Por Canuto  

Un centro de datos aprobado en terrenos federales, pero cuya construcción fue bloqueada por una junta de apelaciones, convirtió el uso de tierras públicas en un tema de la carrera por la gobernación de Nevada.
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  • El proyecto Townsite obtuvo autorización federal después de que sus promotores retiraran una solicitud para un terreno cercano y buscaran parcelas públicas.
  • La Junta de Apelaciones de Tierras del Departamento del Interior bloqueó el inicio de las obras al considerar que la Oficina de Administración de Tierras probablemente incumplió la ley ambiental al reutilizar una evaluación preparada para un proyecto solar.
  • Joe Lombardo y Aaron Ford defienden enfoques distintos, mientras residentes de distintas tendencias políticas expresan preocupación por el agua, la electricidad y la participación local.

Los centros de datos de IA en tierras federales agitan la elección por Nevada

La disputa por un centro de datos de inteligencia artificial en terrenos federales pasó de ser un conflicto local a ocupar un lugar en la carrera por la gobernación de Nevada. El proyecto Townsite, cerca de Boulder City, recibió el visto bueno de la Oficina de Administración de Tierras de Estados Unidos (BLM), aunque la construcción quedó bloqueada por una orden de la Junta de Apelaciones de Tierras del Departamento del Interior. La junta cuestionó la revisión ambiental utilizada para autorizarlo.

El caso enfrenta la promesa de inversión y expansión tecnológica con inquietudes por el agua, las facturas eléctricas, el paisaje y la falta de participación comunitaria. Según un reportaje de Associated Press, Nevada concentra una disputa especialmente relevante porque el 80% de su territorio pertenece al gobierno federal y más de una docena de proyectos similares están en etapa de planificación.

Townsite y el debate por la participación local

Janelle Sorenson, residente de Boulder City, se opuso al centro de datos porque considera que dañaría el paisaje desértico y alteraría la tranquilidad de una localidad conocida por sus cielos nocturnos despejados. Durante el verano se unió a otros habitantes para rechazar una propuesta que inicialmente buscaba instalar una de estas grandes instalaciones de cómputo en terrenos cercanos, y el grupo logró que los promotores retiraran esa solicitud.

La retirada no puso fin al proyecto: sus desarrolladores dirigieron la iniciativa hacia parcelas federales cercanas. En junio de 2026, la BLM aprobó Townsite, que contempla construir y operar un centro de datos en 88,5 acres. Sorenson cuestionó que los residentes no hubieran podido decidir ni participar de manera significativa, además de afirmar que los mantuvieron sin información sobre el cambio de ubicación.

El 1 de septiembre, la Junta de Apelaciones de Tierras del Departamento del Interior ordenó que los promotores no comenzaran las obras. La junta consideró que la BLM probablemente incumplió la Ley Nacional de Política Ambiental al reutilizar para el centro de datos una revisión ambiental preparada para un proyecto solar que no llegó a construirse. No fue un juez quien detuvo el proyecto, sino una instancia administrativa de apelaciones.

El proyecto contempla una demanda de potencia de 167 megavatios, según informó Engineering News-Record. El tamaño potencial de estas instalaciones ayuda a explicar la preocupación: algunas pueden ocupar una superficie equivalente a 70 campos de fútbol americano. Las empresas tecnológicas buscan grandes extensiones para construir infraestructura de cómputo, mientras Townsite podría convertirse en un precedente para iniciativas en terrenos federales; la información disponible señala que más de una docena de proyectos adicionales se encuentran en fase de planificación.

Una discusión que cruza partidos y llega a las urnas

La carrera por la gobernación enfrenta al republicano Joe Lombardo, quien busca la reelección, con el demócrata Aaron Ford, fiscal general del estado y candidato de su partido. Lombardo no rechaza de forma abierta la construcción de centros de datos en terrenos públicos, siempre que cuenten con respaldo comunitario; Ford, en cambio, se ha comprometido a oponerse a esas instalaciones en tierras públicas y sostiene que la vivienda asequible debe tener prioridad.

Los dos candidatos también aseguran que los proyectos, tanto en terrenos públicos como privados, deben cumplir las reglas estatales. Entre las condiciones mencionadas están cubrir sus propios costos de energía y proteger los suministros de agua; si las empresas incumplen esas exigencias, perderían la posibilidad de recibir exenciones fiscales estatales.

