Duke Energy llegó a un acuerdo con el Personal Público de Carolina del Norte, Amazon, Google, Meta, Microsoft y otros participantes para que los grandes consumidores de electricidad asuman más costos de la infraestructura que necesitan. La Comisión de Servicios Públicos de Carolina del Norte aún debe decidir si aprueba las nuevas condiciones.
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- El pacto define como clientes de gran carga a quienes requieren al menos 50 MW con un factor de carga del 80%.
- Los nuevos clientes afrontarán pagos anticipados, mínimos mensuales del 75% de su demanda proyectada y garantías para cubrir costos de red.
- Las tarifas por terminar contratos antes de tiempo podrían ir de USD $25 millones a más de USD $587 millones; la comisión estatal todavía debe pronunciarse.
⚡ Duke Energy pacta nuevas condiciones para que los centros de datos paguen por la red
Los nuevos clientes de gran carga afrontarían anticipos, garantías y facturas mínimas del 75% de la demanda prevista.
Amazon, Google, Meta y Microsoft participan. La comisión estatal aún… pic.twitter.com/jvMMRZ2jR5
— Diario฿itcoin (@DiarioBitcoin) October 8, 2026
Duke Energy busca que los centros de datos paguen por la red que exige la IA
Duke Energy alcanzó un acuerdo que busca impedir que los hogares de Carolina del Norte carguen con los costos eléctricos asociados al crecimiento de los centros de datos y la inteligencia artificial. Según la compañía, el pacto involucra al Personal Público de Carolina del Norte, Amazon, Google, Meta, Microsoft y otros participantes. Todavía necesita la aprobación de la comisión estatal de servicios públicos.
Las condiciones para los grandes consumidores
El acuerdo se enfoca en los llamados clientes de gran carga, categoría que abarca a quienes requieren al menos 50 megavatios y mantienen un factor de carga del 80%. Esos usuarios quedarían bajo una tarifa de alto factor de carga, diseñada para aplicar condiciones específicas a consumos grandes y sostenidos, como los que pueden requerir instalaciones de centros de datos.
Una de las principales protecciones exige que los nuevos clientes hagan pagos anticipados y no reembolsables por las instalaciones que Duke Energy construya específicamente para atenderlos. La obligación aplicaría a contratos firmados después del 1 de junio de 2026, por lo que el alcance de esta medida depende tanto de la fecha del acuerdo como de la infraestructura que requiera cada cliente.
El pacto también establece facturas mínimas mensuales equivalentes al 75% de la demanda proyectada para los nuevos clientes de gran carga que cumplan los requisitos. Así, si una empresa anticipa un consumo elevado y después utiliza menos electricidad, seguiría pagando por una parte sustancial de la capacidad que solicitó, en lugar de trasladar automáticamente el costo de esa previsión incumplida a otros usuarios.
Las empresas también tendrían que aportar depósitos y garantías para cubrir su participación en los costos generales de la red, además de pagar por equipos dedicados a sus operaciones. El acuerdo contempla, asimismo, cargos por terminación anticipada que podrían oscilar entre USD $25 millones y más de USD $587 millones, según la demanda energética y la duración del contrato correspondiente.
El auge de la IA y la discusión sobre quién paga
La disputa gira en torno a una pregunta concreta: cómo financiar la infraestructura necesaria cuando nuevos proyectos aumentan con rapidez la demanda de electricidad. Los centros de datos necesitan suministro y capacidad de red para operar, y el acuerdo busca que las compañías que generan esa demanda cubran los costos atribuibles a sus necesidades, en vez de repartirlos sin distinción entre los clientes existentes.
Duke Energy ya había implementado protecciones para los clientes en 2024, y el acuerdo actual se apoya en ese marco anterior. También coincide con el Compromiso Federal de Protección de los Contribuyentes, anunciado por la Casa Blanca en marzo de 2026, que puso en la agenda nacional el debate sobre quién debe pagar la energía y la infraestructura asociadas con los centros de datos.
Carolina del Norte ya había visto cómo esa discusión podía traducirse en decisiones regulatorias. En septiembre de 2026, la Comisión de Servicios Públicos rechazó una propuesta de Duke Energy para construir una turbina de gas de 255 MW vinculada al crecimiento previsto de la demanda de centros de datos. WUNC informó que los comisionados plantearon dudas sobre los plazos y sobre si los centros de datos asumirían una parte suficiente de los costos.
La presión sobre el sistema eléctrico, sin embargo, no se limita a ese proyecto. Duke Energy firmó acuerdos de servicio energético por 2,7 GW con centros de datos desde su reporte de resultados anterior, publicado en febrero, según Utility Dive.
Alcance del pacto y decisión pendiente
Para Amazon, Google, Meta y Microsoft, el acuerdo supone aceptar condiciones de pago más exigentes y reglas de salida más estrictas en los contratos alcanzados por sus términos. La participación de otros actores amplía el conjunto de involucrados y muestra que el asunto no se limita a una negociación comercial entre una empresa eléctrica y clientes tecnológicos.
Para los hogares, el pacto ofrece una protección potencial, pero no una garantía de que todos los costos vinculados con la expansión de la red queden fuera de sus facturas. Las medidas descritas se concentran principalmente en los contratos firmados después del 1 de junio de 2026, mientras que los acuerdos anteriores siguen sujetos a condiciones distintas.
Ese corte temporal es importante porque determina qué contratos podrían quedar bajo las nuevas reglas de pagos anticipados, mínimos mensuales y garantías. El material disponible no especifica cómo cambiarían los términos de acuerdos previos ni qué proporción de la demanda de Duke Energy quedaría cubierta por el pacto; por ello, el alcance práctico dependerá de los contratos aplicables y de la decisión regulatoria.
La Comisión de Servicios Públicos de Carolina del Norte debe revisar ahora el acuerdo y, según el calendario citado, se espera que se pronuncie para mediados de noviembre de 2026. Los comisionados pueden aprobarlo tal como está, solicitar cambios o rechazarlo, de modo que las salvaguardas todavía no constituyen una política definitivamente vigente para todos los clientes afectados.
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