Por Canuto  

Texas primero consideró el internet satelital una opción poco confiable y luego asignó a Starlink unos USD $109 millones de fondos federales. La decisión y los términos de pago enfrentan cuestionamientos políticos y una solicitud de auditoría, mientras los desembolsos permanecen congelados.
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  • El plan final de Texas destinó alrededor de USD $1.260 millones a conexiones satelitales y otorgó a Starlink fondos para casi 64.000 ubicaciones.
  • Legisladores cuestionan si la oficina estatal modificó los pagos para favorecer a proveedores satelitales; la oficina del gobernador Greg Abbott lo niega.
  • Todos los pagos del programa BEAD en Texas están suspendidos, mientras legisladores solicitan que el auditor estatal revise la oficina de banda ancha.

 


Texas reservó inicialmente la fibra óptica como la tecnología preferida para llevar internet a sus comunidades rurales y calificó el servicio satelital como poco confiable, una alternativa de último recurso. Sin embargo, después de que el gobierno federal modificara las reglas del programa de banda ancha, el estado adjudicó a SpaceX, la compañía de Elon Musk, alrededor de USD $109 millones para conectar casi 64.000 ubicaciones con Starlink. La decisión convirtió a la empresa en el mayor beneficiario estatal por número de ubicaciones y ahora enfrenta cuestionamientos políticos y una solicitud de auditoría.

Del plan centrado en la fibra al giro tecnológico

El programa federal Broadband Equity, Access and Deployment, conocido como BEAD, nació en 2021 con USD $42.500 millones incluidos en la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleo. Su propósito era extender la banda ancha de alta velocidad a zonas sin servicio suficiente, con énfasis en comunidades rurales. La puesta en marcha avanzó lentamente y, al cierre de 2024, ningún proyecto nuevo había iniciado obras, un retraso que precedió a otra revisión de las reglas federales.

El año pasado, la administración Trump eliminó la preferencia por la fibra y pidió a los estados favorecer las propuestas de menor costo, con el argumento de acelerar el despliegue. La modificación terminó demorando el programa aproximadamente otro año, mientras el secretario de Comercio, Howard Lutnick, atribuyó parte de las demoras a los «mandatos woke» de la administración anterior. El cambio también alteró el criterio con el que los estados comparaban tecnologías que ofrecen capacidades y condiciones distintas.

A Texas le correspondieron cerca de USD $3.300 millones, la asignación más alta entre los estados. El plan aprobado por reguladores federales en 2024 describía la fibra como «la tecnología preferida» y consideraba que el satélite no era confiable; la versión final, reescrita en 2025 bajo las nuevas normas, adoptó un enfoque neutral respecto de la tecnología. Según datos citados por Telecompetitor, el estado asignó servicios satelitales a cerca del 27% de las aproximadamente 243.000 ubicaciones financiadas y destinó a esa tecnología unos USD $1.260 millones.

Ese giro permitió a Starlink recibir fondos para casi 64.000 ubicaciones, más que cualquier otro proveedor de Texas por cantidad de sitios. La compañía ya es el principal proveedor de internet satelital del estado, que figura entre sus mercados más grandes, de acuerdo con Ookla. SpaceX, que acaba de salir a bolsa según el reporte, informó 13,6 millones de suscriptores consumidores de Starlink en todo el mundo durante el tercer trimestre de 2026, frente a 12 millones en el segundo trimestre, cuando presentó sus primeros resultados como empresa pública.

Las dudas sobre desempeño y condiciones de pago

El alcance de la adjudicación no resuelve la pregunta sobre la calidad del servicio. En las pruebas de velocidad realizadas durante la primera mitad de 2026, alrededor de un tercio de los usuarios de Starlink en Texas que participaron alcanzó el umbral mínimo de banda ancha de la Comisión Federal de Comunicaciones. Entre los usuarios de internet por cable que hicieron pruebas, la proporción rondó el 70%, según Ookla, empresa que opera la aplicación Speedtest.

La diferencia alimenta el debate sobre qué debe financiar BEAD: una conexión que llegue rápidamente a lugares aislados o infraestructura capaz de cumplir de manera consistente los estándares federales. Drew Garner, director de participación en políticas del Benton Institute for Broadband & Society, sostuvo que los contribuyentes no deberían pagar por un servicio que no alcance esos niveles. Añadió que, si Starlink recibe el dinero, los estados tendrían que comprobar su desempeño y recuperar los fondos cuando la empresa no cumpla.

En Texas, los legisladores han puesto el foco no solo en las velocidades, sino también en las condiciones de pago ofrecidas a los proveedores satelitales de órbita terrestre baja. Durante una audiencia del 24 de junio, el senador republicano Charles Schwertner, presidente del Comité de Negocios y Comercio del Senado, dijo que la Oficina de Desarrollo de Banda Ancha aumentó la parte de las subvenciones que esas empresas podían cobrar por adelantado, mientras otros proveedores recibían pagos en cuotas. Schwertner señaló que otros solicitantes reclamaban «el trato de favor que se les dio a los LEO».

