Por Canuto  

Una nueva guía de tres reguladores bancarios federales podría endurecer el análisis de hipotecas, préstamos para automóviles, tarjetas y otros créditos dirigidos a inmigrantes sin autorización laboral en Estados Unidos.
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  • La Oficina del Contralor de la Moneda, la FDIC y la NCUA pidieron a los bancos evaluar con cuidado la capacidad de pago de estos prestatarios.
  • Los reguladores señalaron que la falta de autorización laboral puede implicar mayor incertidumbre sobre ingresos, empleo y estabilidad financiera.
  • Críticos advierten que la medida podría desalentar a clientes autorizados, elevar los costos de cumplimiento y llevar dinero fuera del sistema bancario regulado.

 

La administración de Donald Trump emitió el lunes una guía que insta a los bancos de Estados Unidos a examinar sus decisiones de préstamo cuando los solicitantes carecen de autorización laboral en el país. El documento abarca hipotecas, préstamos para automóviles, tarjetas de crédito y otras formas de crédito de consumo.

La directriz fue publicada por tres reguladores bancarios federales: la Oficina del Contralor de la Moneda, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos y la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito. Su alcance se relaciona con la evaluación del riesgo, no con la creación explícita de una nueva prohibición crediticia.

Una guía basada en el riesgo crediticio

Los reguladores recordaron a las entidades financieras que deben analizar si los prestatarios tienen la disposición y la capacidad para pagar sus deudas. Esa obligación ya forma parte de los criterios habituales de gestión bancaria.

La guía describe a las personas sin autorización laboral como posibles prestatarios con un “riesgo crediticio elevado”. Según el documento, su capacidad para generar ingresos, conservar un empleo y mantener estabilidad financiera puede estar sujeta a una mayor incertidumbre.

La referencia al estatus laboral podría influir en la forma en que los bancos revisan solicitudes de crédito. Sin embargo, el texto no parece ordenar que las entidades rechacen automáticamente las peticiones presentadas por inmigrantes sin autorización.

Jonathan Gould, Contralor de la Moneda, afirmó durante una entrevista con CNBC que los bancos tienen la obligación de conocer a su cliente. También señaló que esa responsabilidad ya existe dentro del marco vigente para las instituciones financieras.

La nueva orientación no establece, según el contenido divulgado, que cada banco deba verificar el estatus migratorio de todos sus clientes. El enfoque presentado por los reguladores parece concentrarse en el análisis individual de los riesgos asociados con cada operación.

El impacto potencial en hipotecas y otros préstamos

La mayoría de las hipotecas exige que los solicitantes presenten un número de Seguro Social. Los prestamistas suelen utilizarlo para verificar la identidad del cliente y consultar su historial crediticio.

Algunos compradores pueden acceder a una hipoteca mediante un Número de Identificación Personal del Contribuyente, conocido como ITIN. El Instituto Urbano, un grupo de expertos, indicó que la mayoría de los titulares de estos números son inmigrantes no autorizados.

Las hipotecas otorgadas mediante ITIN representan una fracción pequeña del mercado inmobiliario estadounidense. Se estima que entre 5.000 y 6.000 de estas operaciones se realizaron en 2023.

La cifra contrasta con las aproximadamente 4,6 millones de originaciones hipotecarias registradas durante ese mismo año. La Coalición Nacional de Reinversión Comunitaria proporcionó ese dato como referencia sobre el tamaño total del mercado.

La orientación también menciona préstamos para automóviles, tarjetas de crédito y otras modalidades de crédito de consumo. En esos productos, los bancos podrían revisar con mayor atención las fuentes de ingreso, la continuidad laboral y la estabilidad financiera del solicitante.

Una política migratoria que utiliza el sistema financiero

La guía representa el último movimiento de la Casa Blanca para utilizar el sistema financiero como parte de una política migratoria más estricta. La administración Trump había planteado previamente que las instituciones financieras debían prestar atención a estos riesgos.

El paso actual sigue una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en mayo. Esa orden instruyó a los reguladores a endurecer el uso del sistema financiero por parte de inmigrantes sin autorización.

La orden también pidió considerar los riesgos crediticios de emitir hipotecas, préstamos para automóviles, tarjetas de crédito y otros créditos de consumo a personas que no cuentan con autorización laboral en Estados Unidos.

Abogados del bufete Troutman Pepper Locke señalaron que la orden parecía tratar el estatus migratorio y la autorización de trabajo como factores relevantes para medir el riesgo. A su juicio, el texto no exigía que las instituciones verificaran el estatus migratorio de cada cliente.

Los abogados describieron la estrategia como un enfoque basado en riesgos, acompañado por acciones regulatorias y de supervisión específicas. Esa interpretación ayuda a explicar por qué la guía recuerda obligaciones existentes en lugar de anunciar una prohibición general.

Críticas y posibles efectos sobre la inclusión financiera

Los críticos temen que la nueva orientación produzca un efecto disuasorio dentro de los bancos. Ese impacto podría alcanzar incluso a inmigrantes que sí cuentan con autorización laboral, si las entidades prefieren aplicar controles más amplios.

Una mayor cautela también podría elevar los costos de cumplimiento para los bancos. Las instituciones tendrían que dedicar más recursos a revisar solicitudes, documentar decisiones y demostrar que sus procesos cumplen con las expectativas de los reguladores.

Los datos disponibles sobre el acceso de inmigrantes no autorizados a los préstamos son escasos. Los bancos no están obligados a recopilar información sobre la ciudadanía de sus clientes, lo que dificulta medir el alcance real de la política.

La falta de información detallada impide saber cuántos inmigrantes sin autorización laboral tienen actualmente una hipoteca, un préstamo para automóvil o una tarjeta de crédito. También complica evaluar cuántas solicitudes podrían verse afectadas por la orientación.

Otra preocupación es que las restricciones o los controles más intensos puedan sacar dinero del sistema bancario regulado. Los críticos advierten que ese desplazamiento podría aumentar los riesgos de fraude y abuso para los consumidores.

Un debate abierto para bancos y prestatarios

Para los bancos, el desafío será equilibrar la evaluación prudente del riesgo con el acceso legítimo a los servicios financieros. La guía les recuerda sus responsabilidades, pero deja margen para que cada entidad defina cómo aplicará los controles.

Para los prestatarios, la incertidumbre puede aparecer antes incluso de presentar una solicitud. Los clientes podrían enfrentar más preguntas sobre sus ingresos, empleo, documentos de identificación y capacidad de pago.

El uso de un ITIN muestra que existen vías distintas al número de Seguro Social para solicitar determinados productos financieros. No obstante, la disponibilidad de esas vías no garantiza que todos los solicitantes obtengan una aprobación.

La escala de las hipotecas ITIN sugiere que este segmento es pequeño frente al mercado hipotecario general. Aun así, sus efectos pueden ser relevantes para las personas que dependen de esos productos para comprar una vivienda o acceder a crédito.

La aplicación práctica de la guía dependerá de las decisiones de supervisión y de las políticas internas de cada institución. Por ahora, los reguladores han enfatizado la gestión del riesgo y la capacidad de reembolso, mientras continúa el debate sobre sus consecuencias para la inclusión financiera.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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