Polonia pide a Bruselas una multa de EUR 250 millones contra Meta por anuncios fraudulentos

Polonia pidió a la Comisión Europea evaluar una multa de EUR 250 millones contra Meta por anuncios fraudulentos en Facebook e Instagram. La solicitud combina denuncias sobre estafas y deepfakes con una sentencia judicial polaca que cuestionó si la plataforma puede considerarse un intermediario pasivo.
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• Polonia solicitó a la Comisión Europea evaluar una sanción de EUR 250 millones contra Meta por publicidad fraudulenta.
• Varsovia preguntó cómo Meta verifica anunciantes, detecta deepfakes y retira anuncios denunciados.
• Un tribunal de apelación polaco sostuvo que Meta puede ser considerada responsable por difundir anuncios que infringen derechos.

Polonia pidió a la Comisión Europea que evalúe una multa de EUR 250 millones contra Meta por anuncios fraudulentos y publicidad falsa difundidos en Facebook e Instagram. La solicitud fue planteada por Krzysztof Gawkowski, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Digitales del país, quien también reclamó que la empresa implemente herramientas eficaces para retirar estafas, promociones de aplicaciones ilegales y campañas engañosas. El caso llega a Bruselas después de una disputa que ha ganado fuerza política y judicial en Varsovia.

Gawkowski afirmó que Meta debe actuar de inmediato contra el contenido que puede inducir a los usuarios a perder dinero o descargar servicios ilegales. Sus declaraciones se producen en un contexto donde la compañía enfrenta litigios relacionados con anuncios de inversión falsos, incluidos materiales que manipularon la imagen de un empresario polaco. La controversia plantea una pregunta central para las plataformas digitales: si una empresa vende segmentación, herramientas algorítmicas y espacio publicitario, ¿puede describirse únicamente como un proveedor pasivo de alojamiento?

La petición polaca llega a la Comisión Europea

Varsovia envió a Meta nueve preguntas escritas el 18 de agosto para conocer la magnitud de la publicidad fraudulenta en Polonia y las medidas aplicadas para contenerla. El cuestionario solicitó información sobre la detección de deepfakes, la verificación de anunciantes y el tiempo que transcurre entre una denuncia y la retirada de un anuncio. La empresa recibió siete días para responder, según la información divulgada sobre el procedimiento.

El viceministro Dariusz Standerski había advertido cuál sería el siguiente paso si las respuestas no resultaban satisfactorias. En ese escenario, Polonia enviaría una carta a la Comisión Europea para solicitar la apertura de un procedimiento conforme a la Ley de Servicios Digitales, conocida como DSA por sus siglas en inglés. La petición anunciada entonces se concretó ahora, aunque Varsovia no tiene autoridad para imponer directamente la sanción solicitada.

La aplicación de la DSA frente a las plataformas en línea de muy gran tamaño corresponde exclusivamente a la Comisión Europea. Por esa razón, los EUR 250 millones representan una cifra propuesta por Polonia y no una multa ya decretada contra Meta. Bruselas deberá decidir por cuenta propia si abre una investigación, qué obligaciones examina y qué respuesta considera proporcional a los hechos denunciados.

La DSA permite multas de hasta el 6% del volumen de negocios anual global de una plataforma. Ese límite no significa que una sanción concreta alcance necesariamente ese porcentaje: la Comisión debe valorar la conducta, su gravedad y otros factores previstos por la normativa. Por ahora, no existe una decisión europea que establezca una multa de EUR 250 millones contra Meta en este expediente.

Estafas con la imagen de un empresario polaco

La presión política contra Meta está vinculada a la experiencia de Rafał Brzoska, fundador de la empresa de casilleros para paquetes InPost y uno de los empresarios más ricos de Polonia. Durante años circularon anuncios de inversión fraudulentos que utilizaron su imagen manipulada para promocionar oportunidades engañosas. En uno de los casos, una publicación falsa llegó a afirmar que Brzoska había muerto, una mentira que incluso alcanzó a sus propios hijos.

El empresario también quedó involucrado en una disputa pública con Meta después de criticar los anuncios fraudulentos. La compañía suspendió posteriormente su cuenta de Instagram, una decisión que Gawkowski describió como «censura en su forma más oscura». Para el ministro, el episodio reforzó la percepción de que la plataforma no solo permitió la circulación de contenidos engañosos, sino que reaccionó contra una persona que denunciaba públicamente el problema.

La solicitud de Polonia no se limita, por tanto, a una discusión abstracta sobre moderación de contenidos. Las preguntas dirigidas a Meta buscan establecer cómo se verifican los anunciantes, qué sistemas identifican imágenes y videos manipulados, y con qué rapidez se atienden las alertas de los usuarios. Cada una de esas respuestas podría ayudar a determinar si la compañía contaba con controles razonables o si sus procesos dejaron espacio para que las campañas fraudulentas alcanzaran a más víctimas.

