El Pentágono afirma que Anthropic continúa clasificada como un riesgo de cadena de suministro, en contradicción con las señales de Howard Lutnick sobre un supuesto acuerdo con la empresa de inteligencia artificial. La disputa combina un contrato militar de USD $200 millones, límites al uso de Claude en sistemas clasificados y un fallo judicial que determinó que las medidas del gobierno contra la compañía fueron ilegales.
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- Emil Michael, funcionario del Departamento de Guerra, afirmó que Anthropic mantiene su designación de riesgo dentro del organismo, aunque una jueza federal bloqueó la medida.
- El conflicto comenzó por un contrato de USD $200 millones y las restricciones que Anthropic buscaba imponer al uso militar de Claude.
- La jueza Rita Lin determinó que las medidas contra Anthropic violaron la Primera Enmienda y ordenó bloquear la designación, aunque el gobierno todavía puede dejar de contratar los productos de la empresa.
🚨 Anthropic enfrenta al Pentágono
El organismo afirma que la empresa sigue siendo un riesgo de cadena de suministro, pese al fallo judicial que bloqueó la designación.
El conflicto comenzó por un contrato de USD 200 millones y límites al uso militar de Claude. pic.twitter.com/RUbgwSLngO
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La designación sigue en disputa
El Pentágono afirma que Anthropic continúa bajo una designación de riesgo de cadena de suministro, según declaró el jueves un funcionario del Departamento de Guerra. La postura reabrió una disputa que parecía encaminarse hacia una solución política. La afirmación contradice las señales transmitidas un día antes por el secretario de Comercio, Howard Lutnick, quien dijo a Bloomberg Television que la empresa de inteligencia artificial había resuelto sus diferencias con la administración Trump, indica Yahoo.
Emil Michael sostuvo que Anthropic continúa siendo considerada un riesgo para el Departamento de Guerra y para la base industrial de defensa. Sin embargo, esta afirmación debe leerse junto con el fallo de la jueza federal Rita Lin, que determinó que las medidas del gobierno contra la compañía fueron ilegales y bloqueó la designación. Por tanto, la declaración de Michael describe la postura del Pentágono, pero no elimina los efectos de la orden judicial.
La tensión aumentó después de que un alto ejecutivo de Anthropic apareciera junto a Lutnick en una reunión tecnológica del Grupo de los 20 celebrada en Carolina del Norte. La imagen pública sugirió una relación más cooperativa entre la compañía y el gobierno, pero la posición expresada por Michael indica que los distintos organismos estadounidenses todavía manejan el caso de manera separada.
La información fue reportada por Reuters a partir de declaraciones oficiales y de solicitudes de comentarios al Departamento de Defensa, que no respondió. Michael tampoco hizo referencia en su publicación al litigio que continúa en curso, un silencio que deja sin aclarar cómo pretende el Pentágono conciliar su postura con la orden judicial emitida contra ella.
El origen del enfrentamiento por Claude
El enfrentamiento comenzó a principios de año, cuando Anthropic y el Departamento de Defensa negociaron un contrato valorado en USD $200 millones para desplegar los modelos de inteligencia artificial Claude en sistemas clasificados. El desacuerdo no se limitó al precio ni a las condiciones técnicas, porque la empresa buscaba establecer límites contractuales sobre las aplicaciones militares permitidas.
Anthropic quería prohibir que sus modelos se utilizaran en sistemas de armas letales autónomas o en programas de vigilancia masiva dentro de Estados Unidos. La compañía presentó esas restricciones como salvaguardas para evitar usos que, en su opinión, podrían generar riesgos graves, mientras el Departamento de Defensa rechazó la idea de que un contratista corporativo pudiera definir las reglas de operación militar.
Las negociaciones terminaron fracasando y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, designó a Anthropic como un riesgo de cadena de suministro. No obstante, una jueza federal determinó posteriormente que las medidas adoptadas contra la empresa fueron ilegales y bloqueó la designación. La declaración de Michael sugiere que el Pentágono continúa defendiendo esa postura, aunque su aplicación enfrenta límites judiciales.
La medida tuvo consecuencias más amplias que la pérdida de un contrato específico, porque podía impedir que Anthropic participara indirectamente en proyectos de defensa a través de terceros. Para una compañía cuyos modelos buscan competir en aplicaciones empresariales, científicas y gubernamentales, una etiqueta asociada con la seguridad nacional representa además un golpe reputacional y una señal de incertidumbre para potenciales clientes.
El fallo judicial y sus límites
Anthropic respondió mediante dos vías legales: una demanda ante un tribunal federal de distrito en California y una acción separada ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito de D. C. El 27 de agosto, la jueza federal Rita Lin, del Distrito Norte de California, falló a favor de la empresa y cuestionó la forma en que el Pentágono había aplicado la designación.
