Por Canuto  

El senador Bernie Sanders presentó una propuesta que busca dar al público estadounidense una participación directa en las mayores empresas de inteligencia artificial del país, mediante un fondo soberano valuado en torno a USD $7 billones. La iniciativa combina control accionario, separación de negocios de IA y dividendos potenciales para toda la población.
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  • La ley propone un impuesto único del 50% sobre las acciones de las mayores empresas de IA de Estados Unidos.
  • El fondo soberano resultante tendría un valor estimado de USD $7 billones y podría pagar más de USD $1.000 al año por persona.
  • La iniciativa también plantea separar negocios de IA y no IA, y crear una comisión independiente con poder de voto corporativo.

El senador Bernie Sanders presentó el 18 de junio la Ley del Fondo Soberano de Riqueza AI de Estados Unidos, una iniciativa que busca otorgar al público una participación del 50% en las mayores empresas de inteligencia artificial del país.

La propuesta apunta a un debate que ya atraviesa a los mercados tecnológicos y a la política: quién captura la riqueza creada por la IA y quién decide el rumbo de una industria con impacto potencial sobre empleo, privacidad y poder económico.

Según informó la oficina del legislador, el mecanismo central sería un impuesto único del 50% sobre las acciones de las compañías de IA más grandes de Estados Unidos. Esas acciones se transferirían a un fondo soberano de riqueza administrado en beneficio del público.

Sanders sostuvo que, sin control, la inteligencia artificial y la robótica amenazan los empleos, los derechos de privacidad y la salud mental de cada hombre, mujer y niño en Estados Unidos. También afirmó que la sociedad ya no puede permitir que un pequeño grupo de oligarcas tecnológicos defina por sí solo el futuro de esa tecnología.

En sus declaraciones, el senador remarcó que la IA no surgió de la nada ni fue solamente el resultado de la visión de ejecutivos como Mark Zuckerberg o Elon Musk. A su juicio, la base de esta industria descansa sobre el conocimiento colectivo de la humanidad y el trabajo creativo de decenas de millones de personas.

Qué propone la ley y cómo funcionaría el fondo

Si se aprobara, la legislación haría tres cosas centrales. La primera sería crear una Comisión Independiente para la IA Democrática encargada de gestionar el fondo soberano en beneficio del público estadounidense.

Esa comisión utilizaría acciones con derecho a voto en las compañías incluidas para bloquear decisiones que, según el planteamiento del proyecto, perjudiquen al pueblo estadounidense. También promovería políticas corporativas que, desde la visión de la propuesta, ayuden al conjunto de la población.

La estructura de esa comisión tendría siete miembros. Todos serían nominados por el presidente y confirmados por el Senado, pero los nombres saldrían de una lista bipartidista proporcionada por el Congreso.

El objetivo político de ese diseño es claro. Sanders plantea que el futuro de la IA y la transformación de la vida humana no queden dictados por menos de una docena de oligarcas de las grandes tecnológicas.

La segunda gran pieza del proyecto obligaría a las grandes empresas que operan negocios de IA y no IA a separar ambas actividades. Con ello, el texto busca asegurar que la participación pública recaiga específicamente sobre el negocio vinculado a inteligencia artificial.

La tercera línea de acción apunta al destino económico de la riqueza generada por esta industria. La legislación pretende garantizar que esos beneficios mejoren la vida de toda la población, y no que solo incrementen la fortuna de las personas más ricas del planeta.

El tamaño del fondo y la promesa de dividendos

Con las valoraciones actuales de mercado, el fondo soberano que surgiría bajo esta ley tendría un valor estimado de USD $7 billones. Esa cifra ubicaría al vehículo entre los esquemas públicos de riqueza más grandes del mundo.

Para comenzar, Sanders plantea que un dividendo anual del 5% de ese fondo podría entregar un pago directo de más de USD $1.000 a cada persona en Estados Unidos. Esa idea conecta con modelos de reparto público de renta derivados de activos nacionales.

El senador fue más allá al describir el potencial de largo plazo de la iniciativa. Señaló que, si las empresas de IA continúan creciendo con la velocidad que muchos analistas esperan, la riqueza generada podría utilizarse para garantizar un nivel de vida decente y digno para cada hombre, mujer y niño en el país.

