El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a Igor D’iu de actuar como agente del gobierno ruso y vigilar a trabajadores de Palantir, incluida una empleada a quien presuntamente siguió durante más de 48 kilómetros. La investigación describe fotografías de laptops, equipos para acceso remoto y documentos de identidad falsificados, mientras la empresa aparece en el caso por el uso de su tecnología en Ucrania.
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- El DOJ atribuye a Igor D’iu una operación de vigilancia contra empleados de Palantir, supuestamente dirigida desde Rusia mediante Telegram.
- La acusación incluye fotografías de laptops, vigilancia de domicilios y el seguimiento de una empleada durante más de 48 kilómetros.
- D’iu enfrenta cuatro cargos y tiene previsto comparecer ante un tribunal federal el 24 de noviembre.
Acusación de espionaje ruso pone bajo vigilancia a empleados de Palantir
Un ciudadano ruso enfrenta cargos en Estados Unidos por presuntamente espiar y acosar a trabajadores de Palantir, la firma tecnológica de Silicon Valley cuyos productos se utilizan en ámbitos gubernamentales y militares. El Departamento de Justicia sostiene que Igor D’iu habría recibido instrucciones de agentes rusos, fotografiado laptops de empleados y seguido a una trabajadora durante más de 48 kilómetros.
Una operación de vigilancia que, según el DOJ, empezó por Telegram
El Departamento de Justicia afirma que D’iu fue reclutado por funcionarios rusos a través de Telegram, plataforma en la que también habría recibido indicaciones sobre sus tareas. Las autoridades describen una operación dirigida contra empleados de una compañía tecnológica de Silicon Valley; aunque el anuncio oficial no identificó a la empresa, Bloomberg informó que se trataba de Palantir.
Según la versión que las autoridades atribuyen a los contactos rusos, el objetivo habría sido justificado por el uso de software de Palantir en Ucrania durante la guerra. A D’iu le habrían dicho que la empresa vigilada proporcionaba armas para combatir a Rusia. Esa descripción forma parte de las instrucciones que, según la acusación, recibió el sospechoso; no es una constatación independiente sobre el papel de la compañía.
La ruta que reconstruyen las autoridades comenzó en Estambul, Turquía, desde donde D’iu viajó a Ciudad de México. En junio de 2026 cruzó ilegalmente la frontera hacia Estados Unidos, de acuerdo con el relato del DOJ, y una vez en territorio estadounidense recibió instrucciones para comprar laptops, teléfonos, software de acceso remoto y equipos de redes inalámbricas.
Esos elementos son relevantes porque la investigación no se limita a describir observaciones desde la calle: también plantea que el sospechoso habría preparado recursos tecnológicos para apoyar la vigilancia. El material disponible no detalla si logró acceder a información de los dispositivos ni identifica datos que hayan sido extraídos, por lo que esas acciones deben entenderse como alegaciones y no como una intrusión confirmada.
Fotografías de laptops y seguimiento a una empleada
Entre las instrucciones atribuidas a los funcionarios rusos figuraba visitar una cafetería próxima a las oficinas de Palantir en Palo Alto y fotografiar las pantallas de las laptops de sus empleados. La acusación también sostiene que D’iu debía encender su propia laptop en lugares designados cerca de las instalaciones para que sus contactos pudieran conectarse de forma remota e intentar recopilar información de dispositivos cercanos.
La descripción combina vigilancia física con una posible estrategia de recopilación mediante equipos informáticos, aunque el DOJ no expone en el material proporcionado cuánto éxito habría tenido esa parte del plan. Las instrucciones atribuidas al acusado y las acciones que presuntamente ejecutó no prueban por sí solas que los dispositivos de los empleados fueran comprometidos.
La misión también habría incluido observar a los trabajadores de Palantir y sus domicilios. En septiembre, D’iu presuntamente siguió en automóvil a una empleada durante más de 30 millas, equivalentes a unos 48 kilómetros, un episodio que forma parte del cargo de acoso interestatal descrito por las autoridades.
El caso amplía así el foco desde la protección de información empresarial hasta la seguridad personal de quienes trabajan en la compañía. La denuncia no entrega detalles sobre la identidad de la empleada, el recorrido seguido ni posibles consecuencias para ella, de modo que no corresponde inferir aspectos que no aparecen en la información divulgada.
Registros, documentos y cargos federales
Las autoridades allanaron el domicilio de D’iu el 8 de octubre y, según la información del caso, encontraron dos pasaportes rusos y USD $18.035 en efectivo. El registro se suma a la acusación de que paquetes enviados desde el extranjero contenían una identificación falsificada de California y un pasaporte estadounidense auténtico alterado con la fotografía del sospechoso.
La presencia de esos documentos aparece vinculada a un cargo de fraude relacionado con identificaciones, pero la información disponible no precisa cómo se habrían utilizado ni quién gestionó los envíos. Los hallazgos mencionados por las autoridades forman parte de la investigación y no deben presentarse como una condena o una determinación judicial definitiva.
D’iu enfrenta cuatro cargos: conspiración para actuar como agente de un gobierno extranjero, actuación como agente de un gobierno extranjero sin notificación al fiscal general, acoso interestatal y fraude relacionado con documentos de identificación. La acusación formal expone la teoría de la fiscalía sobre el presunto vínculo con Rusia, pero cada cargo deberá seguir su curso ante los tribunales.
El ciudadano ruso tiene programado comparecer ante un tribunal federal el 24 de noviembre. La información divulgada no anticipa el resultado de esa audiencia ni incluye una respuesta del acusado, por lo que el proceso judicial será el espacio en el que se examinen las pruebas y las alegaciones presentadas por el gobierno estadounidense.
El contexto de Palantir y el uso de su tecnología
Palantir desarrolla herramientas utilizadas por gobiernos, fuerzas del orden y entidades militares, y su papel en esos ámbitos ha generado controversias sobre vigilancia y uso de datos. Engadget recuerda que Wired reportó anteriormente que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos utilizó una base de datos construida por la compañía para reunir expedientes sobre personas acusadas de observar y protestar contra sus actividades.
En este caso, el foco es distinto: la presunta operación habría apuntado a empleados de la empresa y, de acuerdo con Bloomberg, estaría relacionada con la utilización de sus productos en Ucrania. Según ese medio, Estados Unidos ha recurrido al sistema Maven Smart System de la compañía para ofrecer apoyo de fijación de objetivos a Ucrania; las fuerzas ucranianas también utilizan sus herramientas.
Entre los usos mencionados en el borrador figura la detección y eliminación de minas rusas sin explotar. Ese contexto ayuda a entender por qué la compañía podría haber sido considerada un objetivo, según la motivación que las autoridades atribuyen a los contactos rusos, pero no demuestra por sí mismo quién ordenó la operación ni confirma todos los detalles de la acusación.
El caso pone en primer plano una tensión propia de las empresas tecnológicas que trabajan con gobiernos y fuerzas armadas: sus productos pueden tener aplicaciones operativas sensibles y, al mismo tiempo, atraer amenazas contra sus sistemas o su personal. Por ahora, la acusación describe fotografías, vigilancia presencial y un intento de recopilar información mediante equipos cercanos, mientras el alcance real de cualquier acceso digital sigue sin quedar establecido en el material disponible.
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