Por Canuto  

La Fed, la OCC y la FDIC han propuesto concentrar la supervisión en riesgos financieros materiales y retirar referencias al riesgo reputacional, un cambio que podría aliviar la relación entre bancos y empresas cripto, aunque también despierta dudas sobre una vigilancia demasiado permisiva.

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  • Las acciones públicas de supervisión de las tres agencias cayeron de más de 500 en 2015 a 245 en 2025.
  • La Fed adoptó en 2026 un estándar de “probabilidad anormal de daño anormal” para determinadas medidas supervisoras.
  • La eliminación del riesgo reputacional fue planteada mediante una propuesta conjunta y la OCC anunció que comenzó a retirar referencias de sus manuales; el cambio podría facilitar servicios bancarios a empresas cripto legales, pero genera dudas tras las quiebras bancarias de 2023.

 

Los principales reguladores bancarios de Estados Unidos están redefiniendo el alcance de su supervisión con una premisa que la industria resume como menos intervenciones y mayor concentración en los riesgos que realmente pueden comprometer la estabilidad de una entidad.

La Reserva Federal (FED), la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) y la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) han planteado un modelo centrado en los “riesgos financieros materiales” para la seguridad y solvencia bancaria, mientras reducen el peso de fallas procedimentales y preocupaciones reputacionales.

El cambio tiene una dimensión cuantificable: las acciones públicas de supervisión emitidas por las tres agencias descendieron desde más de 500 en 2015 hasta 245 en 2025. En el caso de la Reserva Federal, la reducción se ubicó entre 48% y 58% en períodos recientes de comparación, una caída que refleja el nuevo criterio de priorización y no necesariamente la desaparición de todos los problemas dentro del sistema bancario.

Un umbral más alto para intervenir

El realineamiento se aceleró durante la administración del presidente Donald Trump y Michelle W. Bowman, vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal, aparece como una de sus principales impulsoras. La orientación busca que los exámenes bancarios apunten a amenazas concretas para la estabilidad financiera, en lugar de revisar cada elemento de cumplimiento con el mismo nivel de intensidad, según la información publicada por Crypto Briefing.

Para 2026, la Fed introdujo un estándar denominado “probabilidad anormal de daño anormal” para las acciones supervisoras relacionadas con prácticas inseguras o insanas. En términos prácticos, los examinadores deben superar un listón más exigente antes de recomendar medidas severas contra un banco, aunque la expresión deja abierta una discusión relevante sobre la forma en que las agencias definirán qué daño y qué probabilidad merecen la calificación de anormales.

El nuevo enfoque también modifica el alcance de los hallazgos que reciben las instituciones durante una revisión. Los Matters Requiring Attention, conocidos por sus siglas en inglés como MRAs, quedan limitados a preocupaciones financieras materiales, de modo que los bancos deberían enfrentar menos observaciones vinculadas exclusivamente con procedimientos o percepciones externas si estas no se traducen en una amenaza financiera identificable.

La reducción del universo supervisor no equivale a una desregulación total ni elimina las obligaciones de seguridad y solvencia. Las agencias mantienen la responsabilidad de identificar riesgos capaces de afectar a los depositantes, al capital, a la liquidez o a la viabilidad de una institución, pero ahora deben justificar con mayor claridad por qué una deficiencia amerita una acción formal y cuáles serían sus consecuencias financieras.

La importancia del riesgo reputacional para las criptomonedas

El retiro del riesgo reputacional de los manuales y programas de supervisión se encuentra en proceso. Las agencias emitieron una propuesta conjunta para codificar esa eliminación, mientras la OCC anunció que comenzó a retirar referencias al riesgo reputacional de sus manuales y guías. Por ello, no corresponde presentar el cambio como una eliminación ya plenamente concluida en las tres instituciones.

La medida es especialmente relevante para las empresas de activos digitales que intentan operar dentro del sistema financiero tradicional. Durante años, compañías cripto sostuvieron que los examinadores podían desalentar a los bancos de atenderlas sin demostrar un problema de crédito, liquidez o solvencia, únicamente porque la relación podía generar críticas públicas o incomodidad institucional.

En el marco anterior, la asociación con un exchange de criptomonedas o con un emisor de stablecoins podía convertirse en un punto de atención para un banco aunque la empresa cumpliera legalmente con sus obligaciones. Esa posibilidad alimentó las acusaciones de una “Operación Choke Point 2.0”, nombre utilizado por los críticos para describir lo que consideraban una presión coordinada destinada a limitar el acceso de las compañías cripto a cuentas, pagos y otros servicios bancarios.