Dentro de esa visión, Sanders mencionó derechos concretos. Entre ellos citó atención médica, educación, vivienda y un entorno sano y habitable.

La propuesta también incorpora una defensa frente al riesgo de mercado. Si el valor de esas compañías cae, dijo el senador, las empresas asumirían las pérdidas y no el gobierno federal.

Ese punto resulta relevante en un momento en que la inteligencia artificial concentra valoraciones elevadas y proyecciones muy optimistas. Al mismo tiempo, varios observadores del mercado advierten sobre posibles ajustes si las expectativas de crecimiento no se materializan.

El trasfondo político detrás de la ofensiva contra Big Tech

El proyecto se presenta como una respuesta directa a la concentración de poder en Silicon Valley. Sanders enmarcó su iniciativa en términos democráticos, al sostener que el pueblo estadounidense debe poder ralentizar el avance de la IA y asegurarse de que beneficie a la humanidad.

La propuesta no solo discute redistribución económica. También plantea una disputa sobre gobernanza tecnológica, derechos sociales y la legitimidad de que actores privados acumulen influencia sobre sistemas que podrían redefinir trabajo, información y vida cotidiana.

Ese enfoque conecta con preocupaciones que ya circulan entre reguladores, académicos y participantes del mercado. La carrera por dominar la IA ha multiplicado el valor de fabricantes de chips, desarrolladores de modelos y plataformas de infraestructura, pero también ha reabierto debates sobre monopolio, uso de datos y automatización laboral.

En ese contexto, el lenguaje elegido por Sanders fue frontal. El senador declaró que el futuro de la IA y el destino de la humanidad no deben decidirse a puerta cerrada en Silicon Valley por multimillonarios que buscan maximizar poder y ganancias.

En cambio, sostuvo que esas decisiones deben involucrar a trabajadores, padres, maestros, artistas, científicos, comunidades y al pueblo estadounidense. Esa formulación busca ampliar el marco del debate más allá de Wall Street y las tecnológicas de megacapitalización.

Para lectores familiarizados con criptomonedas y blockchain, el punto no es menor. Al igual que en las discusiones sobre descentralización y captura de valor en redes digitales, aquí emerge una pregunta de fondo sobre propiedad, gobernanza y distribución de beneficios en infraestructuras tecnológicas críticas.

Fondos soberanos, precedentes y posibles implicaciones

Sanders subrayó que la idea no parte de cero. Recordó que existen más de 100 fondos soberanos en todo el mundo, desde Noruega hasta Alaska, diseñados para que las personas comunes se beneficien de la riqueza nacional.

El principio que defendió fue simple en su formulación. Cuando un recurso público genera riqueza, el público debe compartir esa riqueza.

La novedad de su propuesta está en tratar a la IA como una fuente de riqueza colectiva cuya base se construyó con conocimiento humano acumulado y trabajo creativo masivo. Bajo esa lógica, la legitimidad de la captura pública no proviene de nacionalizar empresas, sino de reclamar una porción del valor producido por una infraestructura social amplia.

Desde la óptica de los mercados, sin embargo, la iniciativa abre preguntas complejas. Un impuesto único del 50% sobre acciones de las mayores firmas de IA podría enfrentar una resistencia feroz de la industria y detonar un debate legal, político y financiero de gran escala.

También quedan interrogantes sobre la definición exacta de qué empresas entrarían en la categoría de “mayores empresas de IA”. El comunicado conocido hasta ahora no detalla criterios técnicos o umbrales específicos para esa clasificación.

Tampoco desarrolla, al menos en su presentación pública inicial, la mecánica completa de valuación, transferencia y administración accionaria. Esos elementos serían claves para medir el impacto real sobre inversionistas, estructuras corporativas y gobierno de las compañías afectadas.

Aun así, la propuesta ya marca una señal política contundente. En vez de limitarse a regular riesgos de seguridad o privacidad, plantea redistribuir propiedad y poder dentro de uno de los sectores más lucrativos y estratégicos de la economía contemporánea.


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