Por Canuto  

El Banco Central de Argentina mantendrá durante los próximos dos años la restricción que impide a las entidades financieras ofrecer servicios vinculados con criptomonedas. La decisión convive con proyectos bancarios de stablecoin desarrollados por vías independientes y con un mercado que movió más de USD $88.500 millones en un año.
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  • Juan Curutchet, responsable de Regulación Financiera y Cambiaria del BCRA, dijo que no habrá impulso para integrar criptoactivos en canales bancarios y de pagos durante los próximos dos años.
  • La prohibición que rige para las instituciones financieras desde 2022 seguirá vigente; una eventual revisión dependerá de las condiciones económicas.
  • Grupos bancarios trabajan en una stablecoin institucional mediante entidades independientes, mientras el comercio cripto argentino superó los USD $88.500 millones en los 12 meses hasta el 30 de junio.

Argentina mantiene el freno a la integración cripto en bancos y pagos

El Banco Central de Argentina (BCRA) no promoverá la integración de criptomonedas y activos digitales en los canales bancarios y de pagos durante los próximos dos años. Juan Curutchet, jefe de Regulación Financiera y Cambiaria del organismo, explicó que la situación económica del país no ofrece hoy condiciones suficientes para impulsar medidas de ese tipo.

La decisión prolonga la incertidumbre para las entidades financieras que buscan incorporar servicios cripto dentro de sus operaciones habituales. También marca un contraste con la actividad del mercado argentino: durante los 12 meses que terminaron el 30 de junio, el comercio de criptomonedas superó los USD $88.500 millones, de acuerdo con la información citada en el reporte de Odaily Planet Daily.

Una pausa de dos años y una prohibición que continúa

Curutchet señaló que el BCRA no impulsará iniciativas para conectar criptoactivos con los canales bancarios o de pagos en el horizonte de dos años anunciado. Su planteamiento no equivale a una autorización gradual ni a un calendario para levantar las restricciones, sino que mantiene la postura actual mientras persistan las condiciones económicas que el funcionario considera insuficientes.

La prohibición de servicios de criptomonedas para instituciones financieras, introducida en 2022, seguirá vigente durante ese período. En consecuencia, la pausa anunciada no abre una excepción inmediata para que los bancos incorporen esos servicios a su oferta regular, aunque algunos grupos del sector exploran proyectos relacionados con activos digitales mediante entidades independientes.

El responsable de Regulación Financiera y Cambiaria vinculó la cautela del organismo con la vulnerabilidad económica de Argentina. La fuente no detalla indicadores específicos ni establece un umbral cuantitativo que permita determinar cuándo cambiaría la evaluación, por lo que el mensaje deja la eventual revisión supeditada a una valoración futura de las condiciones del país.

Curutchet también indicó que el levantamiento de la prohibición dependerá de la evolución económica y que el asunto podría debatirse durante un segundo mandato de Javier Milei. Esa posibilidad no constituye un compromiso de modificar la norma ni confirma que el tema vaya a traducirse en una decisión concreta; señala, más bien, que una discusión podría ocurrir en ese escenario político.

El debate sobre cripto en la banca argentina

La integración bancaria implica que una entidad financiera pueda ofrecer o conectar servicios relacionados con activos digitales dentro de sus canales de atención y pago. Al mantener la restricción, el BCRA separa por ahora ese tipo de actividad de los servicios que pueden prestar las instituciones financieras bajo el marco vigente, mientras aplaza cualquier impulso para acercar ambos espacios.

Para los clientes, la diferencia relevante es que la actividad cripto en el mercado no se traduce automáticamente en disponibilidad de servicios dentro de los bancos. El volumen de negociación informado refleja operaciones realizadas en Argentina, pero no demuestra que estas se canalicen a través de entidades financieras ni que el país haya habilitado a los bancos para ofrecer criptomonedas.

La cautela regulatoria también convive con una pregunta práctica para el sector: cómo desarrollar herramientas digitales vinculadas con pagos, tesorería o crédito sin integrarlas directamente en los canales bancarios sujetos a la prohibición. La información disponible no describe la estructura legal completa de cada iniciativa, pero sí distingue esos proyectos de la prestación directa de servicios cripto por parte de instituciones financieras.

El horizonte de dos años ofrece un marco temporal para la pausa, aunque no resuelve qué ocurrirá después. Según lo expuesto por Curutchet, cualquier cambio dependerá de las condiciones económicas y podría ser objeto de debate durante un segundo mandato de Milei; no se comunicaron fechas, criterios técnicos ni pasos regulatorios adicionales.

Proyectos de stablecoin y un mercado de gran volumen

Pese a la restricción, grupos bancarios argentinos promueven un proyecto institucional de stablecoin a través de entidades independientes. La iniciativa contempla usos como dinero programable, gestión de tesorería, pagos activados por eventos en cadena y administración de crédito con garantías, aunque la información citada no identifica las entidades participantes ni fija una fecha de lanzamiento.

Una stablecoin es un activo digital diseñado para mantener un valor estable en relación con una referencia, mientras que el dinero programable puede incorporar instrucciones para ejecutar operaciones bajo ciertas condiciones. En el proyecto descrito, los pagos activados por eventos en cadena y la gestión de crédito con garantías figuran como posibles usos; eso no significa que ya estén disponibles para clientes o que cuenten con autorización para operar mediante bancos.

El uso de entidades independientes es un elemento central del contraste: los grupos bancarios pueden explorar una estructura institucional para la iniciativa, mientras la prohibición sobre servicios cripto de las entidades financieras permanece activa. La fuente no especifica cómo se delimitaría esa independencia ni qué supervisión se aplicaría, así que no es posible concluir que el proyecto eluda la normativa o que tenga aprobación regulatoria.

El dato de actividad ayuda a dimensionar el mercado, pero debe leerse con precisión. El comercio de criptomonedas en Argentina superó los USD $88.500 millones en los 12 meses que finalizaron el 30 de junio, según la cifra difundida en el reporte; la información lo ubica como el segundo centro de criptomonedas más grande de América Latina, sin detallar la metodología utilizada para esa clasificación.

Lo que queda pendiente para bancos y usuarios

La decisión del BCRA mantiene dos realidades paralelas: un mercado cripto argentino con un volumen considerable y una regulación que, por ahora, no impulsa la conexión directa de esos activos con la banca y los pagos. Para las instituciones financieras, la restricción continúa siendo el marco inmediato; para los proyectos de stablecoin, el avance dependerá de su diseño y de las condiciones que permitan desarrollarlos por vías independientes.

La eventual apertura tampoco está garantizada por el plazo anunciado. El funcionario condicionó una posible revisión a la situación económica y mencionó que el tema podría debatirse durante un segundo mandato de Milei, pero no afirmó que entonces se levantará la prohibición ni describió una propuesta normativa en preparación.

En ese escenario, el proyecto institucional de stablecoin muestra el interés de algunos grupos bancarios por explorar dinero programable, pagos en cadena, tesorería y crédito con garantías, sin que eso cambie por sí solo las reglas vigentes. La distancia entre experimentación institucional y oferta bancaria autorizada será clave para entender cualquier avance futuro, aunque la información publicada no permite anticipar cómo se resolverá.

Por ahora, el mensaje regulatorio es de continuidad: no habrá impulso para integrar criptomonedas en la banca y los pagos durante los próximos dos años, y la prohibición introducida en 2022 seguirá en vigor. La evolución económica, junto con un posible debate político posterior, determinará si la discusión vuelve a abrirse.


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