Por Canuto  

Fiscales de Taiwán acusaron a 10 personas de obtener chips de Texas Instruments y Analog Devices mediante documentos presuntamente falsos y revenderlos a compradores vinculados con China, con una ruta que habría pasado por Hong Kong. Según la acusación, los componentes podrían terminar en programas militares de misiles y radares.

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  • La fiscalía sostiene que los acusados usaron órdenes y declaraciones presuntamente falsas para obtener chips sujetos a controles de exportación.
  • Los componentes habrían llegado a entidades chinas vinculadas con investigación de misiles y radares, y los grupos principales habrían obtenido beneficios millonarios en dólares taiwaneses.
  • Los fiscales solicitaron penas de entre 2 y 10 años para cada acusado y el decomiso de los beneficios; según el reporte, todavía no se había anunciado una fecha para el juicio.

 

Fiscales de Taiwán presentaron cargos contra 10 personas por una presunta operación para obtener chips de Texas Instruments (TI) y Analog Devices (ADI) y revenderlos a compradores vinculados con China, con una ruta que habría pasado por Hong Kong. Según la acusación, los involucrados habrían usado pedidos y declaraciones de usuario final falsos, además de presentar las piezas como “Fabricadas en Taiwán”, pese a que su origen estaba en otros países.

Los componentes no son aceleradores de inteligencia artificial, sino dispositivos de alta velocidad relacionados con radar, radiofrecuencia y comunicaciones, con posibles aplicaciones militares. La cobertura de Tom’s Hardware, que cita al diario United Daily News, señala que los fiscales consideran que el caso compromete la seguridad nacional taiwanesa y puede afectar la confianza de Estados Unidos en los controles de exportación de la isla.

Pedidos falsos y una etiqueta de origen cuestionada

La investigación apunta a antiguos empleados y socios comerciales de tres distribuidores taiwaneses de productos de TI y ADI, dos grandes fabricantes estadounidenses de chips analógicos y de señal mixta. Los acusados habrían utilizado sus propias empresas para cursar pedidos a nombre del Instituto Nacional Chung-Shan de Ciencia y Tecnología (NCSIST), organismo de investigación de defensa de Taiwán, o de otras compañías locales, con el argumento de que los componentes se usarían dentro de la isla.

Los pedidos incluían declaraciones escritas que, según los fiscales, contenían compromisos falsos sobre el destino de los productos. Los documentos afirmaban que las piezas no serían exportadas ni reexportadas a partes sancionadas por Estados Unidos, aceptaban la aplicación de las normas estadounidenses de control de exportaciones y señalaban que se requerían declaraciones de usuario final para ventas fuera de Taiwán.

La fiscalía sostiene que esas representaciones engañaron a los distribuidores involucrados, que suministraron los chips bajo la premisa de que tendrían un uso permitido. La información disponible no identifica por nombre a las tres empresas distribuidoras ni detalla la participación individual atribuida a cada acusado, por lo que los cargos describen una presunta operación conjunta sin asignar públicamente cada pedido a una persona concreta.

Los componentes se fabricaron en Estados Unidos, Tailandia, Filipinas y Corea del Sur, según el reporte, y no recibieron en Taiwán un procesamiento que modificara su país de origen. Aun así, los acusados supuestamente los declararon como “Fabricados en Taiwán” para confundir a los funcionarios de aduanas, una maniobra que también habría permitido ocultar la ruta comercial y presentar las exportaciones como operaciones locales.

Componentes sensibles y beneficios atribuidos

Los chips investigados figuran en la lista taiwanesa de productos estratégicos de alta tecnología y, de acuerdo con la información publicada, las restricciones de exportación de Estados Unidos impiden enviarlos a China, Hong Kong o Macao. Los fabricantes exigen que el comprador presente una declaración de usuario final antes del envío, un requisito pensado para identificar quién utilizará los componentes y evitar que lleguen a destinos o usuarios sujetos a controles.

Entre los equipos vinculados con las piezas aparecen receptores de radar, sistemas de reconocimiento electrónico, inhibidores de señales o jammers, dispositivos de ultrasonido, equipos de comunicaciones y arreglos de antenas. Los investigadores creen que los chips llegaron a unidades de investigación chinas dedicadas a desarrollar misiles y radares militares, aunque esa conclusión forma parte de la investigación y no equivale a una determinación judicial sobre el destino final de cada componente.

