centros de datos muestra así una tensión entre la promesa de inversión asociada a la inteligencia artificial y los costos que pueden recaer sobre las comunidades. Para la FAS, negociar con más firmeza no significa cerrar la puerta a la tecnología, sino evitar que los gobiernos firmen compromisos fiscales y ambientales difíciles de modificar cuando el proyecto ya esté instalado.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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