Por Canuto  

Reform UK quiere reemplazar el GDPR británico por una ley inspirada en Nueva Zelanda, pero el cambio podría amenazar los flujos de datos con la Unión Europea y llega mientras el partido enfrenta una demanda por presuntas violaciones de privacidad.
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  • Reform UK propone abolir el UK GDPR y sustituirlo por un régimen más ligero inspirado en la ley de privacidad de Nueva Zelanda.
  • La propuesta enfrenta dudas sobre la adecuación de datos con la Unión Europea, una condición que permite transferencias personales sin trámites adicionales.
  • El partido también afronta una demanda del Good Law Project por presuntamente no informar qué datos tenía de ciudadanos ni atender solicitudes de eliminación.

Reform UK anunció un compromiso para abolir el UK GDPR y reemplazarlo por una ley de privacidad más ligera, inspirada en el régimen vigente en Nueva Zelanda. Nigel Farage, líder del partido, y Robert Jenrick, responsable económico de la formación, presentaron la propuesta el martes por la noche como parte de un paquete dirigido a las pequeñas empresas. La iniciativa busca deshacer una pieza central del marco regulatorio que Reino Unido incorporó a su legislación nacional después del Brexit. Por ahora, se trata de una propuesta política y no de una ley aprobada.

Farage presentó el plan como una respuesta a la presión que, según su partido, soportan los negocios pequeños por los impuestos y la burocracia. En declaraciones recogidas por la agencia PA, afirmó que esas empresas son el corazón de la economía, pero que han sido asfixiadas por años de cargas fiscales, normas europeas y una visión excesivamente centrada en el Estado. Jenrick fue más directo y acusó al GDPR de haber atrapado a pequeñas compañías y empresas tecnológicas en una red de regulaciones innecesarias.

La propuesta de privacidad y sus diferencias

Reino Unido comenzó a aplicar su versión modificada del reglamento europeo en 2021, después de que el país abandonara la Unión Europea. Ese marco, conocido como UK GDPR, funciona junto con la Ley de Protección de Datos de 2018 y regula cómo las organizaciones recopilan, almacenan, utilizan y transfieren información personal. Su equivalente europeo continúa siendo la base de numerosas investigaciones y sanciones dentro del bloque.

La diferencia más visible entre el sistema británico actual y la Privacy Act 2020 de Nueva Zelanda está en la aplicación de las sanciones. El Comisionado de Información del Reino Unido puede imponer multas de varios millones de libras, mientras que la legislación neozelandesa contempla penalizaciones de menor cuantía, con un límite de NZD $50.000 en los procedimientos señalados por la comparación citada por The Register. Para Reform UK, esa brecha demostraría que existe margen para reducir los costos regulatorios sin abandonar por completo la protección de los datos personales.

Los derechos reconocidos a los ciudadanos también divergen entre ambos modelos. El régimen europeo concede un conjunto más amplio de facultades, incluido el derecho al olvido, mientras que la ley neozelandesa no ofrece una equivalencia completa en ese punto. La discusión, por tanto, no se limita al tamaño de las multas, porque cualquier reemplazo también tendría que definir qué pueden exigir las personas sobre su información y qué obligaciones recaerían sobre las compañías.

En otros aspectos operativos, los dos sistemas se encuentran más cerca de lo que sugiere la retórica política. Ambos establecen reglas sobre el tratamiento de información personal y las transferencias internacionales, aunque el alcance de los derechos, la estructura institucional y las sanciones no coinciden. Esa cercanía podría facilitar la defensa política de Reform UK, pero no garantiza que Bruselas considere equivalente el nuevo marco si el partido llega a convertir su propuesta en una ley.

El riesgo para la adecuación de datos

El punto más delicado de la iniciativa es la llamada decisión de adecuación de datos, que permite que la información personal circule entre Reino Unido y la Unión Europea sin que cada empresa deba recurrir a mecanismos legales adicionales. La Comisión Europea renovó ese estatus hasta el 27 de diciembre de 2031, pero la continuidad depende de que Londres mantenga un nivel de protección considerado esencialmente equivalente al europeo. Una divergencia relevante podría obligar a revisar esa decisión.

Reform UK sostiene que adoptar un modelo basado en Nueva Zelanda no provocaría la pérdida de la adecuación, aunque su comunicado no explica cómo cumpliría ese requisito. La Comisión Europea no evalúa únicamente el nombre de una ley, sino su contenido, sus garantías, sus autoridades supervisoras y la forma en que funcionan sus mecanismos de cumplimiento. Por eso, sustituir el UK GDPR exigiría demostrar con precisión que las nuevas reglas no debilitarían la protección que Bruselas considera necesaria.

Para las empresas británicas, el asunto tiene una consecuencia práctica inmediata. Si se interrumpieran los flujos libres de datos con Europa, las compañías tendrían que apoyarse en cláusulas contractuales estándar u otros instrumentos jurídicos para transferir información personal, lo que añadiría documentación, asesoría y costos operativos. Las pequeñas empresas que Reform UK pretende beneficiar serían precisamente las que podrían tener menos recursos para absorber ese trabajo adicional.

El debate también muestra que la regulación de datos funciona como una infraestructura comercial, aunque no siempre sea visible para el público. Plataformas digitales, proveedores tecnológicos, empresas financieras y organizaciones que operan entre ambos mercados necesitan reglas previsibles para mover información de clientes, empleados y usuarios. Una reforma que reduzca obligaciones internas podría producir alivios puntuales, pero también generar incertidumbre si modifica las condiciones de acceso al mercado europeo.