Los compradores incluían empresas de Hong Kong y compañías que, según los fiscales, estaban efectivamente controladas desde China continental. La acusación también atribuye beneficios a los participantes: tres grupos principales habrían obtenido más de NT$ 92,75 millones, NT$ 135,83 millones y NT$ 108,11 millones, mientras que otros cuatro acusados habrían recibido desde varios cientos de miles hasta NT$ 6,41 millones.

Esas cifras corresponden a los montos señalados por los investigadores para los grupos y participantes descritos, no a una sentencia firme ni a una cuantificación definitiva de responsabilidad individual. Los fiscales solicitaron que el tribunal decomise todo lo obtenido en la presunta operación y pidieron penas de entre 2 y 10 años de prisión para cada acusado, con cargos que incluyen fraude, falsificación y delitos bajo la Ley de Control de Lavado de Dinero.

Seguridad nacional y límites de la legislación exportadora

Los fiscales justificaron la solicitud de sanciones severas por el tipo de productos involucrados y por sus posibles usos militares. En su planteamiento, el desvío de componentes de alta tecnología puede perjudicar gravemente la seguridad nacional de Taiwán y generar desconfianza en Estados Unidos, especialmente porque las piezas habrían salido al mercado con información falsa sobre su usuario final y su país de origen.

La acusación se apoya principalmente en fraude y falsificación porque, según el reporte, infringir las normas estadounidenses de control de exportaciones no constituye por sí mismo un delito en Taiwán. La Ley de Comercio Exterior taiwanesa sí contempla penas de prisión por exportar sin autorización productos de alta tecnología incluidos en listas de control hacia zonas restringidas, pero la fuente indica que China aparece solo en una de las 12 categorías relacionadas con equipos de fabricación de chips.

Una enmienda aprobada en 2019 elevó las multas por etiquetar falsamente el origen de productos y por exportaciones ilegales de bienes de alta tecnología, con el objetivo de proteger la reputación de la marca “Fabricado en Taiwán”. El Ministerio de Economía taiwanés también había prometido impulsar una modificación de la Ley de Comercio Exterior para endurecer los controles sobre las exportaciones de chips de inteligencia artificial a China.

Quienes respaldan ese cambio quieren que China se incorpore como región controlada y sostienen que las reglas actuales no cumplen los acuerdos de cooperación comercial de Taiwán con Estados Unidos. Esa discusión regulatoria ocurre mientras el caso pone bajo escrutinio tanto la verificación de usuarios finales como la capacidad de las autoridades para rastrear productos que cruzan fronteras con documentación de origen presuntamente falsa.

Otros casos y próximos pasos judiciales

El expediente se suma a otros episodios de desvío de tecnología de empresas estadounidenses, aunque las investigaciones mencionadas no forman parte de la misma causa. En 2024 se encontraron componentes de TI en armas rusas después de que terceros los compraran para el ejército de Rusia, un antecedente que ilustra cómo los intermediarios pueden separar al fabricante del usuario final sin que eso establezca una conexión con los acusados en Taiwán.

En Estados Unidos, el cofundador de Supermicro Yih-Shyan “Wally” Liaw fue acusado de desviar hacia China servidores con chips de Nvidia y se declaró no culpable. En un caso taiwanés separado, fiscales de Keelung incautaron 50 servidores de Supermicro y detuvieron a tres personas; posteriormente, nueve personas fueron acusadas, entre ellas un gerente de Nvidia Taiwán y dos empleados de Supermicro Taiwán.

Ocho de los acusados en ese expediente separado enfrentaron cargos de abuso de confianza y falsificación de documentos, de acuerdo con la información reportada. La comparación ayuda a distinguir dos tipos de control tecnológico: el caso actual se concentra en chips analógicos, de radar y de radiofrecuencia, mientras que los otros hechos citados involucran servidores y procesadores utilizados en sistemas de cómputo.

El juicio por la presunta trama de chips se celebraría en el Tribunal de Distrito de Nueva Taipéi, aunque, según el reporte, las autoridades no habían anunciado una fecha. Ni TI ni ADI habían emitido comentarios sobre el caso, y los señalamientos contra los 10 acusados deberán ser evaluados por el tribunal antes de que exista una resolución sobre su responsabilidad.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA

 


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