El ayuntamiento de San Diego votó el lunes 16 de noviembre para poner fin a sus acuerdos con Flock y Ubicquia, proveedores de cámaras lectoras de matrículas y farolas inteligentes. La decisión culmina una disputa sobre seguridad pública, privacidad y vigilancia que enfrentó argumentos de la policía, activistas y autoridades municipales.
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- El ayuntamiento votó para poner fin a los contratos con Flock y Ubicquia; el alcalde Todd Gloria dijo que respetaría la decisión y no la vetaría.
- La policía atribuyó a las cámaras la recuperación de 689 vehículos robados y señaló una caída del 20% en los robos desde 2023.
- La oposición incluyó a activistas y a un consejo asesor municipal; el grupo Secure Justice contabilizó 513 contratos de Flock terminados en distintos estados.
Una votación que pone fin a los contratos
El ayuntamiento de San Diego votó el lunes 16 de noviembre para terminar sus contratos con Flock y Ubicquia, dos proveedores vinculados a los sistemas municipales de vigilancia. El Consejo aprobó cancelar el contrato con Flock y poner fin al acuerdo anual con Ubicquia, que cubría las llamadas farolas inteligentes. La decisión abre el camino para retirar las cámaras de Flock y los equipos de Ubicquia, que trabajaban junto con el software de lectura automática de matrículas de Flock.
La medida marca un giro respecto de la postura que el alcalde y otros líderes municipales defendían tres años antes, cuando instaron al ayuntamiento a aprobar el programa. Esta vez, los concejales respaldaron detenerlo después de que Stephen Whitburn retirara su apoyo el mes anterior, un cambio que abrió la posibilidad política de frenar la vigilancia.
Whitburn explicó en una conferencia de prensa en octubre que quería que los habitantes se sintieran seguros, pero cuestionó que las cámaras cumplieran ese propósito si generaban temor entre una parte de la población. Si muchos residentes se sienten inseguros por la presencia de los equipos, dijo entonces, estos pierden eficacia como herramienta de seguridad pública.
Antes de la votación, el alcalde Todd Gloria afirmó que respetaría la decisión del Consejo y no vetaría la medida. Un portavoz de Flock también dijo que la empresa respetaba lo resuelto, aunque cuestionó con dureza la consecuencia de retirar una herramienta que, según la compañía, ayuda a investigar delitos violentos.
En declaraciones a Ars Technica, el portavoz Andrew Smith sostuvo que sin las cámaras algunos casos podrían tardar más en resolverse y que bandas dedicadas al robo organizado en comercios tendrían menos obstáculos. También advirtió que un niño desaparecido podría no regresar a casa y que las víctimas podrían esperar más tiempo, o indefinidamente, por justicia; esas afirmaciones representan la postura de la empresa sobre los efectos de la decisión.
Seguridad, privacidad y antecedentes de la tecnología
En la reunión del lunes, representantes de la policía señalaron que el robo de vehículos había disminuido un 20% desde 2023 y que las cámaras de Flock contribuyeron a recuperar 689 automóviles robados. Esas cifras forman parte del argumento a favor del sistema, aunque el material disponible no atribuye toda la reducción de robos exclusivamente a las cámaras ni ofrece una evaluación independiente de su impacto.
El rechazo municipal también incluye las farolas inteligentes de Ubicquia, instaladas en 2023 junto con una nueva propuesta de 500 cámaras, en asociación con Flock y con el respaldo de la policía. El acuerdo anual con Ubicquia tenía un valor de USD $2 millones. No es la primera vez que San Diego ensaya esta clase de infraestructura: la ciudad había adquirido miles de sistemas de farolas de otro proveedor, GE Current, antes de que una administración municipal anterior los apagara en 2020.
Tras ese cierre, Ubicquia adquirió la plataforma de ciudad inteligente y propuso la nueva instalación. Antes de que avanzara, el Consejo Asesor de Privacidad de la Ciudad de San Diego pidió al ayuntamiento que rechazara el plan; Pegah Parsi, integrante de ese organismo, celebró ahora la decisión y sostuvo que las instituciones deberían escuchar a sus consejos asesores especializados.
La Coalición TRUST SD, cuyo nombre alude al uso transparente y responsable de la tecnología de vigilancia, estuvo entre las voces críticas más activas. Lily Irani, integrante de la coalición, celebró el resultado y atribuyó la victoria política a una energía nacional que reunió a grupos de izquierda, derecha y centro, un apoyo diverso que, según explicó, ayudó a abrir espacio para el cambio de postura de Whitburn.
La discusión deja expuestas dos lecturas enfrentadas del mismo sistema: para Flock y los representantes policiales, las cámaras pueden aportar datos útiles para recuperar vehículos e investigar delitos; para sus críticos, la vigilancia cotidiana plantea un costo para la privacidad y la confianza pública. La votación no borra los resultados que la policía atribuye a las cámaras, pero sí establece que el Consejo consideró suficiente el respaldo político para terminar los contratos.
Secure Justice, un grupo de defensa con sede en Oakland que monitorea a Flock en todo el país, afirmó que había documentado al menos 513 contratos de la empresa que terminaron en estados gobernados por ambos partidos y en ciudades grandes y pequeñas. Su director ejecutivo, Brian Hofer, sostuvo que esos casos reflejan que los estadounidenses no consienten que el gobierno los rastree mientras realizan sus actividades diarias, una interpretación que expresa la posición del grupo.
San Diego se suma así a las ciudades que han puesto fin a acuerdos con Flock, una startup cuya valoración estimada en la información citada alcanza USD $8.300 millones. La decisión también devuelve al centro del debate municipal una pregunta que la disputa no resuelve por sí sola: cómo equilibrar las herramientas de investigación que defienden las autoridades con el rechazo ciudadano a sistemas capaces de registrar movimientos en espacios públicos.
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