Por Canuto  

Un informe de 47 páginas de la OCC sostiene que nueve grandes bancos mantuvieron políticas que pudieron contribuir a restringir servicios financieros por motivos políticos o religiosos. La agencia revisó cerca de 100.000 quejas y cientos de miles de páginas de documentos; ahora, la CFPB también examina posibles incumplimientos.
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  • La OCC identificó prácticas y políticas de nueve bancos entre 2020 y 2025 que, según el regulador, pudieron influir en decisiones de debanking.
  • El informe incluye casos atribuidos a JPMorgan, TD y Capital One, además de la revisión de casi 100.000 quejas y unas 420.000 páginas de documentos.
  • La CFPB anunció que investigará posibles infracciones, mientras JPMorgan afirmó que sus políticas prohíben discriminar por opiniones políticas o religiosas.

La OCC sostiene que nueve bancos mantuvieron prácticas que pudieron contribuir a restringir servicios financieros por motivos políticos o religiosos; la CFPB anunció que también investigará posibles infracciones.

Un informe sobre acceso a servicios bancarios

La Oficina del Contralor de la Moneda de Estados Unidos (OCC) publicó un informe de seguimiento en el que señala que nueve bancos bajo su supervisión mantuvieron, entre 2020 y 2025, políticas o prácticas que pudieron exigir, alentar o influir de otra manera en decisiones de debanking. El término describe la negativa, interrupción o limitación de servicios bancarios a determinados clientes, y el regulador relaciona en este caso esas decisiones con inclinaciones políticas o religiosas.

La lista incluye a JPMorgan Chase, Bank of America, Citi, Wells Fargo, U.S. Bank, PNC, Capital One, TD y BMO. La OCC ya había identificado a esas entidades en un informe preliminar publicado en diciembre; el documento de seguimiento, difundido el miércoles 14 de octubre de 2026, tiene 47 páginas y presenta ejemplos de políticas y decisiones individuales que, según la agencia, restringieron el acceso a servicios financieros.

El contralor de la moneda, Jonathan Gould, calificó el material como evidencia de que algunos de los mayores bancos del país negaron servicios, cerraron relaciones bancarias o discriminaron a clientes y empresas legales. En su declaración sostuvo que las personas deben poder acceder a servicios financieros sin importar sus creencias, afiliaciones o posiciones políticas, y planteó que el acceso justo no es solo una aspiración, sino una obligación.

Para preparar el informe, la OCC revisó cerca de 100.000 quejas presentadas ante instituciones que regula y examinó aproximadamente 420.000 páginas de documentos. El material abarcó políticas, procedimientos, prácticas y decisiones sobre clientes; de acuerdo con la agencia, esa revisión permitió identificar lineamientos amplios sobre riesgo reputacional que carecían de criterios objetivos y de parámetros claros basados en riesgos.

La conclusión del regulador es que ese tipo de criterios pudo desfavorecer a ciertos estadounidenses y dificultar que algunos sectores accedieran a servicios bancarios. La OCC también dijo que los bancos aplicaron políticas públicas y no públicas que restringían servicios a determinadas industrias, aunque sus ejemplos incluyen organizaciones y clientes con posturas políticas distintas, no un único grupo ideológico.

Casos atribuidos a bancos y respuesta de JPMorgan

Entre los ejemplos, la OCC afirmó que JPMorgan negó servicios repetidamente a un minorista de inclinación conservadora entre 2021 y 2023. El informe cita documentos internos que describían la posibilidad de que competidores atendieran a clientes más extremos y que esa empresa se volviera más convencional, escenario que, según el fragmento citado por la agencia, podría hacer más apropiado que JPMorgan le ofreciera servicios.

La OCC también señaló a TD por negar un préstamo de emergencia relacionado con la pandemia de COVID-19 a una organización sin fines de lucro con una postura antiinmigración. Según el regulador, la decisión estuvo influida por la clasificación de la entidad como grupo de odio por parte del Southern Poverty Law Center; el informe presenta esa relación como una alegación de la agencia sobre los motivos que incidieron en la evaluación.

El caso atribuido a Capital One muestra que las decisiones cuestionadas no se limitaron a organizaciones conservadoras. La OCC alegó que el banco rechazó a una organización que apoyaba los derechos reproductivos, incluido el acceso al aborto, y citó la evaluación de un empleado de riesgos que señalaba que cerca del 95% de las contribuciones políticas de la entidad correspondían a demócratas.

JPMorgan respondió que sus políticas prohíben discriminar a clientes por sus opiniones políticas o religiosas y describió los ejemplos del informe como un número limitado de interacciones históricas. El banco añadió que había mejorado la forma en que opera y sostuvo que años de supervisión regulatoria que cuestionaba decisiones contribuyeron a una cultura de cautela en la industria, por lo que consideró necesario corregir ese sistema.

La entidad también dijo estar de acuerdo con la administración en que el entorno regulatorio había llevado a los bancos a actuar con cautela ante determinadas decisiones. Esa postura no elimina las conclusiones de la OCC ni resuelve por sí sola las alegaciones incluidas en el informe; muestra, sin embargo, que el debate abarca tanto las prácticas de las entidades como los incentivos y criterios de supervisión que guían sus decisiones.

Investigaciones y debate político

Gould advirtió que las medidas que los bancos más grandes dijeron haber adoptado podrían no ser suficientes para impedir que se repitan prácticas dañinas. El contralor indicó que la OCC evaluará posibles cambios en el marco regulatorio y de supervisión, aunque el informe no anuncia una modificación concreta ni detalla un calendario para esas decisiones.

La Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB) anunció que investigará si las instituciones mencionadas por la OCC, además de otras entidades, cumplieron las leyes federales de protección financiera al consumidor. La agencia dijo que revisará quejas, datos de supervisión e información sobre medidas de cumplimiento para buscar indicios de debanking indebido y determinar si corresponde tomar medidas.

Mark Paoletta, identificado en el comunicado como director interino de la CFPB, criticó a los bancos y afirmó que habrían actuado contra consumidores por creencias políticas, sociales o religiosas que no coincidían con las de la administración Biden o sus aliados. También describió esas prácticas como tácticas intimidatorias; esas declaraciones expresan la posición del funcionario y no sustituyen la investigación anunciada por la agencia.

El debanking ha sido una cuestión política para Donald Trump. Durante la primera semana de su segundo mandato acusó públicamente a Bank of America y JPMorgan de negar servicios injustamente a conservadores, y posteriormente presentó demandas contra JPMorgan y Capital One por motivos similares.

El informe sitúa el acceso bancario en el cruce entre las políticas internas de riesgo, las decisiones sobre clientes y las obligaciones de trato justo que invocan los reguladores. Por ahora, la OCC anunció que examinará ajustes a su supervisión y la CFPB abrió una revisión basada en quejas y datos disponibles; el documento no determina por sí mismo responsabilidades legales definitivas para cada banco.

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