Los precedentes y la presión política

Reino Unido ya se apartó parcialmente del marco europeo mediante la Data (Use and Access) Act, aprobada el año pasado durante el gobierno laborista. Esa norma flexibilizó algunos aspectos del UK GDPR, facilitó el intercambio de datos entre sectores críticos y suavizó las reglas sobre decisiones automatizadas. El cambio mantuvo intacta la adecuación con la Unión Europea, una diferencia importante frente a la propuesta de Reform UK, cuyo alcance sería mucho más amplio.

El sistema actual también ha sido utilizado para castigar prácticas que afectan directamente a trabajadores y consumidores. Los reguladores neerlandeses emplearon el reglamento europeo para multar a Uber con EUR €825.000.000 por suspensiones automatizadas de conductores, mientras que en Reino Unido NHS England reconoció en julio que su documentación ocultaba información sobre quién podía acceder a datos identificables de pacientes. Esos casos ilustran por qué los defensores del GDPR consideran necesarias sus facultades de supervisión.

La tecnología empresarial ha añadido nuevas zonas de conflicto para los reguladores. La herramienta de seguimiento de empleados de Meta recopiló datos europeos que la compañía había dicho que no recogería, un episodio que reforzó las dudas sobre la distancia entre las políticas anunciadas y las prácticas reales. Para los críticos de Reform UK, reducir las obligaciones sin aclarar los poderes del regulador podría dificultar la respuesta ante ese tipo de incumplimientos, especialmente cuando involucran plataformas con operaciones internacionales.

La propuesta llega además mientras Westminster debate otras reglas digitales, aunque la dirección general del gobierno no coincide con la promesa de desregulación de Reform UK. El Ejecutivo abandonó en julio sus planes para restringir las redes privadas virtuales y se prepara para prohibir el acceso de menores de 16 años a las redes sociales. En ese contexto, la abolición del GDPR aparece como una apuesta política diferenciada, no como parte de una retirada general del Estado del ámbito tecnológico.

Una contradicción bajo escrutinio judicial

La discusión sobre la privacidad también tiene una dimensión judicial para el propio Reform UK. El Good Law Project demandó al partido en marzo de 2025 y sostiene que la formación incumplió el UK GDPR al negarse a informar a algunas personas qué datos conservaba sobre ellas y al no responder a solicitudes de eliminación. Reform UK intentó que el caso fuera desestimado, pero el High Court rechazó esa petición y permitió que el proceso continuara hacia el juicio.

La demanda no demuestra por sí misma que el partido haya cometido las infracciones alegadas, porque el litigio todavía debe resolverse. Sin embargo, coloca bajo una lupa adicional a una organización que propone eliminar precisamente el marco legal utilizado en la controversia. La tensión entre la plataforma política y el caso judicial podría convertirse en un argumento para sus adversarios, aunque el desenlace dependerá de las pruebas y de la decisión final del tribunal.

El resto del paquete económico busca reforzar el mensaje de que Reform UK pretende favorecer a los negocios pequeños y premiar el trabajo. El partido propone revertir el aumento de la National Insurance anunciado en 2024 por la entonces ministra de Hacienda Rachel Reeves, eliminar el impuesto sobre la renta para las horas extras de trabajadores a tiempo completo, flexibilizar el impuesto de sucesiones aplicado a granjas y elevar de GBP £90.000 a GBP £150.000 el umbral de registro del IVA.

La formación también plantea hacer más eficiente fiscalmente el Seed Enterprise Investment Scheme para padres que inviertan en los negocios de sus hijos y derogar el mandato de vehículos de cero emisiones previsto para 2035. Jenrick vinculó esas medidas con los 6 millones de pequeñas empresas que, en su opinión, forman la columna vertebral de las calles comerciales y de la economía británica. El paquete combina alivios tributarios, cambios regulatorios y una agenda de distanciamiento frente a normas asociadas con la Unión Europea.

La reacción de los partidos y lo que falta definir

Un portavoz del Partido Laborista calificó los compromisos de Reform UK como inviables y poco serios, y acusó a la formación de intentar revertir también la Online Safety Act. El partido de gobierno presentó el anuncio como una distracción relacionada con la aceptación de un regalo de GBP £5.000.000 por parte de Farage, procedente de un donante extranjero. Reform UK no respondió a la solicitud de información formulada por The Register sobre sus compromisos.

Sir Mel Stride, ministro de Hacienda en la sombra, afirmó que las propuestas se derrumbarían al entrar en contacto con la realidad y que su implementación costaría miles de millones de libras. En relación con los datos, señaló que existe poco detalle sobre cómo funcionaría la derogación del GDPR, una crítica que apunta al vacío entre el anuncio político y el diseño técnico. Hasta ahora, Reform UK ha publicado pocas políticas tecnológicas específicas más allá de su aspiración general de convertir al país en líder de campos emergentes como la inteligencia artificial.

El partido tampoco ha explicado qué organismo aplicaría la eventual ley de reemplazo ni qué poderes tendría para investigar, sancionar y ordenar la eliminación o corrección de información. Esas decisiones definirían si el nuevo sistema sería realmente más liviano o si simplemente trasladaría la carga regulatoria a otra estructura con un nombre distinto. También determinarían cómo responderían las empresas ante incidentes de seguridad, transferencias internacionales y reclamos de ciudadanos.

Dos pruebas marcarán el futuro de la propuesta: la publicación de un proyecto concreto de ley y la posición que adopte la Comisión Europea antes de las próximas elecciones. Un texto detallado permitiría medir sus efectos sobre consumidores, empresas y organismos públicos, mientras que una evaluación de Bruselas mostraría si el modelo conserva el acceso simplificado al mercado comunitario. Hasta entonces, la promesa de Reform UK seguirá siendo una declaración política ambiciosa, con beneficios empresariales anunciados y riesgos legales todavía sin resolver.

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Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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