El caso también muestra cómo los deepfakes pueden combinar una identidad reconocible con promesas de ganancias para aumentar la credibilidad de una estafa. Cuando la imagen de una figura empresarial se inserta en un anuncio de inversión, el usuario puede interpretar la promoción como un respaldo personal, aunque el supuesto testimonio nunca haya existido. La monetización de ese contenido añade otra dimensión al debate, porque la plataforma obtiene ingresos mientras sus sistemas de segmentación ayudan a encontrar potenciales objetivos.

Un fallo judicial cuestiona el papel de intermediario pasivo

En marzo, el Tribunal de Apelación de Varsovia analizó una demanda presentada por Brzoska y Omenaa Mensah, y rechazó el intento de Meta de invocar las protecciones de responsabilidad previstas para los servicios de alojamiento en la DSA. El tribunal sostuvo que la plataforma recibe una remuneración y ofrece a los anunciantes soporte y herramientas algorítmicas. Bajo ese razonamiento, Meta podría ser considerada partícipe de la difusión publicitaria y no un intermediario meramente pasivo.

La diferencia jurídica es relevante porque Meta había argumentado que simplemente aloja el material enviado por los anunciantes. La sentencia no aceptó que una empresa que vende herramientas de segmentación y recibe una parte del gasto publicitario pueda presentarse como una espectadora de lo que publica. Aunque el fallo corresponde a un litigio específico, su interpretación podría alimentar nuevas reclamaciones sobre el alcance de la responsabilidad de las plataformas.

Si ese enfoque se extiende dentro del mercado único europeo, cambiaría la forma en que se analiza la economía de la publicidad fraudulenta. Una plataforma que interviene en la selección de audiencias, proporciona herramientas para optimizar campañas y cobra por distribuirlas podría enfrentar una evaluación distinta a la de un servicio que solo almacena contenidos. La cuestión no es únicamente cuánto control tiene la empresa, sino qué papel comercial desempeña en la creación y difusión del anuncio.

El fallo no equivale por sí mismo a una condena general contra Meta ni determina automáticamente el resultado de un eventual procedimiento europeo. Sí aporta, no obstante, un argumento que Polonia puede utilizar para pedir una revisión más estricta de los controles publicitarios de la compañía. La Comisión tendrá que valorar el alcance de esa interpretación junto con la evidencia sobre anuncios concretos, respuestas a denuncias y mecanismos de prevención.

La aplicación europea enfrenta prioridades y límites políticos

La solicitud polaca enfrenta un obstáculo práctico: los Estados miembros pueden remitir quejas, presionar públicamente y aportar información, pero la Comisión Europea fija sus propias prioridades de aplicación. La información disponible señala que Bruselas ha avanzado con lentitud en casos contra Meta que ya fueron abiertos. Esa demora podría influir en las expectativas sobre una respuesta rápida a la nueva petición.

También existe una tensión política en la posición de Varsovia. La implementación nacional de la DSA fue aprobada apenas este mes, después de un veto presidencial ocurrido en enero, mientras el organismo de control creado para supervisarla ha recibido críticas por incluir a legisladores en ejercicio. Polonia reclama una aplicación rigurosa de una norma europea que acaba de incorporar a su marco legal nacional y cuya arquitectura institucional todavía genera cuestionamientos.

Meta no había respondido públicamente a la solicitud polaca en el momento de la publicación de la información. La ausencia de una respuesta no permite concluir cómo interpreta la compañía el fallo judicial ni si planea modificar sus herramientas de verificación y retiro de anuncios. Cualquier explicación de Meta será relevante para determinar si considera que las acusaciones describen fallas sistémicas, casos aislados o un desacuerdo sobre la responsabilidad legal de la plataforma.

La presión sobre la Comisión se suma a otras actuaciones relacionadas con la publicidad engañosa y la seguridad de los usuarios. Organizaciones europeas de consumidores presentaron en mayo sus propias quejas bajo la DSA por anuncios de estafas financieras contra Meta, TikTok y Google, mientras la Comisión lleva por separado investigaciones sobre el diseño adictivo de Meta y la protección de menores. El expediente polaco llega así a una agenda europea que ya acumula varias preocupaciones sobre el modelo de negocio de las grandes plataformas.

La eventual sanción dependerá de decisiones que todavía no se han tomado, por lo que no corresponde presentar los EUR 250 millones como una multa definitiva. El siguiente punto de control será saber si la Comisión abre formalmente un procedimiento y cómo delimita la responsabilidad de Meta por los anuncios que comercializa, segmenta y distribuye. Para los usuarios, el desenlace podría definir cuánto deben responder las plataformas cuando sus propias herramientas contribuyen a que una estafa alcance a una audiencia específica.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.

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