Por Canuto  

El Comité de Servicios Armados del Senado de EE. UU. avanzó una disposición que crearía un programa piloto para que empresas privadas mantengan accesos a redes informáticas extranjeras bajo supervisión militar. La propuesta busca reducir una brecha de personal frente a China, pero también abre interrogantes sobre responsabilidad, control operativo y normas internacionales.
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  • La disposición forma parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el año fiscal 2027.
  • Los contratistas solo podrían generar y mantener accesos, sin autorización para destruir datos o interrumpir sistemas.
  • La medida todavía necesita superar votaciones, la conciliación legislativa y la firma presidencial.

El Comité de Servicios Armados del Senado de Estados Unidos avanzó una disposición que permitiría, por primera vez de manera formal, que contratistas privados realicen determinadas operaciones cibernéticas en nombre del ejército. La medida está incluida en la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el año fiscal 2027 y propone un programa piloto supervisado por el Cibercomando de Estados Unidos, conocido como CYBERCOM.

El alcance planteado no contempla ataques destinados a destruir infraestructura ni a interrumpir sistemas enemigos. Las empresas civiles utilizarían su propia infraestructura para encontrar rutas de entrada a redes informáticas extranjeras y conservar esos accesos operativos con el tiempo, una labor persistente que consume recursos y personal especializado dentro de las fuerzas armadas.

Una propuesta limitada al acceso

El Comité de Servicios Armados del Senado, cuya sigla en inglés es SASC, avanzó la disposición el 23 de junio de 2026, durante el análisis de la ley de defensa correspondiente al año fiscal 2027. El comité aprobó el proyecto de autorización de defensa por 18 votos contra 9 y lo envió al pleno del Senado para su siguiente etapa legislativa. Según la información publicada por Crypto Briefing, el texto autorizaría un programa piloto y no una delegación general de las operaciones cibernéticas militares a compañías privadas.

La diferencia resulta relevante porque el proyecto separa las tareas de acceso de las capacidades ofensivas. Un contratista podría buscar un punto de entrada en una red extranjera y mantenerlo disponible, pero no tendría autorización para cerrar infraestructura, eliminar datos ni interrumpir los sistemas objetivo como parte de esa función específica.

En términos operativos, generar acceso significa localizar una vía para ingresar a una red protegida, mientras que mantenerlo exige evitar que esa vía desaparezca o sea detectada. La disposición apunta precisamente a ese trabajo continuo, que puede requerir seguimiento técnico durante meses o años y que, si se pierde, obliga a comenzar nuevamente el proceso de penetración.

El marco propuesto mantendría la autoridad militar sobre las empresas participantes. Los contratistas operarían bajo el mando y la supervisión de CYBERCOM, además de necesitar la aprobación del Departamento de Defensa, de modo que la iniciativa no plantearía una autonomía completa para los actores privados.

La brecha de personal frente a China

El principal argumento a favor de la disposición está relacionado con la disponibilidad de operadores cibernéticos. Los defensores del proyecto citan una estimación según la cual la fuerza laboral de China tendría una proporción cercana a 10 a 1 frente a la estadounidense. Esa cifra no aparece como un dato oficial confirmado en la información legislativa disponible, pero se utiliza para sostener que Estados Unidos enfrenta dificultades para mantener operaciones prolongadas en redes adversarias.

La brecha no se limita al número de empleados o especialistas disponibles, porque también condiciona cuánto tiempo puede dedicar cada operador a una misión. Mantener un acceso digital abierto requiere trabajo paciente y metódico, desde la identificación de rutas de entrada hasta la vigilancia de los cambios que podrían inutilizarlas.

Establecer un punto de apoyo en una red extranjera puede tardar meses o incluso años, según el contenido de la propuesta y los argumentos citados por Crypto Briefing. Cuando una unidad carece de personal suficiente para conservar ese acceso, el esfuerzo acumulado corre el riesgo de perderse y el proceso debe comenzar desde cero.

Los partidarios del programa sostienen que las compañías privadas podrían cubrir ese déficit sin desplazar a los operadores militares de sus responsabilidades principales. Bajo esa lógica, las empresas asumirían el trabajo persistente de mantener abiertas las puertas digitales, mientras el personal uniformado concentraría sus recursos en misiones consideradas de mayor prioridad.

Responsabilidad y supervisión

La externalización también plantea una pregunta central sobre la responsabilidad jurídica y operativa. Si una empresa provoca daños accidentales o deliberados contra infraestructura civil mientras intenta generar acceso, el debate sería determinar quién respondería por las consecuencias y bajo qué marco legal se evaluaría la conducta.

El personal militar actúa dentro de cadenas de mando definidas y está sujeto al Código Uniforme de Justicia Militar. Los contratistas, en cambio, ocupan un espacio jurídico más complejo, una dificultad que Estados Unidos ya enfrentó durante la Guerra de Irak, cuando empresas privadas de seguridad operaron en zonas de conflicto con mecanismos de rendición de cuentas considerados limitados.

La existencia de supervisión formal no elimina por sí sola los problemas de control. CYBERCOM conservaría la autoridad de mando, pero vigilar en tiempo real las actividades de contratistas dentro del ciberespacio puede resultar más difícil que supervisar una operación física, donde las acciones, los participantes y los efectos suelen ser más visibles.

El diseño del programa tendría que resolver, por tanto, cómo se documentarían las órdenes, cómo se revisarían las decisiones técnicas y cómo se atribuirían los incidentes. La información disponible no detalla esos procedimientos, pero las dudas sobre responsabilidad y supervisión constituyen dos de los principales argumentos de quienes rechazan la iniciativa.

El impacto internacional y el camino legislativo

Los cuestionamientos también alcanzan la dimensión internacional de la propuesta. Un conjunto creciente de normas busca proteger la infraestructura civil frente a operaciones cibernéticas y mantener una separación clara entre las actividades digitales de los gobiernos y las acciones de compañías privadas.

Permitir que contratistas realicen operaciones militares de acceso, incluso con un alcance limitado y bajo control del Pentágono, podría difuminar esa separación. Los críticos advierten que la decisión podría debilitar la credibilidad de Estados Unidos cuando denuncie comportamientos similares de otros países, especialmente si las fronteras entre actividad estatal y actividad comercial dejan de ser claras.

El avance del SASC representa apenas el primer obstáculo legislativo para la disposición. El texto todavía necesita la aprobación del pleno del Senado y luego tendría que sobrevivir al proceso de conciliación con la Cámara de Representantes, cuya propia versión de la ley de defensa podría modificarlo o eliminarlo por completo.

Incluso si ambas cámaras acuerdan conservar el programa piloto, la medida requeriría la firma presidencial para convertirse en ley. Hasta ese momento, la propuesta seguirá siendo una autorización en trámite y no una facultad vigente para que empresas privadas realicen operaciones cibernéticas en nombre del gobierno estadounidense.

El debate enfrenta una necesidad operativa concreta con los riesgos de trasladar parte de la guerra digital al sector privado. La decisión final determinará si Estados Unidos considera que la velocidad y la escala justifican asumir una zona gris adicional en materia de control, responsabilidad y normas internacionales.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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