Por Canuto  

Fiscales de EE.UU. imputaron a tres personas por un presunto fraude en el que habrían usado inteligencia artificial para hacerse pasar por directivos y abogados. La acusación sostiene que el esquema apuntó durante más de un año y medio a miles de empresas y causó pérdidas cercanas a USD $129 millones.
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  • Jacob Soall, Sharon Hazan y Guy Sheetrit enfrentan cargos de fraude electrónico y robo agravado de identidad.
  • La acusación afirma que habrían imitado voces y semblantes de ejecutivos en llamadas dirigidas a equipos financieros.
  • Entre las presuntas víctimas figuran hospitales, un banco, una fintech británica, una firma de fondos mutuos y una empresa de alimento para mascotas.

EE.UU. acusa a tres sospechosos de usar IA para robar USD $129 millones

Fiscales de Estados Unidos acusaron formalmente a tres personas de participar en un presunto fraude que habría empleado inteligencia artificial para suplantar a directores ejecutivos y abogados. Según la acusación, la operación habría sustraído cerca de USD $129 millones y estuvo dirigida a miles de empresas de distintos países durante más de un año y medio.

Los imputados son Jacob Soall, de 41 años; Sharon Hazan, de 54; y Guy Sheetrit, de 42. La fiscalía les atribuye fraude electrónico y robo agravado de identidad; esos cargos reflejan las alegaciones presentadas ante un tribunal, no una determinación de culpabilidad. El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó sobre el caso en un comunicado de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Associated Press también reportó detalles a partir de documentos judiciales y declaraciones de los fiscales.

Los cargos y la presunta suplantación

La acusación, presentada en un Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Nueva York, sostiene que los tres sospechosos utilizaron IA para hacerse pasar por ejecutivos corporativos y abogados. De acuerdo con los fiscales, el método habría incluido la imitación de voces y semblantes durante llamadas telefónicas, con el objetivo de convencer a personal de finanzas. La presentación judicial sitúa esa actividad en un periodo de más de 18 meses.

El foco en los equipos financieros importa porque la denuncia describe un engaño dirigido a personas vinculadas con las operaciones de las empresas, no una campaña centrada en el público general. Sin embargo, la información divulgada no detalla cómo se desarrollaban las llamadas, qué instrucciones recibían los empleados ni qué herramientas específicas de IA se habrían utilizado. Esos límites impiden atribuir al caso una técnica concreta más allá de la suplantación de voces y semblantes que describen los fiscales.

La causa abarca miles de compañías en todo el mundo, según los documentos judiciales citados en el reporte. La cifra apunta a la escala que la fiscalía atribuye al esquema, aunque la información disponible no precisa cuántas empresas habrían perdido dinero ni cuánto habría correspondido a cada víctima. Tampoco identifica las compañías por nombre, por lo que el alcance geográfico y económico aparece descrito de forma general.

El monto señalado, aproximadamente USD $129 millones, representa la pérdida total que los fiscales vinculan con el presunto fraude. La acusación no ofrece en la información publicada un desglose por operación o por organización afectada. Por ello, la cifra debe entenderse como el total alegado en el caso y no como una suma adjudicada judicialmente a los tres acusados ni como una condena firme.

Empresas afectadas y alcance del caso

Entre las entidades que aparecen como víctimas figuran sistemas hospitalarios de Misuri y California, además de un banco de Rhode Island. La lista también incluye una empresa de tecnología financiera del Reino Unido y una compañía de fondos mutuos de Massachusetts. Los documentos mencionan, asimismo, a una empresa de alimento para mascotas con sede en Florida.

La variedad de sectores muestra que, según la acusación, los objetivos no se limitaron a una sola industria. La presencia de organizaciones sanitarias, financieras, tecnológicas y de consumo refleja el alcance transversal que los fiscales atribuyen a la operación. Aun así, la información conocida no explica si las empresas tenían vínculos entre sí, cómo fueron seleccionadas o si compartían algún proceso interno que facilitara el engaño.

El caso pone sobre la mesa un riesgo asociado con la suplantación mediante IA: una llamada que parece provenir de una persona con autoridad puede intentar influir en decisiones internas de una organización. Esa observación describe el tipo de amenaza señalado en la acusación, pero no demuestra que toda llamada con una voz sintética conduzca a un fraude ni permite concluir que las compañías afectadas carecieran de controles. Los detalles publicados tampoco aclaran qué verificaciones aplicó cada entidad.

Por ahora, los hechos centrales conocidos son los cargos, las identidades y edades de los tres acusados, la cifra aproximada reclamada por la fiscalía y algunos sectores y lugares de las presuntas víctimas. La información disponible no incluye respuestas de Soall, Hazan o Sheetrit, ni detalla etapas posteriores del proceso judicial. Cualquier evaluación adicional sobre responsabilidades dependerá de la evidencia y del desarrollo de la causa, mientras que las imputaciones mantienen su carácter de alegaciones.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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