Por Canuto  

Adam Iza, conocido como “The Godfather”, recibió 78 meses de prisión por un caso que combina fraude publicitario, evasión fiscal y el uso de agentes del sheriff para intimidar a personas con quienes mantenía disputas. La condena incluye USD $23.402.766 en restitución y correrá al mismo tiempo que otra pena que le fue impuesta.

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  • Iza se declaró culpable de conspiración contra derechos, fraude electrónico y evasión fiscal; el juez ordenó 78 meses de prisión y USD $23.402.766 en restitución.
  • Entre agosto de 2021 y abril de 2022, recurrió a agentes fuera de servicio para obtener datos, buscar órdenes de registro e intimidar a personas con quienes tenía conflictos.
  • El esquema de fraude publicitario hizo llegar cerca de USD $37 millones a empresas de Iza entre 2020 y 2022, mientras que la evasión fiscal causó al IRS una pérdida de USD $13.286.152.

 

Una condena que se suma a otra pena

Adam Iza, de 26 años y conocido como “The Godfather”, recibió 78 meses de prisión en un caso que reúne fraude electrónico, evasión fiscal y una conspiración para vulnerar derechos. El juez federal Percy Anderson, del Distrito Central de California, también ordenó que pague USD $23.402.766 en restitución, según informó la Fiscalía de Estados Unidos para ese distrito.

Iza se declaró culpable en enero de 2025 de los tres delitos y permanece bajo custodia desde septiembre de 2024.

La condena de California no aumentará el tiempo que deberá pasar efectivamente en prisión, porque corre en paralelo con una pena impuesta en Connecticut el mes anterior. En ese otro caso, Iza recibió 15 años por un intento de robo relacionado con Bitcoin. Por eso, aunque los 78 meses constituyen una nueva sentencia, la orden concurrente determina que no se agregan a los 15 años impuestos en Connecticut.

El apodo de “The Godfather” acompañó a Iza mientras acumulaba acusaciones por actividades distintas, pero la causa de California no se limitó a las disputas personales que involucraron a agentes del sheriff. La sentencia también abordó un esquema que explotó cuentas de publicidad empresarial de Meta y una maniobra para ocultar ingresos y reducir obligaciones tributarias. La combinación de esos hechos explica por qué el caso incluye delitos de derechos civiles, fraude y evasión fiscal.

La restitución ordenada busca compensar las pérdidas asociadas con la conducta admitida por Iza, aunque la información divulgada no desglosa cómo se distribuirá el pago entre los afectados. En el componente tributario, los fiscales calcularon una pérdida de USD $13.286.152 para el Servicio de Impuestos Internos, mientras que el fraude publicitario produjo perjuicios para Meta. Son cifras distintas, vinculadas con actividades diferentes dentro del caso.

Agentes fuera de servicio y conflictos privados

Entre agosto de 2021 y abril de 2022, Iza contrató a agentes del sheriff de Los Ángeles que estaban fuera de servicio para que actuaran como parte de su seguridad personal. En su acuerdo de culpabilidad admitió que conspiró con ellos para conseguir registros confidenciales de las fuerzas del orden y datos personales de personas con quienes tenía disputas financieras y de otra índole. El caso, por tanto, no se trató solo de vigilancia privada, sino del uso de recursos policiales en conflictos particulares.

Según los hechos admitidos, los agentes también ayudaron a obtener órdenes de registro autorizadas por un tribunal para localizar a esas personas. Iza reconoció además que hizo que las intimidaran y amenazaran, acciones que dieron sustento a la acusación de conspiración contra derechos. Los fiscales remarcaron que una disputa privada no convierte en legítimo el acceso a información policial ni el uso de facultades asociadas con la autoridad pública.

El Departamento de Justicia informó que cinco exagentes ya fueron condenados por su participación en trabajos para Iza. Entre los casos descritos, Eric Chase Saavedra, de 42 años y exintegrante de un grupo de trabajo federal, recibió 21 meses de prisión el 28 de septiembre por crear la empresa de seguridad que suministraba personal. Michael David Coberg, de 45 años, cumple una pena de 63 meses por ayudar a extorsionar a un rival y organizar un arresto falso por drogas.

