La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó suspender una ley de Texas que obliga a las tiendas de aplicaciones y desarrolladores a verificar la edad de los usuarios y exigir autorización de los padres para que menores de edad descarguen aplicaciones o realicen compras. La norma permanecerá vigente mientras continúa el litigio sobre su constitucionalidad.
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- La Corte Suprema permitió que la ley de Texas siga vigente durante el proceso judicial.
- La norma exige verificar la edad y obtener consentimiento parental para menores.
- Apple, Google y otros actores tecnológicos impugnan la legislación.
- Texas defiende la medida como una herramienta para proteger a los niños en internet.
🚨 La Corte Suprema de EE. UU. permite la ley texana que exige verificación de edad en aplicaciones móviles.
La norma obliga a desarrolladores a obtener autorización parental para que menores de 18 años accedan y compren en apps.
La medida busca proteger a niños en… pic.twitter.com/NDBW2bUCTw
— Diario฿itcoin (@DiarioBitcoin) July 6, 2026
La Corte Suprema de Estados Unidos decidió no bloquear la entrada en vigor de la denominada App Store Accountability Act, una ley aprobada por el estado de Texas que impone nuevos requisitos de verificación de edad para usuarios de dispositivos móviles.
Con esta decisión, el máximo tribunal dejó vigente el fallo emitido en junio por la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, que había permitido la aplicación de la norma mientras continúa el proceso judicial para determinar si vulnera la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege la libertad de expresión, indica Reuters.
La resolución no constituye un pronunciamiento sobre el fondo del caso, sino únicamente sobre la solicitud de suspender temporalmente la legislación.
La industria tecnológica cuestiona la constitucionalidad
La demanda fue presentada por la Computer & Communications Industry Association (CCIA), organización cuyos miembros incluyen operadores de tiendas de aplicaciones como Apple y Google, junto con una coalición de estudiantes y dos jóvenes residentes en Texas.
Los demandantes sostienen que la ley obliga a las plataformas digitales a controlar el acceso de los usuarios a una enorme cantidad de contenido protegido por la libertad de expresión.
En documentos presentados ante la Corte Suprema, la CCIA argumentó que ningún estado estadounidense había exigido anteriormente que los ciudadanos demostraran su edad antes de acceder a publicaciones, ingresar a una librería o navegar por internet.
Según la organización, la legislación texana traslada ese mismo requisito a prácticamente todas las aplicaciones disponibles para dispositivos móviles.
¿Qué establece la nueva legislación?
La ley, aprobada por Texas en 2025 y promulgada por el gobernador Greg Abbott, exige que las cuentas pertenecientes a menores de 18 años estén vinculadas a las de un padre o tutor legal.
Además, antes de que un menor pueda descargar una aplicación o realizar compras dentro de ella, los padres deberán recibir información sobre la clasificación por edades del contenido y otorgar una autorización expresa.
La medida forma parte de un conjunto más amplio de iniciativas impulsadas por distintos estados estadounidenses y otros países para reforzar el control parental sobre el uso de internet y las redes sociales por parte de niños y adolescentes.
En 2025, por ejemplo, Australia se convirtió en el primer país en prohibir el acceso de menores de 16 años a plataformas de redes sociales.
Los tribunales mantienen posturas divididas
En diciembre pasado, el juez federal Robert Pitman bloqueó temporalmente la aplicación de la norma al considerar que probablemente vulneraba la Primera Enmienda.
En su fallo comparó la legislación con una hipotética ley que obligara a todas las librerías a verificar la edad de cada cliente antes de permitirles ingresar y exigiera autorización de los padres para que un menor pudiera comprar un libro.
Sin embargo, el Quinto Circuito de Apelaciones suspendió posteriormente esa decisión, argumentando que Texas posee un interés “sustancial, e incluso imperioso”, en proteger a los menores y garantizar que los padres cuenten con la información necesaria para supervisar el acceso de sus hijos a contenidos digitales.
Ahora, con la negativa de la Corte Suprema a intervenir de manera cautelar, la legislación permanecerá en vigor mientras los tribunales resuelven definitivamente si es compatible con las garantías constitucionales de libertad de expresión.
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