Por Canuto  

Una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump exige que los contratistas federales informen a la Casa Blanca cuando el Congreso les solicite datos relacionados con su trabajo para el Gobierno. La medida limita la divulgación de información que la administración considere protegida por el privilegio ejecutivo y contempla sanciones contractuales.
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  • La orden exige notificar a la Casa Blanca sobre solicitudes del Congreso relacionadas con el trabajo de los contratistas.
  • El texto prohíbe divulgar información que la administración considere protegida por el privilegio ejecutivo.
  • Las empresas que incumplan podrían enfrentar la suspensión o pérdida de contratos federales.


Una orden ejecutiva impone nuevos controles a los contratistas federales que reciben solicitudes de información del Congreso y prevé sanciones para quienes no la cumplan. El presidente Donald Trump firmó la medida, según la orden publicada por la Casa Blanca. La directiva se titula «Protección de los privilegios del Ejecutivo y mejora de la eficiencia en la contratación federal».

Un aviso obligatorio antes de responder

La orden establece que los contratistas federales deben informar a la Casa Blanca cada vez que el Congreso solicite información relacionada con el trabajo que realizan para el Gobierno. También dispone que no divulguen datos que la administración considere protegidos por el privilegio ejecutivo, una figura que el texto presenta como resguardo de información confidencial del poder ejecutivo.

El documento sostiene que el Ejecutivo debe poder coordinarse con empleados y contratistas en asuntos delicados sin que información confidencial llegue a terceros que la administración considere no autorizados.

La orden afirma que las solicitudes del Congreso deben tener un «propósito legislativo válido» y no invadir las funciones centrales del Ejecutivo. Esa es la postura expuesta en el documento; no constituye por sí misma una determinación independiente sobre la legitimidad de cada pedido de los legisladores.

El texto describe algunas solicitudes de legisladores como intentos de acceder a información confidencial y de hostigar a empresas privadas que trabajan para el Gobierno. Esa caracterización corresponde al argumento de la administración incluido en la orden.

Sanciones y disputa por el privilegio ejecutivo

La medida prevé consecuencias para los contratistas que no acaten sus instrucciones. Las compañías podrían enfrentar la suspensión o pérdida de contratos federales, una amenaza que convierte el deber de notificación y reserva en una condición de peso para quienes dependen de esos acuerdos.

La orden justifica esa restricción al sostener que el poder ejecutivo necesita trabajar estrechamente con sus empleados y contratistas en asuntos sensibles. Desde esa perspectiva, divulgar información a terceros no autorizados podría afectar la confidencialidad de las tareas gubernamentales. El texto, sin embargo, no detalla cómo se resolvería cada caso concreto ni quién decidiría qué material queda protegido.

El privilegio ejecutivo es el fundamento que la Casa Blanca invoca para limitar ciertas divulgaciones, pero el alcance que le atribuye la orden podría ser objeto de una disputa jurídica. Expertos legales citados por The Washington Post anticiparon que la medida probablemente sería debatida en los tribunales, una posibilidad que pone el foco en cómo se conciliarían sus restricciones con las solicitudes de información del Congreso.

La regla también plantea una cuestión práctica para las empresas: recibir una solicitud legislativa no bastaría para contestarla de manera independiente, pues primero tendrían que notificar a la Casa Blanca y abstenerse de divulgar lo que la administración considere confidencial. El texto no especifica plazos de respuesta ni describe un procedimiento de revisión para controversias entre la empresa, el Ejecutivo y los legisladores.

El contexto político y las directrices de la Casa Blanca

La información de origen vincula la medida con las amenazas de legisladores demócratas de investigar a la administración cuando el nuevo Congreso asumiera sus funciones. Sin embargo, la orden no confirma que esa posibilidad fuera el motivo exclusivo de la decisión.

El alcance de la medida va más allá de las relaciones entre el Gobierno y sus propios funcionarios porque incluye a empresas privadas con contratos federales. Al exigirles que avisen sobre solicitudes del Congreso y limitar lo que pueden revelar, la orden busca someter a esas compañías a las reglas de confidencialidad que la administración reclama para la rama ejecutiva.

La directiva se suma a otras instrucciones internas mencionadas en la información de origen: el asesor legal de la Casa Blanca, Will Scharf, habría indicado recientemente al personal presidencial que necesitaba aprobación de la administración antes de declarar ante el Congreso. La información disponible no establece que ambas instrucciones tengan idénticos destinatarios o procedimientos.

El efecto final dependerá de cómo se aplique la orden y de si los tribunales revisan sus límites, una cuestión que expertos legales citados por The Washington Post consideraron probable. Mientras tanto, el texto establece una obligación de notificar y contempla posibles sanciones contractuales si los contratistas incumplen sus disposiciones.


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