El rechazo no se limita a una tendencia política. Sorenson se identifica como liberal y dijo que sus vecinos conservadores comparten su oposición, mientras Autumn McGrath-Shook, residente de Boulder City, contó que dejó el Partido Republicano y se registró en el Partido Verde debido a su preocupación por los centros de datos, aunque todavía se considera conservadora y teme por la fauna silvestre.

David Damore, profesor de ciencia política en la Universidad de Nevada, Las Vegas, describió el tema como un factor capaz de movilizar votantes en las elecciones intermedias y que sorprendió a varios políticos. Según su análisis, algunos dirigentes que antes respaldaban estos proyectos han tenido que responder a la oposición comunitaria, una dinámica que también se refleja en medidas adoptadas por gobernadores de otros estados.

Promesas, exenciones fiscales y salvaguardas

En agosto, Ford anunció que buscaría pausar nuevas exenciones fiscales para centros de datos mientras se realiza una auditoría sobre el cumplimiento de las promesas de ingresos tributarios y beneficios económicos. En septiembre, Lombardo firmó una orden ejecutiva para establecer más salvaguardas y exigir mayores pagos de impuestos destinados a apoyar a las escuelas.

Las posiciones de ambos candidatos tienen un antecedente legislativo compartido: Ford copatrocinó en 2015 la ley que creó el programa estatal de exenciones fiscales para centros de datos, una medida que recibió apoyo bipartidista. Lombardo lo ha criticado por ese respaldo, mientras Ford reprocha al gobernador haber concedido más de USD $200 millones en exenciones fiscales a estas empresas, en el marco del programa creado por aquella legislación.

Ford dijo que utilizaría todas las herramientas a su alcance para impedir que los centros de datos eludan las salvaguardas estatales, incluida la retención de beneficios fiscales y la presentación de litigios. Lombardo, cuya campaña declinó conceder una entrevista, ha planteado una postura parecida frente a la intervención federal: su oficina señaló que el gobernador no dudaría en confrontar al gobierno de Estados Unidos para defender a los habitantes de Nevada.

La diferencia entre las posiciones pesa en las decisiones de algunos electores. McGrath-Shook dijo que le preocupan las posturas de Ford sobre el crimen y que, en circunstancias normales, preferiría votar por Lombardo, a quien percibe como más favorable a los centros de datos; sin embargo, sostuvo que la expansión de estas instalaciones cambió su evaluación de la contienda.

El terreno federal como nuevo frente de la carrera por la IA

La discusión local ocurre en medio de una política federal favorable a acelerar el desarrollo de infraestructura para inteligencia artificial. El año anterior, la administración de Donald Trump firmó una orden ejecutiva para agilizar los permisos de centros de datos, mientras su gobierno recortó la aplicación de la Ley Nacional de Política Ambiental, al argumentar que sus requisitos retrasan innecesariamente proyectos de energía e infraestructura.

La Data Center Coalition, a través de su vicepresidente ejecutivo de política estatal y asuntos gubernamentales, Dan Diorio, afirmó que la industria quiere participar en una conversación sobre el desarrollo responsable en tierras federales. Diorio sostuvo que los actores responsables deben asegurarse de que sus proyectos no dañen terrenos federales importantes, una postura que contrasta con las objeciones de quienes ven en esas parcelas un patrimonio que debe preservarse.

Olivia Tanager, directora del capítulo Toiyabe del Sierra Club, manifestó que las tierras públicas deberían destinarse al bien público y conservarse para las generaciones futuras. La organización se opone a utilizar esos espacios para centros de datos y advierte que elegir terrenos federales podría permitir que algunos proyectos evadan protecciones ambientales o sorteen procesos de permisos y participación ciudadana.

Tanager pidió al Congreso aprobar una ley que establezca nuevos estándares para las revisiones ambientales y la participación pública, con capacidad para frenar desarrollos. La discusión de Nevada, por tanto, no se limita a elegir dónde instalar infraestructura para IA: también pone en juego quién evalúa sus impactos, qué voz tienen las comunidades y qué condiciones deben cumplir las empresas que buscan acceder a tierras federales.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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