El senador demócrata Nathan Johnson, de Dallas, interrogó al director de la oficina, Bryant Clayton, sobre el cambio. Clayton declaró que la oficina del gobernador Greg Abbott les pidió comparar la estructura propuesta con la de otros estados, según informó KUT. La oficina de Abbott negó que hubiera favorecido a SpaceX y defendió la tecnología satelital de órbita terrestre baja como una opción rentable para conectar zonas rurales; el cuestionamiento legislativo, por tanto, se centra en cómo se tomaron las decisiones y si otros solicitantes recibieron condiciones equivalentes.

La disputa por el modelo de Starlink y la revisión en Texas

SpaceX también ha cuestionado adjudicaciones de BEAD en Wisconsin, Colorado, Louisiana y Virginia, al sostener que debió recibir más ubicaciones elegibles. Además, envió a varias oficinas estatales de banda ancha una carta en la que solicitó exenciones para requisitos que, según la compañía, podrían volver insostenible la participación de proveedores de órbita terrestre baja. Un anexo contractual proponía dispensas a obligaciones de desempeño, calendarios de pago, penalizaciones por incumplimiento, requisitos de reporte y estándares laborales y de seguros.

El documento afirmaba que Starlink ya estaba disponible en la mayoría, si no en todas, las ubicaciones asignadas a la empresa y pedía que los proveedores satelitales recibieran de inmediato el 50% de sus pagos. StateScoop calculó que esa solicitud habría adelantado unos USD $365 millones a escala nacional. La Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información recomendó a los estados no firmar el anexo, y Lutnick afirmó en una audiencia del Comité de Asignaciones del Senado que la propuesta se apartaba de las directrices y del estatuto, por lo que su agencia la rechazaba.

A principios de este año, más de 20 demócratas de la Cámara de Representantes pidieron a la jefa de la NTIA, Arielle Roth, que reconsiderara las adjudicaciones de SpaceX si Starlink no podía cumplir los estándares aceptados por los demás proveedores de BEAD. SpaceX no respondió a la solicitud de comentarios mencionada por Fortune. En Texas, el vicegobernador Dan Patrick y el presidente de la Cámara, Dustin Burrows, solicitaron en julio que el Auditor del Estado revisara la oficina de banda ancha; semanas después, la oficina suspendió todos los pagos de BEAD, incluidos los de SpaceX, «hasta nuevo aviso», según un correo electrónico obtenido por The Texas Tribune.

La disputa también llegó a los tribunales. En octubre, Gina Hinojosa, entonces candidata demócrata a gobernadora, demandó para obtener comunicaciones sin censurar entre la oficina de Abbott y Musk y sus empresas, y citó entre sus motivos los cambios en los pagos de Starlink. Un juez ordenó a la oficina de Abbott permitirle inspeccionar los registros, pero un tribunal de apelaciones suspendió esa orden; por separado, datos de OpenSecrets citados por NPR indicaron que Musk aportó al menos USD $225 millones a campañas de Texas durante este ciclo electoral.

Un cambio de gobierno con pagos todavía suspendidos

El 3 de noviembre, Hinojosa derrotó a Abbott y Johnson ganó la elección para procurador general. Johnson, quien había interrogado a Clayton durante la audiencia de junio, había dicho a The Dallas Morning News que investigaría las subvenciones de Starlink como parte de su plan anticorrupción y que ordenaría auditar la forma en que Texas adjudica contratos públicos. El futuro procurador aclaró que no estaba afirmando que hubiera corrupción en este caso, aunque dijo que la situación «desde luego, lo parece».

Johnson no respondió a una solicitud de comentarios sobre las medidas que piensa adoptar cuando asuma el cargo. Hinojosa y Johnson tienen previsto entrar en funciones en enero, el mismo mes en que comienza la próxima sesión legislativa de Texas. Los líderes legislativos han dicho que decidirán sus pasos a partir de los hallazgos del auditor, de modo que la solicitud de revisión y la investigación política avanzarán en paralelo mientras el estado mantiene suspendidos los desembolsos.

La asignación de Starlink forma parte de un programa que debe conectar a comunidades rurales, pero el dinero no está fluyendo y los hogares beneficiarios todavía esperan saber qué tecnología recibirán y cuándo. La controversia reúne tres preguntas distintas: si las velocidades ofrecidas cumplen los criterios federales, si las condiciones de pago fueron justas para todos los proveedores y si el cambio de estrategia de Texas respondió a una comparación legítima de costos. Los hallazgos del auditor y las decisiones del nuevo gobierno determinarán qué ocurre con los fondos congelados, sin que la información disponible permita anticipar su resultado.


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Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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