Si la propuesta se formaliza y se aplica de manera consistente, los bancos tendrían menos motivos regulatorios para rechazar a una empresa cripto que opera dentro de la ley. La decisión no garantiza que todas las entidades financieras acepten clientes de activos digitales, porque seguirán evaluando controles internos, exposición operativa y riesgos financieros, pero desplaza la discusión desde la imagen pública de la relación hacia sus características económicas verificables.

Ese desplazamiento podría influir en exchanges, emisores de stablecoins y otros negocios digitales que necesitan cuentas bancarias, acceso a pagos y gestión de liquidez en monedas tradicionales. Para esas compañías, una evaluación basada en riesgos materiales ofrecería criterios más concretos que una referencia amplia a la reputación, aunque el beneficio dependerá de la aplicación práctica del marco y de la disposición de cada banco a asumir el negocio.

El debate sobre una supervisión demasiado permisiva

El giro regulatorio también revive las dudas sobre si un menor número de acciones supervisoras puede dejar sin respuesta riesgos que todavía no aparecen en los estados financieros. Las quiebras de Silicon Valley Bank, Signature Bank y First Republic en 2023 ocurrieron en un entorno que ya tendía hacia una supervisión más ligera para determinadas categorías de bancos, un antecedente que vuelve más sensible cualquier reducción adicional del escrutinio.

Los defensores del nuevo enfoque argumentan que los examinadores de ese período pudieron dedicar demasiada atención a asuntos procedimentales y no actuar con suficiente firmeza ante la acumulación de riesgos financieros. Desde esa perspectiva, concentrarse en la solvencia y la liquidez no significa vigilar menos, sino dirigir los recursos hacia las señales que podrían provocar pérdidas, retiros acelerados o inestabilidad sistémica.

La objeción central está en la ambigüedad del estándar de “probabilidad anormal de daño anormal”. Si los umbrales dependen de interpretaciones subjetivas, podrían aplicarse con flexibilidad durante los ciclos de expansión y endurecerse después de una crisis, cuando el deterioro ya sea evidente y la intervención tenga un costo mayor para los bancos, los depositantes y el sistema financiero.

La misma incertidumbre puede complicar la planificación de las entidades que buscan cumplir con las expectativas regulatorias. Un banco necesita saber qué conducta activa una acción formal y qué deficiencia puede corregirse mediante una observación, especialmente cuando atiende sectores nuevos como las criptomonedas, donde los riesgos operativos y tecnológicos evolucionan con rapidez y no siempre encajan en categorías históricas.

Qué cambia para bancos y empresas cripto

Para los bancos, el nuevo marco puede reducir la presión para abandonar relaciones comerciales únicamente por temor a una reacción reputacional de los supervisores. La consecuencia potencial es una evaluación más homogénea de los clientes cripto, basada en sus controles, balances, flujos de fondos y exposición financiera, aunque la información disponible no indica que las agencias hayan ordenado a las instituciones ampliar automáticamente sus servicios.

Las empresas de activos digitales, por su parte, todavía deberán demostrar que sus operaciones no generan riesgos materiales para las entidades que las atienden. La salida propuesta del riesgo reputacional no elimina la necesidad de controles sólidos ni convierte a los exchanges o emisores de stablecoins en clientes exentos de revisión; únicamente reduciría uno de los criterios que el sector consideraba demasiado amplio y difícil de impugnar.

El efecto más inmediato podría producirse en las conversaciones entre bancos y compañías que buscan cuentas operativas o servicios de pagos. Un diálogo centrado en riesgos financieros concretos permite que ambas partes discutan evidencias, límites y mecanismos de mitigación, en lugar de tratar una preocupación reputacional abstracta como una razón suficiente para terminar la relación antes de analizar el negocio.

Sin embargo, la prueba decisiva será la consistencia con que la Fed, la OCC y la FDIC apliquen sus nuevas políticas. Si cada examinador interpreta de forma distinta el umbral de intervención, los bancos podrían mantener una actitud cautelosa pese al cambio formal, mientras que una aplicación demasiado laxa podría trasladar costos a los depositantes y aumentar la vulnerabilidad ante la próxima crisis.

El repliegue supervisor ofrece a la industria bancaria y al sector cripto una oportunidad para sustituir la incertidumbre reputacional por reglas enfocadas en la estabilidad financiera, pero también exige demostrar que la reducción de acciones no equivale a una reducción de responsabilidad.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA.

 


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