Lin determinó que el Departamento de Defensa había tomado represalias contra Anthropic en violación de la Primera Enmienda y que también había privado a la compañía de intereses de libertad sin ofrecerle una notificación adecuada. La jueza bloqueó la designación de riesgo de cadena de suministro y emitió una orden contra el Departamento de Defensa y otras agencias mencionadas.
La orden exige retirar o dejar sin efecto las directivas emitidas para aplicar la designación, lo que limita la capacidad del gobierno de mantener el bloqueo por los mismos mecanismos administrativos. Sin embargo, el fallo no obliga al Pentágono a utilizar los productos de Anthropic ni le impide evaluar una transición hacia otros proveedores de inteligencia artificial, siempre que esas decisiones respeten las leyes aplicables.
Ese matiz resulta central para entender la disputa actual: una cosa es impedir que el gobierno castigue a una empresa por sus posiciones expresadas durante una negociación, y otra muy distinta es obligarlo a comprar sus servicios. Por ello, incluso si la designación debe quedar sin efecto, Anthropic todavía podría enfrentar un mercado gubernamental reducido mientras el Departamento de Defensa busca alternativas tecnológicas.
El frente separado del Departamento de Comercio
La controversia con el Departamento de Defensa no debe confundirse con el expediente que Anthropic gestionó ante el Departamento de Comercio. Lutnick y Tom Brown, un ejecutivo de Anthropic, trabajaron por separado para resolver los problemas que habían llevado a esa dependencia a imponer controles de exportación sobre dos modelos de inteligencia artificial de la compañía.
Las restricciones comerciales surgieron por preocupaciones sobre un posible uso indebido de esos modelos, aunque la noticia no detalla qué operaciones concretas motivaron la decisión. Esos controles fueron levantados a finales de junio, un resultado que pudo contribuir a la percepción de que Anthropic y la administración Trump habían alcanzado un entendimiento más amplio.
Lutnick describió públicamente el acercamiento con una expresión de fuerte carga política y afirmó que Anthropic había arreglado sus diferencias con la administración. No obstante, la declaración del funcionario Emil Michael demuestra que la solución en Comercio no eliminó automáticamente las objeciones mantenidas por Defensa, ni cerró el conflicto judicial relacionado con el contrato militar.
La separación entre ambos expedientes también expone la complejidad regulatoria que enfrentan las empresas de inteligencia artificial cuando venden modelos a organismos públicos. Una agencia puede levantar controles de exportación mientras otra mantiene objeciones sobre la contratación, la seguridad operativa o los límites que una compañía pretende imponer al uso de su tecnología.
Causas de movimientos recientes
(a) Confirmado: La nueva tensión se relaciona con la declaración de Emil Michael sobre la postura del Departamento de Guerra frente a Anthropic, en contraste con las declaraciones de Howard Lutnick sobre una mejora en las relaciones entre la compañía y la administración. La evidencia disponible no permite atribuir a este episodio un movimiento específico de mercado.
(b) Plausible: La percepción de que Comercio y Defensa mantienen posiciones distintas podría aumentar la incertidumbre sobre la capacidad de Anthropic para obtener contratos públicos y sobre el alcance real del fallo de Rita Lin. No obstante, el motivo de cualquier movimiento de mercado no está identificado.
Qué puede ocurrir ahora
El Pentágono deberá determinar cómo cumple la orden de Rita Lin mientras sostiene, si así lo decide, que Anthropic no es un proveedor adecuado para ciertos programas de defensa. La sentencia no elimina la posibilidad de que el gobierno adopte otros modelos, pero sí vuelve más delicada cualquier medida que parezca una continuación del castigo aplicado después de la ruptura contractual.
Para Anthropic, la prioridad será conseguir que las agencias retiren las instrucciones relacionadas con la designación y evitar que la etiqueta siga afectando sus relaciones comerciales. La compañía también tendrá que defender sus límites sobre armas autónomas y vigilancia masiva sin cerrar por completo la puerta a contratos públicos, un equilibrio difícil cuando los gobiernos buscan modelos capaces de operar en entornos clasificados.
El caso plantea una pregunta relevante para toda la industria: hasta dónde pueden llegar las empresas tecnológicas al negociar restricciones de uso con organismos militares. El gobierno sostiene que la operación de defensa requiere reglas definidas por las autoridades, mientras Anthropic intenta preservar controles sobre aplicaciones que considera incompatibles con sus principios de seguridad.
La contradicción entre Lutnick y Michael deja el expediente lejos de una resolución definitiva, aunque ambas partes hayan encontrado puntos de acuerdo en otros ámbitos. Mientras el Departamento de Comercio ya levantó sus controles de exportación, el Departamento de Guerra insiste en sus objeciones a Anthropic y deberá explicar cómo esa postura se ajusta al fallo judicial del 27 de agosto.
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