Por Canuto  

La Administración de Donald Trump pidió al Departamento de Justicia que solicite inmunidad para Delcy Rodríguez en una demanda civil presentada en Florida, mientras Washington profundiza su relación con el gobierno interino venezolano.
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  • El Departamento de Estado estadounidense considera que Delcy Rodríguez tiene inmunidad como jefa de Estado en funciones de Venezuela.
  • La solicitud se relaciona con una demanda civil en Miami por presuntos secuestros, torturas y actos terroristas vinculados al chavismo.
  • Un juez ordenó una indemnización de USD $314 millones contra Nicolás Maduro y otros funcionarios, pero excluyó a Rodríguez del fallo.

La Administración de Donald Trump solicitó al Departamento de Justicia de Estados Unidos que garantice la inmunidad judicial de Delcy Rodríguez en una demanda civil abierta contra ella en Florida. La petición refleja el acercamiento diplomático entre Washington y el gobierno interino venezolano.

El caso ocurre después de que Rodríguez asumiera el poder de forma interina en Venezuela. Según la información publicada por EFE, Estados Unidos reconoce oficialmente a la dirigente como jefa de Estado venezolana desde el 5 de marzo.

La petición del Departamento de Estado

La solicitud fue formulada por Reed Rubinstein, asesor jurídico del Departamento de Estado. El funcionario envió una carta el 11 de julio a Brett Shumate, fiscal general adjunto de Estados Unidos.

En la misiva, el Departamento de Estado pidió que el Departamento de Justicia presente cuanto antes ante el tribunal distrital una sugerencia de inmunidad. El objetivo es comunicar al tribunal la posición oficial de Washington sobre el estatus de Rodríguez.

La Administración Trump sostiene que Rodríguez, como jefa de Estado en funciones de un país extranjero, goza de inmunidad frente a la jurisdicción del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en este caso. Esa protección aplicaría mientras permanezca en el cargo.

La carta también subraya la importancia especial que el Gobierno estadounidense atribuye al proceso. Washington considera que una decisión judicial contra Rodríguez tendría significativas implicaciones de política exterior.

Por esa razón, el Departamento de Estado pidió a la fiscalía que tome en cuenta la relevancia diplomática del expediente. La solicitud no constituye por sí misma una decisión judicial, ya que la determinación final corresponde al tribunal competente.

La Embajada de Venezuela en Estados Unidos también pidió al Departamento de Estado que certificara la inmunidad de Rodríguez. Esa gestión forma parte de los antecedentes mencionados en la comunicación enviada a la fiscalía.

La demanda civil en Florida

Delcy Rodríguez enfrenta una demanda civil ante un tribunal del Distrito Sur de Florida, con sede en Miami. El proceso la vincula con presuntos secuestros, torturas y actos terroristas relacionados con el chavismo.

La naturaleza civil del expediente distingue este proceso de una acusación penal presentada por el Gobierno estadounidense. En este tipo de litigio, los demandantes pueden reclamar compensaciones económicas por daños que atribuyen a los acusados.

El caso también involucra a Nicolás Maduro y a otros funcionarios chavistas. Sin embargo, el juez excluyó a Rodríguez del fallo que fijó una indemnización millonaria contra varios de los demás demandados.

El 15 de julio, el juez ordenó una indemnización de USD $314 millones en el proceso. La decisión afectó a Maduro y a otros cargos chavistas, pero no incluyó a la presidenta interina de Venezuela.

La exclusión de Rodríguez ocurrió después de la carta enviada por el Departamento de Estado. El documento gubernamental pide ahora que la fiscalía impulse una posición formal de inmunidad ante la corte de Florida.

La medida puede modificar el curso del litigio, aunque la información disponible no indica que el tribunal haya desestimado definitivamente la demanda contra Rodríguez. La petición estadounidense busca orientar la actuación judicial a partir de su reconocimiento como jefa de Estado.

El expediente plantea una tensión entre las reclamaciones civiles presentadas en territorio estadounidense y la doctrina de inmunidad de autoridades extranjeras. En este caso, el Gobierno de Trump prioriza la condición institucional que atribuye actualmente a Rodríguez.

La posición de Washington también introduce un contraste dentro del mismo proceso. Mientras Maduro y otros funcionarios enfrentan una indemnización de USD $314 millones, Rodríguez recibe una defensa basada en su actual función como presidenta interina.

El nuevo escenario político entre Washington y Caracas

La solicitud de inmunidad se produce tras un cambio drástico en la situación política venezolana. El 3 de enero, fuerzas estadounidenses capturaron al entonces presidente Nicolás Maduro, según la información difundida en el reporte.

Después de esa captura, Rodríguez asumió el poder de forma interina. La dirigente había ocupado previamente el cargo de vicepresidenta de Maduro, por lo que su llegada al Ejecutivo representa una continuidad parcial dentro del chavismo.

Estados Unidos reconoció oficialmente a Rodríguez como jefa de Estado el 5 de marzo. Ese reconocimiento sirve ahora como fundamento central de la solicitud presentada por el Departamento de Estado ante la fiscalía.

Desde la captura de Maduro, el Gobierno de Trump ha estrechado sus relaciones con la administración interina de Rodríguez. La decisión de pedir inmunidad evidencia que la política exterior estadounidense considera prioritario preservar ese vínculo.

El documento enviado a la fiscalía afirma que una actuación contra Rodríguez tendría consecuencias relevantes para la política exterior estadounidense. La advertencia muestra que el litigio tiene efectos que superan la disputa entre las partes civiles.

La defensa institucional de Rodríguez no elimina las acusaciones descritas en la demanda. Los señalamientos por secuestros, torturas y actos terroristas siguen formando parte del contexto del caso presentado en Florida.

La situación también afecta a la oposición venezolana. María Corina Machado mantiene su intención de regresar a Venezuela para impulsar una transición democrática en el país.

La postura de Machado agrega otra dimensión al escenario político. Mientras Washington fortalece sus contactos con el gobierno interino de Rodríguez, la líder opositora plantea una ruta distinta para el futuro institucional venezolano.

El caso combina justicia civil, reconocimiento diplomático y disputas por el poder en Venezuela. Su evolución dependerá de cómo el Departamento de Justicia presente la sugerencia de inmunidad y de la respuesta del tribunal federal en Florida.

Por ahora, la Administración Trump considera que Rodríguez debe contar con protección judicial mientras ejerza como jefa de Estado en funciones. Esa posición podría mantenerla al margen de la indemnización millonaria que sí alcanzó a Maduro y a otros funcionarios chavistas.

La audiencia de Maduro en Nueva York también forma parte del contexto inmediato del expediente venezolano. El exmandatario asistirá a una audiencia tras seis meses de su captura, de acuerdo con la información citada por EFE.

El desarrollo paralelo de ambos casos puede aumentar la atención sobre la estrategia estadounidense hacia Caracas. La justicia federal y la política exterior avanzan sobre escenarios vinculados, aunque con tratamientos diferentes para los principales actores venezolanos.

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