Otros dos exagentes también recibieron condenas por acciones relacionadas con la operación. Scott Allen Simpkins, de 34 años, fue sentenciado a 18 meses por obstruir una investigación sobre una extorsión de USD $25.000 en la mansión de Iza en Bel Air; David Anthony Rodriguez, de 45 años, recibió un año por presentar una solicitud falsa de orden de registro. La información divulgada menciona cinco exagentes condenados, aunque detalla las penas y conductas de cuatro de ellos.

El fraude publicitario y el dinero oculto

El fraude contra Meta constituyó una parte separada de la causa y comenzó, de acuerdo con los hechos admitidos, en diciembre de 2020. Iza obtuvo acceso a cuentas de Meta Business Manager y a las líneas de crédito asociadas, para luego vender ese acceso a empresas de publicidad. Los clientes de Meta terminaron recibiendo cargos por campañas que no habían comprado, y la compañía reembolsó esos cobros una vez que detectó el esquema.

La pérdida de Meta se produjo porque la empresa asumió el costo de los reembolsos a sus clientes, según la descripción del caso. Cerca de USD $37 millones llegaron a cuentas de empresas de Iza entre 2020 y 2022, mientras que él admitió haber recibido al menos USD $36.360.844 en ingresos brutos hasta 2023. Las cifras corresponden a periodos y conceptos distintos, por lo que no deben leerse como montos idénticos.

La causa también estableció que Iza no presentó declaraciones corporativas y que la evasión fiscal causó al IRS una pérdida de USD $13.286.152. Para ocultar la procedencia de los ingresos, escondió su propiedad de Zort, su plataforma de trading de criptomonedas, y pidió a un cómplice que comprara artículos personales con el dinero. Además, trasladó ingresos corporativos a custodios de criptomonedas, según los hechos que aceptó al declararse culpable.

El caso alcanzó también a Iris Rabaya Au, de 37 años, expareja de Iza, sentenciada a 18 meses el 21 de septiembre por no declarar más de USD $2,6 millones que recibió mediante las actividades de él. El tribunal le ordenó pagar USD $1.484.343 en restitución y entregar bienes, entre ellos una flota de autos de lujo y alto rendimiento, bolsos de diseñador y tres esculturas de “El Padrino”. Su condena añade una derivación tributaria y patrimonial al expediente, aunque sus delitos y su sentencia son distintos de los de Iza.

Las consecuencias del caso

En un memorando de sentencia, los fiscales sostuvieron que las personas con dinero no pueden comprar “órdenes judiciales, arrestos, placas ni armas de fuego para uso en disputas privadas”. La advertencia resume el núcleo institucional del caso: los agentes fuera de servicio habrían puesto información y procedimientos policiales al servicio de los problemas personales de un contratista. Iza admitió su participación en la conspiración y en las acciones destinadas a intimidar a sus oponentes.

El expediente reúne así dos mecanismos de obtención y ocultamiento de dinero que operaron en ámbitos diferentes. Por un lado, el acceso a cuentas empresariales de publicidad permitió que se facturaran anuncios no autorizados; por otro, los ingresos relacionados con la operación quedaron fuera de las declaraciones corporativas y se movieron a través de custodios de criptomonedas. La sentencia no convierte esos custodios en responsables del fraude: los fiscales describieron su uso como parte de la maniobra de ocultamiento de Iza.

Las penas de los exagentes muestran que el caso no terminó con la condena del empresario, pues el Departamento de Justicia atribuyó responsabilidades penales a quienes colaboraron con él. Las sentencias mencionadas van desde un año hasta 63 meses, con cargos que abarcan la creación de la empresa de seguridad, la extorsión, la obstrucción de una investigación y una solicitud falsa de registro. Cada condena corresponde a conductas específicas, según la información divulgada.

Para Iza, los 78 meses dictados en California se suman formalmente a su historial penal, pero no al tiempo efectivo que cumplirá debido a la concurrencia con la pena de Connecticut. La orden de restitución de USD $23.402.766 y las cifras tributarias fijadas en el caso dejan constancia de las pérdidas atribuidas a sus actividades. Su declaración de culpabilidad y las condenas de los exagentes cierran, por ahora, los principales aspectos judiciales descritos en esta causa.

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Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.

 


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